Territorium Life, la empresa tras el fiasco en la UNAM, arrastra historia de fallas y contratos
En Colombia, su gestión fue calificada por gremios educativos como una "estafa" que provocó años de retraso tecnológico
La crisis desatada por las irregularidades en el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso bajo la lupa a Territorium Life, la empresa encargada de operar la prueba.
La firma fue fundada en marzo de 2012 en Nuevo León, por parte de Carlos Guillermo Elizondo Ancer (identificado como CEO y presidente del Consejo) y Gerardo de Jesús Sáenz González (director de Tecnología). Se dedica al desarrollo y aplicación de software educativo e inteligencia artificial para evaluaciones virtuales.
Pero mientras en México la compañía especializada en soluciones tecnológicas presume "mecanismos de seguridad de clase mundial" para conseguir contratos millonarios con instituciones públicas como la propia UNAM, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal (CJF), su experiencia internacional ha tenido fallas.
A finales de 2019, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia le adjudicó un contrato por 30 mil millones de pesos colombianos (unos 176 millones de pesos mexicanos) a un consorcio conformado por las empresas Territorium Life, E-Training y Comware.
Su misión era sustituir a la plataforma Blackboard y dar servicio a cerca de ocho millones de estudiantes. Blackboard servía para visualizar contenidos, programas, lecturas y material multimedia, así como ser un espacio para subir trabajos y presentar exámenes en línea, además de incluir funciones como foros de debate, anuncios y mensajería directa con los profesores.
Una investigación del diario colombiano El Tiempo reveló que la plataforma debía operar al 100% como fecha límite el 20 de enero de 2020. Sin embargo, los retrasos iniciales dejaron sin clases a más de 50 mil aprendices virtuales.
Para abril de 2020 el nivel de cumplimiento apenas llegaba al 74%, y a 11 meses de su arranque, Territorium Life seguía sin entregar el sistema completo.
Frente a este escenario, el SENA llamó al contratista a una audiencia para abordar el presunto incumplimiento en febrero de 2021, donde se evaluó imponer una multa equivalente a 10% del valor del contrato. Además, autoridades financieras confirmaron que a la empresa se le aplicaron descuentos y penalizaciones por aproximadamente el 5% de lo facturado debido a fallas continuas.
"Una estafa"
El deterioro del sistema fue expuesto por el Sindicato de Empleados Públicos del SENA (SINDESENA). En mayo de 2020, acusaron que la transición de entre 700 y 800 cursos institucionales era un caos técnico.
La inoperatividad de las videollamadas obligó al SENA a usar aplicaciones externas como Teams y Zoom. El rendimiento de Territorium fue tan precario que el simple ingreso simultáneo de docentes provocó la caída del sistema por saturación.
Para julio de 2021, el sindicato emitió un comunicado titulado: “TERRITORIUM, una estafa como herramienta de apoyo a la formación”, asegurando que la institución había sufrido un retroceso de 20 años en educación virtual.
El gremio documentó que 12 de las 30 funcionalidades contratadas incumplían las especificaciones, provocando borrados intempestivos de preguntas de evaluación y eliminación de carpetas con contenido docente.
Licitaciones a modo
De acuerdo con la investigación de medios colombianos, la controversia escaló cuando el contrato original se extendió mediante prórrogas. En septiembre de 2023, SINDESENA emitió una nueva alerta por presunto direccionamiento de la licitación a favor de Territorium.
Empresas competidoras, como Cognos Online, impugnaron el proceso acusando al SENA de elaborar pliegos a la medida del proveedor en turno:
"Se exige un puntaje adicional a quien acredite la Certificación CLR... dejando por fuera a los demás interesados a excepción de TERRITORIUM LIFE", expuso el sindicato, además de criticar que se aumentó la experiencia requerida a 15 años y se diseñó una ficha técnica con requisitos de interfaz exclusivos de la arquitectura de la empresa.
Todo esto ocurrió en medio de una explosión presupuestal donde el proyecto pasó de los 30 mil millones iniciales a más de 92 mil millones de pesos colombianos, un sobrecosto superior al 200 por ciento.
Pese a los señalamientos, Territorium Life retuvo el control de las actividades virtuales del SENA hasta el 31 de marzo de 2024, cuando la institución colombiana finalmente abandonó el sistema y migró a una plataforma de desarrollo propio denominada ZAJUNA.
Hoy, el patrón de fallas sistémicas parece repetirse, pero esta vez, con el futuro universitario de miles de jóvenes mexicanos en juego.
Y en México…
Además de la crisis por los puntajes atípicos en el examen de la UNAM, se han destapado más inconsistencias de la empresa.
Por ejemplo, esta semana el medio de comunicación Latinus dio a conocer que la firma gestiona Saberes MX, la plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñada para la impartición de cursos y expedición de certificados oficiales.
Con un ejercicio práctico realizado por el reportero Claudio Ochoa, se demostró la vulnerabilidad del sistema al obtener acreditaciones institucionales sin haber completado los módulos de capacitación correspondientes, por ejemplo como experto en vacunación pediátrica.
Además, información publicada por el diario de circulación El Universal este miércoles señala que Territorium Life ha acumulado cerca de 218 millones de pesos gracias a contratos con dependencias e instituciones federales, como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y universidades estatales, como la Autónoma de Nuevo León.
De acuerdo con la publicación, también se encargó de la evaluación en línea del extinto Consejo de la Judicatura Federal, al tomar el control de las evaluaciones en línea del CJF al asegurar que el software con Inteligencia Artificial que utilizaban detenía actos deshonestos.
En concreto, en el periodo 2024-2025, la Judicatura adjudicó a Territorium Life al menos tres convenios comerciales, por un monto de 50.5 millones de pesos, para auditar y monitorear evaluaciones remotas en procesos de selección de la carrera judicial.
Entre dichos acuerdos está el CON/DGRM/DCS/020/2025, suscrito el año anterior y mediante el cual, a un costo de 13.1 millones de pesos, la firma asumió la vigilancia de entre 28 mil a 70 mil pruebas virtuales aplicadas por la Escuela Federal de Formación Judicial.
Otros contratos que se han documentado en días recientes son que entre 2024 y 2025, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pagó 31.6 millones para la aplicación en línea de exámenes de nuevo ingreso a nivel Medio y Superior.
En 2021 la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) pagó 12.7 millones de pesos para aplicar evaluaciones a nivel licenciatura.
En 2024 el INE contrató el servicio de plataforma tecnológica para su Centro Virtual, por 914 mil 345.23 pesos.
En 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desembolsó un millón 898 mil pesos por el servicio de formación para la adquisición, desarrollo y actualización de los servidores públicos en aspectos gerenciales, presupuestales y del modelo integral de atención a víctimas.