Caso Ancira-Lozoya, oportunidad para la 4T

El “golpe” judicial contra El Rey del Acero, Alonso Ancira, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, abre una caja de Pandora de decisiones que desencadenan múltiples conflictos soterrados bajo el manto de la impunidad. Es una oportunidad para el gobierno de López Obrador y su promesa de atacar la corrupción, pero también un desafío si el objetivo es combatir sus tramas: ¿quitarán la cadena a los casos que estaban amarrados, como las denuncias sobre Odebrecht en México, o es algo aislado?, ¿son nuevas reglas del juego con los empresarios u operación quirúrgica contra un empresario que fuera cercano a Salinas de Gortari? ¿La orden de aprehensión contra Lozoya es el fin de la política de “borrón y cuenta nueva” respecto a la corrupción pasada?

Las preguntas están en el aire y es temprano para responderlas, pero, de saque, es un mensaje contra la corrupción que tiene en el desfiladero a Pemex por operaciones que dañaron su patrimonio, como la compra de una planta chatarra de fertilizantes y posibles sobornos a Lozoya para adquirirla. El Presidente está empeñado en rescatar a Pemex, aunque vale señalar que las acusaciones contra Lozoya exceden este caso y se hunden hasta las elecciones de 2012, con denuncias sobre recursos ilícitos de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto. ¿Hasta ahí llegarán las pesquisas como en otros países latinoamericanos? Por lo pronto, a los abogados de Lozoya les gustaría citarlo a declarar porque ayudaría a aclarar la situación, como ha deslizado, tipo amenaza, Juan Collado.

Pero la primera aduana es conocer si la Fiscalía tiene bien armada la acusación sobre presunto fraude de Agro Nitrogenados y otras investigaciones contra Lozoya por Odebrecht. No son los mismos casos, aunque se sugiera que pudiera haber alguna relación por el uso de las cuentas que se emplearon para devolver a Lozoya parte de los beneficios de la venta a Pemex. La otra carpeta de investigación tiene como epicentro una casa que Lozoya habría comprado con dinero de sobornos de Odebrecht, por un contrato millonario para la constructora brasileña de la refinería de Tula. Algo en común entre Agro Nitrogenados y Odebrecht es el patrón de sobornos de altos funcionarios y empresarios nacionales y extranjeros para otorgar contratos de obras o en perjuicio del patrimonio público. Una zona gris lejos del alcance de la justicia por la protección política, como muestra la venta con sobreprecio de la empresa de fertilizantes desde 2017 sin que nada pasara, a pesar de que, desde un año antes, había sanción penal para personas morales por esta clase de delitos; o en otro lado, que México sea uno de los pocos países en Latinoamérica sin castigo a responsables por denuncias por sobornos de Odebrecht, más allá de funcionarios menores con sanciones administrativas.

El reto del gobierno ahora es romper con un modus operandi, por eso la pregunta que corre es quién será el próximo o si habrá quien permanezca por encima de la ley. La duda recorre al mundo empresarial y genera temor por las reglas del juego con la 4T, que ya antes, en un movimiento mediático, desveló la condonación de deudas fiscales a empresarios por gobiernos anteriores, sin dar nombres. Por eso la 4T se juega mucho en este lance con respecto a su promesa de no dejar a nadie fuera del combate a la corrupción, en un país en que el uso de la justicia con fines políticos ha puesto escándalos a la vista, pero poco ha avanzado en desanudar las tramas. ¿Hacia allá apuntan las declaraciones de Santiago Nieto cuando dice que la gestión de Lozoya en Pemex estuvo dedicada a actos de corrupción?... no está claro si cerrar el círculo sobre Odebrecht será el siguiente paso y alcanzará a los que en el país se han tenido por inalcanzables.