UNAM puso su examen de ingreso bajo vigilancia de la IA, pero no sabía cómo medir si funcionaba
De acuerdo con el informe final de la comisión técnica, la Dirección General de Administración Escolar no consultó a los especialistas en cómputo de la propia universidad antes de contratar a la empresa Territorium Life
La UNAM puso bajo vigilancia de inteligencia artificial el examen de ingreso a licenciatura, pero no estableció en el contrato cómo medir si esa tecnología realmente funcionaba ni involucró a sus especialistas en tecnologías de la información para verificar las soluciones ofrecidas por la empresa que la operó.
El vacío quedó expuesto en el informe final de la Comisión Técnica de Personas Expertas que analizó la crisis del proceso de selección 2026-2027/1: el sistema contratado a Territorium Life debía realizar una supervisión “automatizada, continua y precisa”, pero el contrato no fijó los parámetros objetivos necesarios para comprobar esas condiciones.
No se establecieron umbrales de coincidencia biométrica, tasas máximas de error, métricas de desempeño, validaciones independientes ni documentación de las versiones de los modelos utilizados.
La omisión resulta relevante porque la UNAM sí tuvo un acercamiento previo con la tecnología de Territorium. Durante la planeación, personal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) acudió a presenciar la aplicación de un examen remoto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que utilizaba la plataforma de la empresa.
Sin embargo, la Comisión señala que la DGAE no reportó haber solicitado opiniones a las áreas especializadas de la Universidad para verificar las características y los servicios de la plataforma que permitieran blindar la aplicación.
De hecho, el informe establece que “en ningún momento de la planeación” las áreas especializadas en tecnologías de la información de la UNAM intervinieron en la verificación de los requerimientos tecnológicos ni de las soluciones ofrecidas por la empresa.
La operación se diseñó principalmente con base en los criterios definidos por la DGAE y en los mecanismos tecnológicos reportados por Territorium, que fueron adaptados a los requerimientos de la Universidad.
La vigilancia del examen se estructuró en cinco niveles: primero estaban las alertas automatizadas de audio y video de la plataforma; después, la revisión humana en tiempo real de Territorium, sus coordinadores, la revisión de la DGAE y, finalmente, una mesa de decisión de la Universidad para determinar posibles cancelaciones.
Pero tener varias capas de vigilancia no significaba que la Universidad pudiera medir objetivamente su eficacia.
La Comisión advierte que la ausencia de una alerta del sistema tampoco puede interpretarse como prueba de que no hubiera ocurrido una irregularidad. La supervisión remota tenía limitaciones para controlar completamente el uso de dispositivos secundarios, materiales fuera del campo de visión de la cámara, canales externos de comunicación, apoyo de terceros o la continuidad de la identidad del sustentante durante interrupciones.
Tampoco se estableció contractualmente una obligación específica para que el proveedor detectara patrones estadísticos agregados del comportamiento de los aspirantes, como distribuciones inusuales de resultados, correlaciones o desviaciones respecto de comportamientos históricos.
Es decir, el sistema estaba diseñado para generar alertas sobre conductas individuales durante la aplicación, pero no existía una obligación contractual específica de analizar si el comportamiento global de los resultados presentaba desviaciones estadísticas que pudieran indicar un problema.
Para la Comisión, estos vacíos deben corregirse en futuros procesos.
Entre sus recomendaciones plantea establecer niveles de servicio objetivos y medibles, mecanismos de notificación de incidentes de seguridad y derechos claros de acceso de la Universidad a los registros generados por los sistemas de detección.