Estado no puede ignorar ataques a periodistas: Diálogo por la Paz

El estado mexicano "no puede ignorar" que los crímenes en contra de periodistas dañan a la democracia y que dejarlos en la impunidad "multiplican la violencia".

Desde el Diálogo Nacional por la Paz este domingo se exigió a todos los órdenes de gobierno en el país cumplir eficazmente con una de sus responsabilidades fundamentales: prevenir la violencia, amenazas u hostigamiento en agravio de quienes ejercen el periodismo y con ello fortalecer a la democracia.

Al condenar que en lo que va del 2026 han sido asesinados siete comunicadores, el Diálogo Nacional por la Paz - conformado por la iglesia católica, expertos en seguridad, académicos, víctimas de violencia y sociedad civil - recordó a las autoridades lo peligroso que resulta para la sociedad acabar con la vida de quienes denuncian injusticias o abusos.

Cada nombre que se añade a esta lista es una advertencia que el país no puede seguir ignorando. La libertad de expresión no es un privilegio: es un derecho fundamental y la columna vertebral de toda democracia. Sin periodistas que investiguen, sin voces que disienten y sin espacios donde la crítica pueda ejercerse sin miedo, no hay posibilidad real de rendición de cuentas ni de convivencia democrática. Silenciar a quien informa o incomoda con la verdad es debilitar a la sociedad entera", expuso el reclamo de una de las agrupaciones religiosas dedicada en los últimos años a identificar las causas de la violencia en México y a diseñar estrategias para disminuirla.

De manera especial, los integrantes del Diálogo Nacional por la Paz condenaron enérgicamente los asesinatos de los periodistas Roxana Guzmán, secuestrada en Nanchital, Veracruz, y hallada sin vida el pasado 3 de julio y de Alejandro Leyva Aguilar, atacado a tiros el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.

Al tiempo, exigieron en un posicionamiento público el castigo de los autores materiales e intelectuales de ambos asesinatos.

"Exigimos a las autoridades competentes, en particular a las fiscalías de Veracruz y Oaxaca en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que las investigaciones se conduzcan con rigor, transparencia y perspectiva de derechos humanos, hasta el esclarecimiento pleno de los hechos y la sanción de todos los responsables. La impunidad es, en sí misma, un mensaje que multiplica la violencia. Expresamos nuestra solidaridad y cercanía con las familias, colegas y comunidades de Roxana Guzmán y Alejandro Leyva, y con el conjunto del gremio periodístico que hoy vuelve a sentir el peso del miedo y la pérdida".

Luego de exigir investigaciones profesionales y con resultados,  el Diálogo Nacional por la Paz recalcó que "el disenso y la crítica no son una amenaza al orden público sino una condición necesaria para su fortalecimiento".

Subrayaron que "una democracia sana se reconoce, precisamente, por su capacidad de tolerar, proteger y escuchar las voces que la cuestionan" y que por el contrario "atacar  a quienes ejercen esa función es atacar a la democracia misma".

De ahí que sea una obligación ineludible del Estado mexicano, en todos sus niveles y órdenes de gobierno "garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de todas las personas, y de manera particular de quienes, por su labor periodística, enfrentan un riesgo mayor".

Los periodistas asesinados en lo que va de este año son: Carlos Leonardo Ramírez Castro (Veracruz), Luis Ángel López Valdez (Veracruz), Juan David Gámez (Nuevo León), Manuel Alejandro Mora Serna “Alex Serna” (Guerrero) y Josué Martínez Contreras (Puebla), además de los crímenes cometidos en agravio de Roxana y Alejadro.

Todos estos homicidios mantienen a nuestro país como uno de los más peligrosos en todo el planeta para ejercer el periodismo.