Ruffo, de nexos con el narco al huachicol fiscal; pide familia “proceso justo”
El exgobernador de BC —quien fuera icono de la alternancia política y que ahora enfrenta a la justicia por delincuencia organizada— fue señalado en los 90 de facilitar las operaciones del Cártel de Tijuana
La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos, marca un nuevo episodio en su polémica trayectoria política. Ruffo, quien en 1989 se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México, ha arrastrado desde los noventa señalamientos por su presunta cercanía con el Cártel de Tijuana.
Durante su gestión, diversas investigaciones señalaron una posible infiltración de los líderes de ese grupo del narcotráfico en corporaciones de seguridad estatales y supuestos acuerdos para reducir la violencia a cambio de impunidad.
Entre 1991 y 1993 indagatorias hechas por la extinta Procuraduría General de la República acusaron la entrega o venta de identificaciones de la Policía Judicial del estado a integrantes de organizaciones criminales.
En 1994, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, envió una carta al periodista Jesús Blancornelas, cuestionando la actuación del gobierno de Baja California frente al Cártel de Tijuana. El documento planteaba posibles actos de protección institucional. No obstante, los señalamientos no llegaron a un proceso judicial.
Al banquillo
Después, los antecedentes fueron retomados junto con acusaciones sobre un posible financiamiento del narcotráfico a la campaña electoral de Ruffo, tema que volvió a surgir en 2017 con la versión de que su candidatura de 1989 habría recibido 500 mil dólares procedentes de integrantes del Cártel de Tijuana.
Ahora, un frente judicial lo alcanzó a través de Ingemar S.A. de C.V., empresa mediante la cual Ruffo habría consolidado la mayor red de huachicol fiscal, de acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Tras su captura el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Ruffo Appel y siete imputados más enfrentan la causa penal 253/2026. La audiencia inicial, presidida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, empezó el viernes, pero se ha extendido por más de 24 horas debido a varios recesos y, hasta el cierre de esta edición, seguía en curso en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Su hija, Verónica Ruffo, exigió a las autoridades un proceso transparente. “No pedimos privilegios, sino justicia”, dijo mediante un video.
Con información de Daniel Sánchez D.
Ernesto Ruffo Appel: Del Cártel de Tijuana al huachicol fiscal
Desde la década de los noventa, su nombre ha sido relacionado con distintos señalamientos públicos surgidos durante el periodo en que el Cártel de Tijuana consolidó su presencia en la entidad.
Los antecedentes contra el exmandatario en su momento, correspondían en acusaciones, testimonios y trabajos de investigación que no derivaron en una sentencia ni en un proceso penal; sin embargo, generó inquietud en las esferas de la política nacional.
Décadas después, se abrió un nuevo frente judicial en su contra, luego de que Ingemar S.A. de C.V., empresa constituida en 2018 y vinculada al exgobernador, quedó bajo investigación por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Ruffo Appel llegó al gobierno de Baja California en 1989, tras vencer al PRI como candidato del PAN. Su triunfo lo convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido en la historia moderna de México.
Su administración, que concluyó en 1995, coincidió con el fortalecimiento del cártel, organización que convirtió a Tijuana en uno de sus principales centros de operación.
Entre 1991 y 1993 surgieron denuncias sobre la presunta infiltración del cártel en corporaciones de seguridad estatales, las investigaciones en su momento por elementos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalaban la entrega o venta de identificaciones de la Policía Judicial del Estado a integrantes de organizaciones criminales.
Una de las líneas de investigación que se realizaban en su momento, era la de un supuesto acuerdo con los líderes de la organización para que se mantuvieran bajos los niveles de violencia a cambio de una reducción de los operativos en su contra.
En 1994, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, envió una carta dirigida al periodista Jesús Blancornelas, cuestionando la actuación del gobierno de Baja California frente al Cártel de Tijuana.
El documento habría planteado la existencia de omisiones, deficiencias y posibles actos de protección institucional; no obstante, su contenido formó parte de señalamientos políticos y periodísticos, no de una determinación judicial.
Años después, los antecedentes fueron retomados junto con acusaciones sobre un posible financiamiento del narco a la campaña electoral de Ruffo Appel, tema que volvió a surgir en 2017 con la versión de que su candidatura de 1989 habría recibido 500 mil dólares procedentes de integrantes del Tijuana.
El señalamiento no derivó en una orden de aprehensión, una vinculación a proceso o una sentencia contra el exmandatario, simplemente se tomó como un rumor del proceso electoral.
Décadas más tarde, Ruffo Appel ingresó al sector energético y aduanal mediante su participación en Ingemar S.A. de C.V., empresa constituida en 2018. La sociedad amplió posteriormente sus actividades para intervenir en la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos.
El exgobernador se incorporó en 2021 como accionista y secretario del consejo de administración. El nombre de Ingemar apareció en investigaciones federales después del aseguramiento de 129 carrotanques, realizado el 7 de julio de 2025 en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
Las unidades transportaban 15 millones 480 mil litros de gasolina, diésel y otros derivados considerados de procedencia ilícita.
A partir del decomiso, la FGR rastreó pedimentos aduanales, rutas ferroviarias, importadores, destinatarios y operaciones financieras.
La institución sostiene que la red declaraba aditivos, aceites o residuos para reducir el pago de impuestos, aunque los carrotanques transportaban gasolina o diésel. En otros casos, presuntamente se reportaban cantidades inferiores a las trasladadas.
Ruffo Appel rechazó que Ingemar fuera propietaria de los hidrocarburos o que participara directamente en su transporte. Explicó que la empresa únicamente elaboraba y gestionaba documentos aduanales con información proporcionada por exportadores e importadores. “Nosotros ni vemos el combustible; vemos papeles”, declaró.
Las investigaciones posteriores permitieron identificar una estructura que presuntamente introducía combustibles desde Estados Unidos mediante ferrocarriles.
El 16 de julio de 2026, detuvieron a Ruffo Appel en Ensenada, por su probable responsabilidad y a Ricardo Thompson Navarro, identificado como otro de los socios de Ingemar.
“No pedimos privilegios, sino justicia”
Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel, publicó un video en redes sociales en el que afirmó que su padre está recibiendo un trato indigno y humillante, dijo que no se le ha permitido ver a su familia.
Además, exigió apego a la ley, respeto a la presunción de inocencia, un juicio justo con pruebas en el que se respete el debido proceso: “no pedimos privilegios, pedimos justicia”, remató.
En la grabación recordó que su padre fue el primer candidato de oposición en ganar una elección, derrocando los 60 años de hegemonía del PRI, al ganar en la década de los 80, primero la alcaldía de Ensenada y después la gubernatura de Baja California, con el voto de confianza de la ciudadanía.
“Mi papá nunca se escondió, dio la cara, lo detuvieron en su casa desde el primer momento dijo estar dispuesto aclarar cada señalamiento”, sostuvo.
Por Daniel Sánchez Dórame.
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