Firmas españolas defraudaron a CFE; signaron contratos pantalla

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno de la República presentará denuncias penales en contra de empresas españolas y exfuncionarios públicos que suscribieron contratos pantalla para defraudar al sector eléctrico nacional haciendo creer que se daba subsidio a consumidores, pero la realidad consistió en dárselo a las compañías extranjeras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que los contratos amparaban tarifas más elevadas de las previstas, aun cuando no se surtiera al 100% la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Fueron contratos pantalla porque se hicieron licitaciones, se estableció un precio por el pago de la energía que la Comisión Federal de Electricidad le compra a las empresas particulares, pero era nada más la formalidad, la pantalla, la faramalla, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa en la que se le tenía que pagar más a las empresas particulares, la mayoría empresas extranjeras y destacadamente empresas españolas”, detalló el mandatario.

López Obrador informó que lo que calificó como fraude prevaleció antes y después de la llamada Reforma Energética y es necesario castigar dichas conductas.

“Subsidio no sólo por pagarles altas tarifas, subsidios también por no cobrarles el costo de la distribución de la energía eléctrica, el uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica, y también subsidio porque se permitía que, aunque no entregaran el 100% de la energía, aunque entregaran 40%, se les pagaba el 100%”, reprochó López Obrador.

“A  todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables, que debe considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y a los dueños, accionistas de estas empresas”, explicó el Presidente en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, consejos de administración, si ellos  dieron estas autorizaciones, y los que resulten responsables”, detalló al aclarar que si integrantes de órganos autónomos validaron esta clase de contratos, también serán perseguidos.

Finalmente, sostuvo que no se trata sólo de un asunto jurídico o de tribunales, sino con la moral pública, de actos de corrupción que el actual gobierno federal no está dispuesto a mantener.

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