La semana pasada probablemente haya sido la más difícil que le ha tocado sortear a la Presidenta de México. Después de 30 años, el Poder Ejecutivo no tiene un solo contrapeso: sin organismos autónomos, con una Suprema Corte formada por miembros de su partido y con mayoría calificada en el Congreso gracias a sus partidos satélite, este sexenio pintaba para ser la cúspide del lopezobradorismo. Los integrantes de Morena así lo veían, y lo han aprovechado: la corrupción está desatada, igual que el nepotismo, adjudicaciones amañadas, huachicol fiscal, total impunidad a todos aquellos que son leales al partido; un escenario similar al de los buenos tiempos del PRI, aunque con una pequeña diferencia: en la dictadura perfecta, la relación entre el crimen organizado y el poder, en su mayoría, se limitaba a sobornos por un lado y hacerse de la vista gorda por el otro.
Eso ha cambiado: los cárteles del narcotráfico han infiltrado áreas políticas, militares, de seguridad y gubernamentales. En muchas partes del país, ellos deciden todo, fondean candidatos y son los dueños de facto de todos aquellos que se dejaron corromper, creando un imperio de temor, dolor y violencia en todo el país.
Hace dos semanas, el gobierno de Chihuahua (de oposición) desarticuló uno de los más grandes laboratorios clandestinos de drogas de la historia (de esos que AMLO decía que no existían). Por la noche, un desafortunado accidente carretero cobró las vidas de cuatro personas que se arriesgaron en ese operativo, dos mexicanos de fuerzas estatales y dos estadunidenses que, según reportes periodísticos, eran miembros de la CIA operando en México sin conocimiento, supuestamente, del gobierno federal. Constitucionalmente, no está permitido que fuerzas extranjeras hagan o participen directamente en operativos de seguridad, solamente se acepta apoyo tecnológico y de inteligencia. Inmediatamente, el gobierno federal comenzó el ataque contra la gobernadora chihuahuense acusándola, incluso, de traición a la patria.
Pero el destino es caprichoso y muchas veces irónico. Volvió a surgir el único y fortuito contrapeso que no estaba en las miras de Sheinbaum ni de AMLO ni de Morena: el gobierno de Trump. Ya el Departamento de Estado, las agencias de inteligencia y el mismo presidente estadunidense habían advertido que México y su gobierno estaban controlados por los cárteles de las drogas, mismos que designaron como grupos terroristas, lo que permite atacar a sus miembros, sus finanzas y a quienes habilitan sus operaciones en cualquier momento y lugar, sin restricción de fronteras.
La frialdad y falta de empatía características de esta administración fueron la gota que derramó el vaso: los agentes estadunidenses que murieron se convirtieron en una sola línea de discurso en la conferencia matutina. Nuestros vecinos ven que sus ciudadanos comienzan a morir en la lucha contra el narcotráfico en una nación ajena que, en lugar de reconocer su ayuda, utiliza sus muertes como arma en contra de adversarios políticos y en su retórica patriotera; es como si los europeos se indignaran de que tropas norteamericanas combatieran a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos ha levantado cargos y peticiones de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y varios miembros de su gabinete, que incluyen a un muy desaparecido senador Inzunza. Se les acusa de secuestros, tráfico de drogas y otros delitos que siempre han sido un secreto a voces y que los sinaloenses llevan sufriendo varios años.
La Presidenta tiene que tomar una decisión que marcará el resto de su sexenio: escoger entre entregar a los indiciados, evitando posibles ataques armados, aranceles y presiones monumentales que afectarán a todos los mexicanos, o defender a los delincuentes y políticos que protegen o son parte de los cárteles. La defensa de los requeridos ha sido planteada: si caigo yo, caemos todos. No servirá adular a Trump, llegó el momento de tomar una decisión de jefe de Estado y, hasta ahora, parece que tomará la segunda opción. Si lo hace, convertirá a su gobierno en cómplices de terroristas y delincuentes. Hace 211 años, Vicente Guerrero dijo “La Patria es primero”. No el partido. Que no se olvide.