¿Cómo cayó entre los cercanos a la presidenta Sheinbaum que, por años, exclamaron “fue el Estado” –y el Ejército–, el responsable de la desaparición y muerte de los 43 normalistas? ¿Cómo recibieron, ellos, la reciente recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa? A media semana tuve oportunidad de preguntárselo a altos mandos de la Defensa Nacional. No obtuve más que un institucional: sentimos que no les cayó muy bien. Pero la satisfacción en los rostros de los militares es inocultable. Bajo tres secretarios de la Defensa y tres presidentes, el Ejército jamás ha puesto en duda su no participación en la tragedia. Hoy sigue sosteniendo que entregó toda la información que se le solicitó; y que si alguna no fue proporcionada, fue sencillamente porque no existía. Saben, sin embargo, que prevalece un grupo de influencia interna que insistirá –en voz más baja, por ahora–: fue el Estado. Fue el Ejército. Nunca les ha importado que les falten hechos para demostrarlo.
P.D.
También en la semana se conoció la relajación de una medida cautelar impuesta al exprocurador Jesús Murillo Karam: pasó de prisión domiciliaria al uso de un brazalete. Por Ayotzinapa, enfrenta los cargos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Luego de una crisis en abril, sus médicos informaron a su familia que tenía un daño cerebral irreversible. Quizá por ello no esté plenamente consciente de que, 143 meses después, su versión permanece intacta en lo esencial: los jóvenes fueron sometidos y secuestrados por criminales y autoridades locales, quienes los mataron e intentaron desaparecer sus restos. Lo que acaba de concluir la CNDH –con apego a los hechos– validaría en lo esencial la tesis de Murillo Karam que, a estas alturas, podría terminar siendo vista como una verdad histórica.