El pensamiento camina por México
Hoy lo acompañé.
Caminaba con una frase de Alexander Hamilton dando vueltas en la cabeza. La escribió el 28 de mayo de 1788, bajo el pseudónimo de Publius, en el número 78 de The Federalist Papers, la serie de ensayos con la que Hamilton, James Madison y John Jay defendieron ante los ciudadanos de Nueva York la ratificación de la nueva Constitución de los Estados Unidos. El ensayo estaba dedicado al Poder Judicial. Hamilton hacía una distinción sencilla, casi brutal. El Ejecutivo, decía, posee la espada. El Legislativo controla la bolsa. El Poder Judicial, en cambio, no controla ni la fuerza ni la riqueza de la sociedad. No tiene, escribió, “ni fuerza ni voluntad, sino únicamente juicio”. Merely judgment.
Seguí caminando. Al principio la frase parece describir una debilidad. Después comienza a parecer una advertencia. ¿Qué clase de poder puede detener a un presidente, a un Congreso o a un gobierno entero sin controlar un ejército, sin administrar el presupuesto y sin representar necesariamente a una mayoría? Hamilton pensaba que precisamente por esa fragilidad el juez necesitaba independencia. Porque si quien no tiene ni espada ni bolsa depende además de quienes sí las tienen, deja de existir una verdadera tercera rama del poder.
Y mientras caminaba pensé que, en el México de hoy, esta discusión de 1788 dejó de ser una curiosidad histórica. México acaba de realizar uno de los experimentos institucionales más profundos de su historia reciente. La reforma constitucional de 2024 estableció la elección mediante voto popular de personas juzgadoras y, el 1 de junio de 2025, el país celebró por primera vez una elección federal de jueces, magistrados y ministros. Eso significa que nuestros juzgadores adquirieron algo que durante mucho tiempo asociamos principalmente con presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores: legitimidad directa mediante el voto. Y entonces apareció la pregunta que me acompañó durante el resto del camino. ¿Qué ocurre cuando quien debe limitar al poder comienza a compartir con el poder la misma fuente de legitimidad?
No pensé que fuera necesariamente una pregunta contra la reforma. Mucho menos contra la democracia. Me pareció una pregunta anterior a ambas. Una pregunta sobre la naturaleza misma del juez.
Un presidente puede decir: me eligieron para gobernar. Un diputado: me eligieron para hacer leyes. Pero ¿qué debe decir un juez? ¿También “me eligieron”? ¿O necesitamos que pueda decir algo diferente?
Seguí caminando. Y México me llevó hacia atrás. Mucho antes de nuestras discusiones actuales, algunos mexicanos ya intentaban resolver ese problema. Manuel Crescencio Rejón imaginó en Yucatán, durante la primera mitad del siglo XIX, mecanismos mediante los cuales un ciudadano pudiera obtener protección judicial frente a actos de autoridad. Después apareció Mariano Otero. En 1847, con apenas treinta años, mientras México libraba una guerra contra Estados Unidos y atravesaba una crisis que amenazaba incluso su existencia territorial, Otero presentó su célebre Voto Particular durante la discusión del Acta Constitutiva y de Reformas.
De aquella tradición surgiría, en el orden federal, una de las instituciones más profundamente mexicanas: el amparo.
Pensé en la palabra mientras caminaba. Amparo. La repetimos tanto entre abogados que quizá hemos dejado de escucharla. Amparar no significa originalmente litigar. Significa proteger. Cobijar. Dar refugio. Hay algo extraordinariamente humano en que una de las instituciones constitucionales más importantes de México lleve precisamente ese nombre.
Porque el amparo parte de una escena profundamente desigual. De un lado está el Estado. Tiene funcionarios. Presupuesto. Reglamentos. Policías. Abogados. Capacidad material para ejecutar sus decisiones. Del otro puede estar una sola persona. Y entre ambos aparece un juez.
Rejón había anticipado en Yucatán principios de esta protección y Otero contribuyó decisivamente a incorporarlos al diseño constitucional federal. Otra vez Hamilton. La espada de un lado. El juicio del otro. Pero México no dejó ahí la conversación. Décadas después apareció otro personaje extraordinario: José María Iglesias. Iglesias llevó el problema un paso más lejos. En 1874 publicó su Estudio constitucional sobre las facultades de la Corte de Justicia y defendió una doctrina que sería conocida como la incompetencia de origen. La pregunta que estaba planteando era enorme. ¿Podía la Suprema Corte examinar no sólo si una autoridad había actuado ilegalmente, sino incluso si había llegado legítimamente al poder?
Y ahí apareció Ignacio Luis Vallarta. Vallarta no era un enemigo de la independencia judicial. Fue uno de los grandes constitucionalistas mexicanos y presidió la Suprema Corte. Pero entendió otro peligro. Si los jueces podían decidir libremente quién era o no legítimamente gobernador, legislador o presidente, el Poder Judicial podía terminar convertido en árbitro de la política y, eventualmente, en otro actor político. Vallarta puso un límite. No se trataba de tener jueces débiles. Tampoco de tener jueces gobernantes. Se trataba de algo mucho más difícil: jueces suficientemente fuertes para controlar al poder y suficientemente prudentes para no convertirse ellos mismos en poder político.
Seguí caminando. Y ahí entendí que nuestra historia constitucional era mucho más sofisticada de lo que suele permitir una discusión política inmediata. Rejón se preguntó cómo proteger al ciudadano. Otero cómo convertir esa protección en institución. Iglesias hasta dónde podía llegar el juez para controlar al poder. Vallarta dónde debía detenerse el propio juez. No querían exactamente lo mismo. Pero todos estaban rodeando una misma pregunta: ¿Cómo limitamos al poder sin crear otro poder ilimitado?
Y regresé a México, 2026. Quizá ésa sea precisamente la pregunta que estamos obligados a hacernos ahora. No simplemente: ¿estuvo bien o mal elegir jueces? Esa discusión existe y seguirá existiendo. La pregunta que me parece más interesante es otra. ¿Podremos construir un juez que, aun habiendo recibido votos, sea capaz de olvidar políticamente quién votó por él cuando tenga un expediente enfrente?
Porque algún día llegará la verdadera prueba. Un asunto importante llegará a un tribunal. El gobierno tendrá una posición clara. La mayoría legislativa tendrá intereses en juego. Quizá incluso una mayoría de ciudadanos quiera determinado resultado. Y el juez llegará, después de leer la Constitución y el expediente, a una conclusión diferente. ¿Qué sucederá entonces?
Primero vendrá la prueba del juez. ¿Puede decir que no? Después vendrá una prueba todavía mayor. La del poder. ¿Puede obedecer ese no? Una sentencia que coincide con la voluntad del gobierno no demuestra demasiado sobre la independencia de una institución. La sentencia interesante es la incómoda. La que obliga a detenerse. La que recuerda que ganar una elección otorga legitimidad para gobernar, pero no autorización para hacerlo todo.
Seguí caminando. Y pensé que quizá confundimos con demasiada facilidad la fortaleza con la capacidad de imponer voluntad. Un Ejecutivo fuerte ejecuta. Una mayoría legislativa fuerte aprueba leyes. Un ejército fuerte puede imponer por la fuerza. Pero quizá un Poder Judicial fuerte sea algo completamente distinto. Uno que no necesite imponer su propia voluntad. Uno que pueda decir: no importa lo que yo quiera. No importa lo que quiera usted. No importa, incluso, lo que quiera temporalmente una mayoría. Esto es lo que permite la Constitución.
Volví entonces al Federalist No. 78. A la espada. A la bolsa. Y al juicio. Hamilton no estaba describiendo únicamente la debilidad de los jueces. Estaba describiendo la extraordinaria fragilidad sobre la que descansa el constitucionalismo. Porque el juicio sólo tiene fuerza mientras una sociedad acepte que ciertas decisiones deben respetarse aun cuando nos incomoden. Mientras aceptemos que el poder necesita límites. Y mientras quien tiene la espada entienda que no siempre puede utilizarla.
Rejón buscó proteger al individuo. Otero convirtió esa protección en arquitectura constitucional. Iglesias llevó el control judicial hasta las puertas mismas de la legitimidad política. Vallarta recordó que también el juez necesita fronteras. Nosotros estamos escribiendo el siguiente capítulo. No sé cómo terminará. Pero regresando de mi caminata pensé que quizá la pregunta correcta no es si queremos jueces más democráticos o menos democráticos. Es otra.
¿Queremos jueces capaces de decirle no al poder? Y cuando llegue ese día, ¿seguiremos dispuestos a obedecerlos?
El pensamiento camina por México.
Hoy lo acompañé.