CIDH nos obliga a la corrección institucional: diputada Sarahí Gómez

La resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, obliga al Estado mexicano a la corrección institucional.

Así lo afirmó la diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN), que en este año participó en la evaluación internacional de la plataforma de acción de Beijing, que revisó la aportación de los parlamentos del mundo en el cumplimiento de la agenda contra la violencia hacia las mujeres.

Esta sentencia debe marcar un antes y un después en la manera en que el Estado actúa frente a la violencia contra las mujeres”, planteó la legisladora..

En entrevista comentó que lo primero es reconocer a las madres buscadoras como lo que son: mujeres que están defendiendo derechos y que no tendrían que hacerlo solas ni a costa de su seguridad.

Las mujeres buscadoras deberían ser reconocidas formalmente como defensoras de derechos humanos, con protección real, acompañamiento legal y respaldo institucional constante, no solo cuando el riesgo ya es extremo, cuando son noticia o cuando avisan que han sido amenazadas”, definió la diputada Gómez Cárdenas.

Respecto a la recomendación de la Corte Interamericana sobre la responsabilidad frente a los huérfanos del delito en cuestión, la parlamentaria expuso que con  “los hijos de víctimas de feminicidio, el Estado tiene que asumir una responsabilidad clara y de largo plazo: atención psicológica especializada, acceso garantizado a salud y educación, y apoyos que no dependan del gobierno en turno”.

Dijo que reconocer a las buscadoras no es un gesto simbólico, sino evitar que el buscar justicia las ponga en riesgo y, en el caso de los niños y las niñas, es asegurar que tengan oportunidades reales para salir adelante, a pesar de la violencia que les tocó vivir.

Consideró que al  Congreso no le corresponde repartir culpas, pero sí exigir resultados y vigilar el cumplimiento de la sentencia.

Debe haber herramientas legislativas, eso implica revisar leyes, protocolos y presupuestos para corregir las fallas que la propia Corte señala”, opinó.

RLO