Energía, inversión y certidumbre: El reto de equilibrar Estado y mercado

En octubre del año pasado, se aprobó una reforma constitucional en materia de empresas y áreas estratégicas que busca fortalecer el papel del Estado como actor principal en el sector energético. Sin embargo, al hacerlo, limita la participación privada y cuestiona los principios de mercado.

Se parte de la premisa de que las empresas estatales no deben operar bajo criterios de rentabilidad ni bajo las mejores prácticas de gestión, pues su función principal es garantizar el acceso universal al servicio. No obstante, cuando analizamos las necesidades de inversión para satisfacer la creciente demanda de electricidad, especialmente en el contexto de la transición energética, esta reforma representa un freno importante.

En los próximos seis años, la generación de energía en México deberá aumentar más de un 20%. Dentro de este crecimiento, la participación de fuentes limpias en la matriz energética deberá pasar del 25% al 45%, a fin de cumplir con las metas fijadas por el propio gobierno. Para lograrlo, la capacidad instalada de energías renovables —solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica— deberá más que duplicarse, lo que supone un cambio acelerado y una inversión sustancial.

Por otro lado, el crecimiento económico del país sigue siendo modesto. En 2024, la economía mexicana apenas creció un 1.5%, y muchos expertos prevén que en 2025 la cifra sea aún menor, debido a factores tanto nacionales como internacionales.

La Inversión Extranjera Directa (IED) también deja señales contradictorias. Si bien los 36,872 millones de dólares registrados en 2024 representan un máximo histórico, el porcentaje de nuevas inversiones fue de apenas el 8.7%, la peor cifra desde 1999, según datos del Banco de México. Esto evidencia que el fenómeno del nearshoring enfrenta serios desafíos que deben atenderse con urgencia si queremos aprovechar esta oportunidad única.

La nueva administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, parece reconocer estos retos. Ha propuesto modificaciones a leyes secundarias en materia energética con el objetivo de fortalecer la infraestructura y garantizar la viabilidad del nearshoring. Sin embargo, estos cambios se implementarán en un marco constitucional que no siempre responde a la lógica económica.

Aunque la reforma energética refuerza el papel del Estado en la generación, transmisión y distribución de electricidad, también deja espacio para una mayor participación privada en ciertos rubros estratégicos. La clave será cómo se regulen estos esquemas y la certeza jurídica que se brinde a los inversionistas. La proporción de inversión mixta 54%-46% es un intento por mantener el control estatal sin excluir del todo al sector privado. No obstante, si las reglas no son claras o si el gobierno adopta una postura restrictiva, se generará incertidumbre.

Esperamos que este modelo resulte efectivo y que, en el camino, se fortalezcan los espacios de diálogo entre el gobierno y el sector empresarial. No solo el tema energético requiere ajustes: la reforma judicial también genera inquietud en los inversionistas, pues la incertidumbre sobre el marco legal afecta el ambiente de negocios en general.

El éxito del sector energético dependerá no solo de la capacidad de inversión del Estado, sino también de la confianza y apertura que se brinde a los inversionistas. Su participación es clave para aportar financiamiento, innovación y eficiencia en un sector que demanda certidumbre y visión de largo plazo.