Instalan Órgano de Administración Judicial para transformar el Poder Judicial

El Poder Judicial de la Federación dio un paso decisivo en su reconfiguración con la puesta en marcha del Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia que asume la tarea de manejar los recursos y funciones administrativas de los tribunales, con el objetivo de separar lo jurisdiccional de lo operativo y garantizar un sistema de justicia más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

La responsabilidad de encabezar este nuevo órgano recayó en Néstor Vargas Solano, designado presidente tras un proceso de insaculación previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo acompañan Surit Berenice Romero Domínguez, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez, quienes serán los encargados de conducir esta nueva etapa por un periodo inicial de dos años.

En su primera intervención, Vargas Solano subrayó que la creación del OAJ marca el inicio de “una nueva era institucional”, con un compromiso central: poner fin a la opacidad y a los privilegios dentro del Poder Judicial. “La justicia debe ser accesible, eficiente y profundamente humana”, sentenció.

Las voces que integran el órgano coincidieron en que el país enfrenta una oportunidad histórica para consolidar un Poder Judicial con mayor cercanía a la sociedad. Romero Domínguez sostuvo que la gente exige un espacio donde sus derechos estén protegidos sin importar condición social o económica; mientras que Pérez Romo apuntó que esta transformación demanda decisiones valientes y visión de futuro.

Catalina Ramírez Hernández resaltó la necesidad de trabajar con respeto a la diversidad cultural, a los pueblos indígenas y afromexicanos, bajo principios de igualdad y dignidad, en tanto que José Alberto Gallegos Ramírez enfatizó que el reto es ofrecer resultados tangibles a la ciudadanía y un manejo austero y transparente de los recursos públicos.

Con esta instalación, el Poder Judicial abre un nuevo capítulo, en el que la administración será evaluada bajo el escrutinio social, con la promesa de una gestión austera y profesional que responda a las exigencias de justicia de un país que no tolera más indiferencia ni privilegios.

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