En México, la letra “N” junto al nombre de una persona sujeta a investigación o proceso penal protege su identidad y responde al principio de presunción de inocencia. El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución establece que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista sentencia firme. Ese principio se desarrolla en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La “N” no significa culpabilidad, pero tampoco borra investigaciones ni procesos. Hoy varios personajes de la derecha mexicana aparecen bajo esa nomenclatura.
Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista de Baja California, fue vinculado a proceso el 23 de julio de 2026 por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Ernesto “N” enfrenta prisión preventiva por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que introducía combustible desde Estados Unidos con declaraciones aduaneras falsas. La vinculación no es condena, pero sí resolución judicial que permite continuar el proceso.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En febrero de 2026 la Suprema Corte reactivó la orden de aprehensión en su contra. Francisco Javier “N” conserva sus derechos procesales, pero las acusaciones no pueden despacharse con el simple argumento de “persecución política”. Es un prófugo de la justicia.
Silvano Aureoles Conejo —exgobernador del PRD aliado del PAN— tiene órdenes de aprehensión por presunto desvío de recursos y por hechos de homicidio, tortura y abuso de autoridad en Michoacán. Silvano “N” tiene derecho a la presunción de inocencia, el mismo estándar que debe aplicarse a todos.
En redes sociales circulan señalamientos contra políticos panistas como Jorge Triana y Federico Döring por consumo de sustancias ilícitas. Deben tratarse con mesura ya que las adicciones son condiciones penosas de salud más allá de las imputaciones delictuosas en las se les ha involucrado públicamente con el Cártel Inmobiliario y enriquecimiento explicable.
El antecedente más grave de la política de seguridad panista está en el sexenio de Felipe Calderón. La “guerra contra el narcotráfico” abrió la etapa más violenta de las últimas décadas. En 2009 el Michoacanazo detuvo a decenas de funcionarios por supuestos vínculos con La Familia Michoacana; casi todos recuperaron después su libertad. La contradicción histórica tiene nombre: Genaro García Luna. Mientras el gobierno anunciaba guerra frontal contra los cárteles, su secretario de Seguridad Pública terminó condenado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. Un narcopolítico más del PAN.
Resulta imposible analizar el crecimiento del narcotráfico sin revisar los 12 años de gobiernos panistas. Hay decenas de ejemplos en los que la comisión de delitos por miembros de la derecha mexicana los coloca en grave condición respecto del fortalecimiento del crimen organizado.
Cuando desde la oposición se denuncia “persecución política”, conviene regresar al derecho: ninguna afiliación genera culpabilidad, pero tampoco inmunidad. Investigación, debido proceso, pruebas y sentencia deben ser la regla. Frente al entreguismo y a las narrativas construidas desde el extranjero, la respuesta debe ser soberanía y Estado de derecho.
Los apellidos “N” no significan culpables. Significan que la justicia debe hacer su trabajo. Y cuando existe sentencia, como en el caso García Luna, la “N” desaparece para dejar paso a los hechos probados ante un tribunal. La lista de exgobernadores panistas y Fox tendría que revisarse para acreditar su suntuosa forma de vida actual.