El último reporte del Inegi sobre el crecimiento económico en nuestro país estima alrededor de 0.8% del PIB en el primer trimestre de 2026. Este dato constituye uno de los principales síntomas del estancamiento estructural —secular, le ha llamado Rolando Cordera— de la economía mexicana.
En esa lógica, el trabajo formal, medido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, reproduce una dinámica similar. Los empleos continúan creándose, pero lo hacen con una lentitud preocupante. Lo anterior se vincula, sin duda alguna, a la dinámica de la inversión pública productiva, la cual ha sido reducida a su mínima expresión histórica por decisiones de gasto que privilegian un estilo que ha mostrado sus límites y señales de agotamiento en lo que respecta a su funcionalidad para la economía nacional.
Como consecuencia, la riqueza, en lugar de expandirse, se redistribuye en un circuito cerrado. En efecto, la inversión privada nacional no fluye para compensar la insuficiencia de los recursos públicos. Permanece expectante, detenida en una economía donde la promesa de crecimiento es incierta.
Las restricciones fiscales se endurecen en este contexto. El Estado no carece de recursos en sentido absoluto, pero sí de margen. La rigidez del gasto social, sumada a una base tributaria insuficiente, reduce la capacidad de intervención estratégica. El resultado es que no hay espacio para una política contracíclica que detone la inversión. La economía queda, así, suspendida entre la necesidad de sostener el consumo y la imposibilidad de expandir la producción.
A esta tensión interna se añaden las perturbaciones políticas. Por ejemplo, la más reciente, la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, junto con la del alcalde de Culiacán y otros funcionarios, introduce un elemento de desestabilización que excede lo local. La economía no es indiferente a estas crisis: la confianza, que sostiene toda expectativa de inversión, se lastima cuando el orden político se encuentra atravesado por la sospecha de la corrupción o de una probable actuación mafiosa de las autoridades.
En este punto, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta retos múltiples, pues debe, simultáneamente, reactivar el crecimiento, profundizar la redistribución y garantizar la estabilidad institucional y la plena vigencia del Estado de derecho. Pero estas tareas no pueden resolverse en planos separados. La redistribución sin expansión productiva agota sus propios fundamentos; el crecimiento sin redistribución reproduce la desigualdad que lo vuelve inviable; la estabilidad sin legitimidad y sin el imperio de la ley se compromete en el tiempo.
Debe subrayarse que lo que está en juego no es simplemente la recuperación de una tasa de crecimiento, sino la reconfiguración del régimen de la riqueza. Es necesario restituir a la inversión pública su función como el principal eje de la articulación económica nacional, es imprescindible que la inversión privada encuentre condiciones de certidumbre y es inevitable revisar el pacto fiscal para ampliar la capacidad del Estado sin comprometer su estabilidad, lo cual se asocia con la necesidad de restablecer el mandato constitucional de un Estado rector de la economía, lo que significa la regulación de los mercados para impedir las groseras asimetrías que hoy nos caracterizan.
Pero hay un límite que no puede ser ignorado. Toda economía que no resuelve la tensión entre producción y gasto termina por enfrentarse a su propia negatividad. El excedente que no se reinvierte productivamente encuentra otras vías de disipación: la violencia, la corrupción, la destrucción de valor. En ese sentido, la coyuntura actual no es sólo un problema económico, sino una forma, una interrupción en la posibilidad misma de organizar la vida colectiva en torno a un horizonte de sentido.
La caída del PIB, la desaceleración del empleo, la debilidad de la inversión y la fractura política constituyen, en conjunto, la manifestación de una economía que no sabe qué hacer con su riqueza. Y en esa ignorancia, el riesgo mayor es la disolución de las condiciones que hacen posible el desarrollo como proyecto compartido.