Quitan a partidos y al INE bonos y seguros; Claudia Sheinbaum: no más privilegios

Los consejeros, magistrados y todo empleado de las instituciones electorales federales y locales tendrán prohibido contratar seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas.

El plan B de reforma electoral, enviado ayer al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, también elimina los seguros de separación laboral, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que se financien con recursos públicos.

Ningún funcionario electoral podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo federal.

De acuerdo con Sheinbaum, las acciones de austeridad también incluyen a las cúpulas de los partidos.

“Ya no se pudo bajar el presupuesto de los partidos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos, que ningún presidente de partido, secretario general, servidor público de partido pueda ganar más que la Presidenta o se otorguen bonos y seguros de gastos médicos”, expuso.

La iniciativa contempla que la UIF revise gastos de partidos con mayor rapidez, que haya 15 regidores como máximo por cabido y que el tope al gasto de los Congresos locales represente 0.7% del presupuesto estatal.

Nuevas reglas electorales

·         La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto.

·         Los Congresos locales no podrán tener más de 0.7% del presupuesto de los estados.

·         La Unidad de Inteligencia Financiera podrá revisar el gasto de partidos más rápido.

UIF agilizará fiscalización de partidos

Sheinbaum afirma que el llamado plan B busca una mayor austeridad.

El conjunto de reformas constitucionales y legales en materia electoral que conforman el llamado plan B buscará una mayor austeridad en la administración pública y fiscalización de los recursos utilizados en las campañas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa matutina se presentaron los puntos del plan B, los cuales confirman lo publicado por Excélsior respecto a la disminución de los regidores en los ayuntamientos a un máximo de 15; el tope al gasto de los congresos estatales a un máximo del 0.7% del presupuesto estatal, y el límite a los salarios de los funcionarios en materia electoral y de tribunales electorales, los cuales deberán estar por debajo de la remuneración del titular del Ejecutivo.

Asimismo, la iniciativa contempla que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise los gastos de los partidos con mayor rapidez; que el conteo de votos inicie desde la recepción del primer paquete el día de la jornada electoral; que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año del ejercicio; y que la elección judicial se lleve a cabo en 2027.

“Ya no se pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos; que ningún presidente, secretario general o servidor público de partido pueda ganar más que la presidenta ni se le otorguen bonos o seguros de gastos médicos, etcétera”, expuso la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum detalló que habrá una fiscalización más estricta a solicitud del INE, con la intervención de la UIF para rastrear el origen de los recursos. “Para poder revisar que no haya ningún origen ilícito, ya sea por desvío de recursos públicos de alguna entidad o algún recurso ilícito”, puntualizó.

INTEGRAL

Finalmente, la presidenta señaló que en el futuro podría retomar la posibilidad de impulsar una reforma electoral integral que incluya la reducción de financiamiento a los partidos políticos y la eliminación de las listas de legisladores plurinominales, entre otros temas.

“Como Presidenta voy a seguir insistiendo en que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos. En el tema de los plurinominales hay que seguir insistiendo; ya no se pudo esa reforma constitucional, pero no por eso uno debe dejar de decirlo”, reiteró.

Los detalles técnicos de los artículos constitucionales y legales que se modificarían fueron presentados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mientras que los pormenores de la elección judicial fueron explicados por el exministro y actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.