“Ánimo”, solía repetir el expresidente López Obrador al iniciar sus conferencias matutinas. “Lo mejor de todo esto es lo peor que se va a poner”, afirmaba sin entender que vaticinaba el futuro de su propio movimiento. El eje de su gobierno, en aquellos tiempos, eran los abrazos en lugar de los balazos: el México que hoy vivimos, sin darnos cuenta, se definía en esos momentos.
“Los negocios más jugosos, los grandes actos de corrupción, siempre llevan el visto bueno del presidente de la república”, había advertido con cinismo desde el inicio de su mandato, mientras sus hijos y su camarilla tendían las redes del dinero. El nuevo grupo de poder estructuró un esquema para aprovecharse de las ganancias de los contratos que ellos mismos otorgaban, y el modelo de negocio prosperó aún más cuando las posiciones de mando en el gobierno fueron negociadas con el crimen organizado a cambio de la coerción directa a sus adversarios políticos. Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, por citar sólo algunos, son los ejemplos más visibles de un país que ha cedido su poder constitucional a los grupos delincuenciales. Grupos que, en el caso de nuestro país, han asumido el control efectivo sobre las áreas más delicadas del Estado.
La guerra es la continuación de la política, por otros medios. La premisa de Clausewitz suena más vigente que nunca y, en este sentido, las medidas arancelarias y las solicitudes de extradición son también consecuencia directa de una decisión de Estado. No carecen de razón quienes aducen razones políticas detrás de la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya y acusan una intención oculta tras el anuncio público de lo que habitualmente se comunica, de manera estricta, por los canales oficiales. La jugada se planeó con precisión milimétrica, y el plazo de 60 días para entregar al exgobernador a las autoridades norteamericanas vencerá el 27 de junio, tan sólo unas horas antes de la fecha de renegociación del tratado de libre comercio; la presión se incrementará conforme se acerque el término, y no sería de extrañar que en el camino se anunciaran procesos similares en contra de otras figuras relevantes del partido en el gobierno para incrementarla. Los gringos, parece ser, tienen la sartén por el mango.
A Donald Trump no le interesa tener a Rocha Moya en la cárcel, sino utilizarlo para construir una Delcy Rodríguez mesoamericana.
“Si no ganamos las intermedias me van a enjuiciar”, advirtió hace meses un mandatario que sabe que su propia libertad física, y la de su círculo más íntimo, podría estar en riesgo. La lucha que se avecina es existencial para Trump: al electorado, sin embargo, no le interesa financiar con sus impuestos guerras que no le corresponden sino tener comida en la mesa y dinero en el bolsillo. Las políticas de la administración trumpista, más allá de la grandilocuencia y patrioterismo, no han sido capaces de resolver en absoluto los problemas más urgentes de la sociedad norteamericana. “It’s the economy, stupid”, rezaba el mítico lema de Bill Clinton.
“Ánimo”, repetía el expresidente cuando disfrutaba de las mieles del poder. Cuando lo mismo cancelaba un aeropuerto que coqueteaba con Rusia; cuando intercambiaba petróleo por médicos cubanos, cuando iba y venía de Badiraguato cuantas veces quería. El mundo cambió por completo en un par de años y hoy vivimos las consecuencias de un gobierno que eligió aliarse con el lado equivocado de la historia. Lo mejor de todo esto —citando a un clásico— es lo peor que se va a poner…