La geografía del horror en México tiene la capacidad de actualizarse con una crueldad que desafía cualquier intento de normalización.
Recientemente, el hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de Concordia, Sinaloa, ha vuelto a abrir una herida que no logra cerrar. La ubicación de estos entierros ilegales no es casual ni irrelevante: se sitúan en las inmediaciones de la zona donde desaparecieron los mineros, un caso que ya de por sí simboliza la vulnerabilidad de quienes trabajan en regiones controladas por la sombra del crimen. Este suceso no es un hecho aislado, sino que subraya, con el peso de la tierra removida, la crisis profunda de desaparecidos que lacera al país entero.
El eco de este dolor se trasladó el sábado a las calles de Mazatlán. Allí, decenas de familiares de personas desaparecidas marcharon bajo el sol del puerto, no para ser parte del carnaval, sino para exigir lo más básico que un Estado debe garantizar: información y resultados. El grito de las madres, padres y hermanos que portaban las fotografías de sus seres queridos sobre el pecho es el testimonio vivo de una burocracia que parece moverse con una lentitud que raya en la indolencia frente a la desesperación de quienes buscan.
Las cifras, frías y contundentes, respaldan este reclamo ciudadano. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que depende de la Secretaría de Gobernación, sólo durante el pasado mes de enero desaparecieron 52 personas en Sinaloa, cuyo gobernador acaba de admitir que no sabe qué pasa en su estado. La cifra coloca a Sinaloa en una posición alarmante a nivel nacional, siendo rebasado únicamente por la Ciudad de México, con 77 desapariciones, y Guanajuato, con 61, en el mismo mes. Estos números demuestran que el fenómeno de la desaparición no sólo no se ha contenido, sino que mantiene una actividad febril en puntos clave de la geografía mexicana.
Sin embargo, detrás de la estadística general se esconde una tendencia todavía más inquietante: el agravamiento del crimen contra las mujeres. La comparativa anual de enero revela un cambio de perfil en las víctimas que debería encender todas las alertas de seguridad nacional. Mientras que, en enero de 2025, 19.40% de las desapariciones correspondían a mujeres, para enero de este 2026 el porcentaje escaló drásticamente hasta alcanzar 29.62%. Este aumento de más de diez puntos porcentuales en tan sólo un año indica que la violencia de género y la desaparición forzada están convergiendo de manera letal.
El grupo de edad más afectado refuerza esta preocupación. En enero de 2025 se reportó la desaparición de 54 mujeres de entre 15 y 19 años de edad; para enero de 2026, la cifra subió a 84 jóvenes. Este incremento de 55% en el rapto o extravío de mujeres adolescentes sugiere una vulnerabilidad extrema para este sector de la población y apunta a dinámicas criminales que el gobierno no ha logrado desarticular.
Estamos por cumplir un año del descubrimiento del rancho Izaguirre, un hecho que por su magnitud obligó a las autoridades a romper el silencio y abordar el tema de manera pública. En aquel momento se prometió un cambio de ruta, una búsqueda exhaustiva y una atención integral a las víctimas. No obstante, al observar la realidad de Concordia y el incremento en las cifras de este inicio de año, la sensación predominante es que no se ha avanzado mucho. La estrategia parece estancada en la retórica mientras las fosas siguen apareciendo.
El gobierno federal y las administraciones estatales deben abandonar la postura de la administración de crisis para reconocer, con honestidad y ante la sociedad mexicana, la gravedad absoluta de la situación.
No se puede solucionar aquello que se intenta matizar con discursos de pacificación que no coinciden con los registros oficiales de la propia Secretaría de Gobernación. La crisis de desaparecidos en México es una emergencia nacional que requiere más que declaraciones; exige una política de Estado que detenga esta sangría y devuelva la paz a las familias que hoy, en Mazatlán o en cualquier rincón del país, siguen esperando una respuesta que no llega.