Pacto fiscal, a revisión

Con el pretexto de las acciones que se están tomando para enfrentar la pandemia, algunos gobernadores —entre los que se encuentran los de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoacán— han hecho declaraciones para que sea revisado el pacto fiscal, pues consideran que sus estados son los que más recursos generan y aportan a la federación y no son retribuidos de la misma manera.

El artículo 40 de nuestra Constitución señala que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

La teoría de la constitución enseña que el federalismo es una forma de organización política, en la que coexisten entidades autónomas e independientes que realizan un pacto voluntario para unirse bajo un orden común, cediendo parte de su soberanía para integrar un poder central, dando forma a una comunidad superior: el Estado federal.

El actual pacto fiscal que rige en nuestro país se regula mediante la Ley de Coordinación Fiscal —que fue promulgada desde 1978—, que determina la creación del Fondo General de Participaciones, mismo que se compone de un 20% de la recaudación federal y un 80% de lo recaudado por las entidades federativas, para posteriormente distribuirlo entre las mismas y lo puedan gastar en sus programas de gobierno.

Y es que el pacto federal no sólo incluye el ámbito fiscal, sino que también supone —entre otras cosas— una distribución de competencias entre la federación, estados, municipios y la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, así también, el apoyo y protección entre sus miembros y la colaboración y respeto mutuo de sus respectivas responsabilidades.

La inconformidad de los gobernadores —aunque puede parecer legítima— olvida que la redistribución de los ingresos debe atender al principio de solidaridad entre los miembros del pacto para que se apoye el desarrollo con equidad a los estados que menos recursos generan, que en lo general son los del sureste del país. Lo anterior se debe entender en el sentido de que la intención del pacto fiscal federal es la redistribución de recursos por parte de la federación y no precisamente de manera igualitaria para las entidades federativas, sino de forma equitativa, pues lo que se busca es el desarrollo integral de México como país, no como regiones.

Lo cierto es que Ley de Coordinación Fiscal es antigua y debe ser actualizada, pues —en la realidad— poco ha contribuido a abatir la pobreza en aquellos estados que a lo largo de la historia siempre lo han sido.

Los resultados de 40 años de haber entrado en vigor la ley son claros. Una centralización de recursos excesiva de la federación que acota y controla a las entidades federativas, puesto que todas dependen en por lo menos en un 90% de los recursos que el gobierno federal les suministra.

Y por la otra parte, ha propiciado el conformismo y dependencia de los estados y la CDMX. El actual pacto fomenta la irresponsabilidad en los esfuerzos comunes para lograr mayor recaudación, combatir la informalidad y contribuir al desarrollo. La relación entre la federación y los gobiernos locales no pasa por un buen momento. Desde la academia se percibe que no llevan una buena comunicación ni coordinación para enfrentar los grandes retos nacionales. Y eso no augura un buen arreglo al tema de renegociar las reglas para un “nuevo pacto fiscal”.

Como Corolario, las palabras del novelista francés Jean de La Fontaine: “Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil”.