Denuncian "lista negra" de periodistas y activistas con membrete oficial en Zacatecas

El documento, elaborado con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vulnera la protección de datos personales al exponer domicilios, fichas médicas y placas vehiculares de los afectados

Comunicadores y activistas de Zacatecas exhiben una "lista negra" con datos confidenciales.
Comunicadores y activistas de Zacatecas exhiben una "lista negra" con datos confidenciales.Especial

Activistas, madres buscadoras y comunicadores de Zacatecas denunciaron la existencia de una base de datos que concentra nombres de personas aparentemente non gratas para el gobierno estatal.

Los afectados fueron alertados el 8 de septiembre por quienes controlaban los accesos a un acto oficial: “A mí me avisan que tienen en sus manos una lista en el Quinto Informe del Gobernador y que ciertos personajes, principalmente los que nos dedicamos a la comunicación, periodistas, reporteros, comunicadores, teníamos impedido el paso por ser críticos”, relató el periodista Luis Chávez.

El listado vulnera la protección de datos personales; incluye domicilios, placas vehiculares y descripciones de supuestos cuadros clínicos, lo que expone a los involucrados y a sus familias: “Me ponen que soy un tipo bipolar, que soy crítico, bueno pues ese es mi trabajo como periodista y también me ponen que soy depresivo (...) son mentiras, aunque algunos datos ahí son verdaderos y exponen a mi familia y me exponen a mí”, añadió Luis Chávez.

El gobierno negó ser el autor del documento, pero reconoció que su difusión podría constituir un delito: “No se puede negar la existencia de la lista porque es un documento que se ha publicado en redes sociales, pero por eso la importancia de denunciar, incluso yo ayer en la Mesa de Construcción de Paz pedí que la Fiscalía iniciara la investigación, incluso si no hay denuncia, que lo hiciera casi casi de oficio”, declaró vía telefónica Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno.

El documento aparece impreso en hojas con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública. Por ello, los afectados exigieron que el gobierno encabece las denuncias penales.

“Pero la lista tiene un logotipo y eso no es menor (...) o sea el hecho de que tú también digas, no, esto no es mío, bueno pues te obliga a que así como le dices a la gente que por eso no procede y por eso David Monreal no reconoce ¡Denuncien!”, demandó la periodista Verónica Trujillo.

El gremio periodístico y activistas en Zacatecas exigieron una investigación penal tras detectar la circulación de una lista de veto y fichaje.
El gremio periodístico y activistas en Zacatecas exigieron una investigación penal tras detectar la circulación de una lista de veto y fichaje.Especial

Analistas consideran improbable que un particular haya elaborado el listado sin apoyo del aparato gubernamental: “Los que tienen los insumos para construir este tipo de bases de datos, con las informaciones que vimos en las columnas, que conocimos, pues es obviamente un ente público”, señaló el analista político Gabriel Contreras.

Para la activista feminista María Luisa Sosa, estas prácticas no son nuevas; ella ya figuró en uno de los primeros listados de la actual administración: “Y por lo menos en esta lista que fue la primera que circuló estaba su servidora y un grupo amplio de feministas, señaladas como personas non gratas en nuestra propia tierra, en nuestra entidad”, recordó.

Gabriel Contreras sostiene que las campañas de desprestigio impulsadas desde el gobierno se han vuelto una constante: “Yo recibí también solidaridad de muchas personas del gremio, estoy también para lo que necesiten, lamento mucho que lo estén viviendo porque yo lo viví y no es una situación sencilla”.

Algunos afectados ya iniciaron acciones jurídicas con respaldo de organismos internacionales: “No debemos dejarlo pasar, por mi parte en los aspectos legales se configuran muchos delitos (...) estamos en comunicación desde ayer con Artículo 19, si hay una ONG internacional en la que yo confío es en ellos”, detalló Verónica Trujillo.

Aunque el gobierno se deslindó de la creación y difusión de la lista, las autoridades no detallaron la ruta legal para identificar y sancionar a los responsables.