Salario, jornada y seguridad privada: el reto de crecer con responsabilidad
Los servicios de protección y custodia representan el 2 % de todos los empleos formales registrados en el país.
La semana pasada, desde ASUME —organización que agrupa y representa a empresas formales de seguridad privada en México— continuamos un diálogo estratégico sobre los cambios laborales y salariales que marcarán los próximos años. Fue un espacio de análisis con la participación de la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y AMESP. El objetivo fue comprender, con información, los retos de la reducción gradual de la jornada laboral y de la meta de que el salario mínimo alcance 2.5 canastas básicas en 2030.
Mejorar el ingreso de los trabajadores y avanzar hacia jornadas compatibles con la vida familiar son objetivos positivos. La pregunta es cómo hacerlo de manera sostenible, sin debilitar a las empresas que generan empleo, cumplen la ley, pagan impuestos y sostienen servicios esenciales.
El contexto económico obliga a tomar el tema con responsabilidad. El Banco de México ha señalado que el mercado laboral muestra señales de enfriamiento. La creación de empleo formal mantiene un bajo dinamismo y la ocupación en el sector informal es la que crece con mayor fuerza. México necesita mejores salarios, pero también más inversión, productividad y empresas formales. En otras palabras, políticas procrecimiento.
En la seguridad privada, el reto es particularmente complejo. Se trata de una industria intensiva en mano de obra, con servicios continuos, vigilancia permanente, protección de personas, custodia de bienes, traslado de valores, monitoreo, tecnología y atención a instalaciones críticas.
Los datos confirman la importancia de esta industria. Los servicios de protección y custodia representan el 2 % de todos los empleos formales registrados en el país. De acuerdo con la ENOE, suman casi 900 mil puestos de trabajo. En los últimos años, su crecimiento ha sido superior al del empleo formal de la economía nacional en más de diez puntos porcentuales, incluso en un entorno de bajo crecimiento e incertidumbre.
La industria también ha realizado un esfuerzo importante en materia salarial. El salario promedio creció 13 % durante 2025 y acumuló un nuevo avance de 8.3 % entre diciembre de 2025 y abril de 2026. El sector ha acompañado la recuperación salarial, aunque ahora enfrenta el reto de encontrar un equilibrio sostenible. Además, ha abierto oportunidades laborales para más mujeres, cuya participación pasó de 22 % en 2020 a cerca de 28 % en 2026.
La reducción de la jornada laboral exigirá un rediseño profundo. En actividades de operación continua, la organización del trabajo depende de turnos, coberturas permanentes y de la disponibilidad durante todos los días del año. Por ello, la transición gradual hacia 40 horas en 2030 implicará reorganizar horarios, recalcular coberturas, incorporar personal cuando sea necesario, invertir en sistemas de control, ajustar contratos y adoptar las mejores tecnologías.
A ello se suma otro punto relevante. La autoridad ha señalado que el cumplimiento de las 40 horas se auditará mediante un registro electrónico y que la obligación de controlar el tiempo de trabajo corresponderá al patrón. Esto puede ordenar el mercado, elevar la trazabilidad laboral y combatir abusos. Pero también exige claridad normativa, herramientas tecnológicas y criterios uniformes para evitar cargas administrativas desproporcionadas.
El otro gran tema es el salario mínimo. Si la meta es alcanzar 2.5 canastas básicas, los incrementos podrían mantenerse alrededor del 11 o 12 % anual. Esto impacta directamente en los sectores intensivos en mano de obra. Durante mucho tiempo, el salario mínimo fue una referencia lejana para muchas empresas formales. Esa realidad ha cambiado. El salario mínimo se acerca cada vez más al salario promedio y empieza a mover no solo el piso de ingreso, sino la estructura salarial completa.
Por eso, en seguridad privada los contratos no pueden seguir negociándose únicamente con base en la inflación. Cuando el salario crece por encima de la inflación y la jornada se reduce, el costo por hora efectiva aumenta. Lo razonable es encontrar un equilibrio que reconozca la evolución salarial, las obligaciones patronales, el registro electrónico, la capacitación, la supervisión, el equipamiento, los sistemas de control y la continuidad operativa, para evitar que el mercado castigue al que cumple y premie al que simula.
Este punto es central para el país. Si queremos mejores salarios y jornadas más cortas, necesitamos fortalecer a la empresa formal. Reducir costos no salariales, revisar impuestos a la nómina, actualizar las tablas fiscales, ampliar deducciones para equipos, capacitación y tecnología, facilitar financiamiento, simplificar trámites y homologar criterios regulatorios en seguridad privada son medidas indispensables.
En seguridad privada esto se expresa en ética, capacitación continua, certificaciones, inversión en inteligencia, trazabilidad operativa, cumplimiento normativo y mejores estándares de servicio.
En esa lógica, el Diplomado en Dirección de Empresas de Seguridad Privada, que ASUME impulsa año con año con el apoyo académico de la Universidad Panamericana, es un ejemplo concreto de que el sector está haciendo su parte. Su novena generación refleja un compromiso sostenido con la formación, actualización y modernización de la industria, preparando a empresarios, directivos y líderes para enfrentar retos laborales, tecnológicos, regulatorios y operativos complejos.
La ruta hacia mejores salarios y jornadas más cortas puede convertirse en una oportunidad para modernizar al país. En seguridad privada estamos dispuestos a hacer nuestra parte mediante formación, innovación, mejores estándares y diálogo con las autoridades. Si queremos un México más seguro, justo y competitivo, necesitamos trabajadores mejor remunerados y empresas formales capaces de sostener esos avances. Esa es la ecuación que debemos cuidar.