La empresa, pilar del ingreso familiar

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son una buena noticia, el ingreso promedio de los hogares creció 10.6% en términos reales respecto de 2022. En los cinco primeros deciles, el avance fue aún mayor, con aumentos del 13.8% en promedio. Un resultado que merece una lectura cuidadosa.

En medio de un entorno global desafiante y un panorama nacional complejo, estos datos reflejan un progreso importante hacia un mayor bienestar. Pero también nos obligan a preguntar: ¿De dónde proviene ese crecimiento? ¿Es sostenible? ¿Qué debemos hacer para consolidarlo?

Entre junio de 2022 y junio de 2024 la economía creció a un ritmo promedio anual de 2.8%, es decir, un periodo de dos años que evitó una contracción en todo el sexenio anterior. Sin embargo, lo más significativo es el impacto de este crecimiento en el mercado laboral.

Una revisión detallada de las fuentes de ingreso de las familias revela que el 65% del aumento se explica por la mejora en las remuneraciones de los trabajadores. Otro 7% proviene de pensiones y jubilaciones, reflejo de trayectorias laborales previas. El ingreso crece porque más personas acceden a empleos formales mejor remunerados.

Los programas sociales del gobierno también aportaron, explicando un 7% del crecimiento total, con especial relevancia para los deciles más bajos. Un complemento necesario además de otros ingresos como apoyo de instituciones, remesas, rentas derivadas de la propiedad y alquiler de viviendas.

Estos datos revelan que detrás del avance en el ingreso está el dinamismo del sector productivo formal. Tan solo entre junio de 2022 y junio de 2024, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el país sumó 2.2 millones de trabajadores asalariados en toda la economía, lo que significó una disminución de 2 puntos en la tasa de informalidad. Es decir, más empleo formal significa más ingresos sostenibles.

El salario promedio de los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creció 22%, frente a una inflación acumulada de 10%. Como resultado, la participación de las remuneraciones de los asalariados en el Producto Interno Bruto (PIB) subió del 27% al 30% en solo dos años.

Este fenómeno ocurrió porque cientos de miles de empresas en todo el país, muchas de ellas pequeñas y medianas, hicieron un esfuerzo extraordinario por generar empleo formal y mejorar los ingresos. Sucedió a pesar de enfrentar mayores costos derivados de reformas regulatorias, aumentos al salario mínimo, aportaciones al sistema de pensiones, más días de vacaciones y nuevos requerimientos fiscales. Las empresas siguieron apostando por la formalidad. Su compromiso ha sido clave para reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades.

Este impulso no es automático. Sostenerlo requerirá decisiones responsables. El déficit fiscal del 5% que ha financiado parte del gasto público y las transferencias sociales, no es viable en el mediano plazo. En 2024, la deuda pública aumentó 12.8% en términos reales. Al mismo tiempo, la inversión pública comienza a resentir los efectos del ajuste fiscal y la actividad económica se desacelera. En el primer semestre de 2025, apenas creció 0.7%, y solo se generaron 3 mil nuevos empleos formales.

Adicionalmente, en los últimos 12 meses, el número de patrones registrados ante el IMSS cayó en más de 30 mil, afectando sobre todo a micro y pequeñas empresas. Esta pérdida de capacidad empresarial es una señal de alerta que no debe ignorarse.

El país no puede depender exclusivamente del gasto social para mejorar el ingreso de los hogares. Los programas de apoyo son necesarios, sobre todo en los primeros deciles, pero su efecto estructural es limitado si no se acompaña de una economía dinámica, con inversión, empleo formal y crecimiento. El camino sostenible hacia el bienestar es uno donde las empresas puedan desarrollarse, invertir y competir.

¿Qué necesitamos para lograrlo? Primero, construir un entorno más propicio para hacer empresa. Esto significa eliminar barreras regulatorias, reducir la tramitología y brindar certidumbre jurídica. Segundo, impulsar una política fiscal que premie la inversión productiva y que reconozca el papel central de las micro, pequeñas y medianas empresas. Tercero, fortalecer el Estado de Derecho, recuperar la seguridad y garantizar que las reglas del juego no cambien de manera arbitraria. Y cuarto, relanzar una estrategia nacional de desarrollo basada en inversión, productividad e integración regional.

En el sector privado hemos insistido en la necesidad de una economía que gire en torno a la inversión productiva, con un enfoque en la formalidad, la innovación y el empleo digno. Desde 2015, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) planteó la necesidad de mejorar el salario mínimo como parte de una estrategia para fortalecer la economía de los hogares. El crecimiento no puede explicarse sin la aportación decidida del sector empresarial. Tampoco podrá sostenerse sin su participación.

México tiene la oportunidad de consolidar un nuevo ciclo de crecimiento que alcance cada vez a más personas. Para lograrlo, es imperativo que las políticas públicas reconozcan y fortalezcan el papel de la empresa como motor de bienestar y desarrollo, el ingreso de las familias se construye todos los días en la fábrica, en el taller, en la tienda, en la oficina.