Reforma judicial avanzará sin dispensas y con nuevas reglas electorales: Monreal
Ricardo Monreal afirmó que la Cámara de Diputados agotará los plazos legales para discutir la reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum.
Ricardo Monreal afirmó que no se dispensará ni se abreviará ningún proceso legislativo durante el análisis de la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que la Comisión de Puntos Constitucionales contará con el plazo legal de cinco días para deliberar y emitir el dictamen correspondiente.
Durante la conferencia “Legislativa del Pueblo”, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados explicó que la comisión tiene hasta el martes para aprobar el paquete de reformas al Poder Judicial, así como las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas y los cambios a la Constitución y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para incorporar nuevas causales de nulidad electoral por intervención extranjera.
Monreal detalló que el martes se realizará la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente una sesión del Congreso General a las 16:00 horas. Después iniciará el periodo extraordinario en el que se discutirá, en lo general, la reforma constitucional, mientras que el miércoles se abordarán las reservas y el resto de las reformas contempladas.
Indicó que la intención es concluir la discusión en la Cámara de Diputados el miércoles para remitir la minuta al Senado como cámara revisora y terminar el proceso legislativo el viernes de la próxima semana. Posteriormente, la reforma sería enviada a los congresos estatales para su aprobación y, de cumplirse los tiempos previstos, el lunes se declararía la constitucionalidad de la reforma y el martes sería promulgada y publicada.
El legislador explicó que las modificaciones al Poder Judicial contemplan reordenar el calendario electoral para aplazar a 2028 la segunda elección judicial y hacerla concurrente con las elecciones federales ordinarias y con el ejercicio de revocación de mandato.
Precisó que la propuesta establece que la elección judicial se celebrará el primer domingo de junio de 2028 y que la segunda ronda de renovación de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales se moverá de 2027 a 2028.
Añadió que también se plantea homologar los procesos de elección judicial en las entidades federativas para impedir que se realicen en fechas distintas a las de la elección federal. Asimismo, los cargos judiciales no renovados en 2025 y las vacantes pendientes deberán definirse sin excepción en la elección de 2028.
La iniciativa prevé además que la renovación de los poderes judiciales locales concluya en 2028 y concede a las legislaturas estatales un plazo de 60 días para realizar adecuaciones constitucionales y legales. También establece que las personas juzgadoras cuyo encargo concluya en 2027 permanecerán en funciones hasta la toma de protesta de quienes resulten electos, programada para el 1 de septiembre de 2028 en el Senado de la República.
Monreal señaló que la reforma incluye medidas para reducir candidaturas, simplificar y blindar el voto, garantizar la paridad de género y reorganizar territorialmente los circuitos judiciales mediante unidades geográficas más pequeñas, con el propósito de acercar la elección judicial a la ciudadanía.
El coordinador parlamentario de Morena informó además que se propone crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General para un periodo de tres años.
Explicó que esta comisión tendría acceso a información del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de detectar posibles riesgos de vínculos entre aspirantes y grupos delictivos.
Monreal sostuvo que esta medida busca impedir que personas con antecedentes o con sospechas de relación con el crimen organizado accedan a candidaturas de elección popular, incluida la Presidencia de la República.
En paralelo, el diputado defendió las reformas al artículo 41 constitucional y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para incorporar una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
Detalló que la propuesta plantea anular una elección cuando exista participación de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros que busquen influir en las preferencias electorales o en los resultados de una contienda.
Actualmente, recordó, las causales de nulidad consideran el rebase de topes de financiamiento, la violencia en casillas y el uso de recursos ilícitos. Con la reforma se ampliaría el catálogo de supuestos jurídicos para invalidar elecciones.
El legislador rechazó que estas modificaciones representen un mecanismo de persecución política y afirmó que su objetivo es fortalecer la soberanía nacional y evitar cualquier injerencia extranjera en los procesos electorales mexicanos.