Corredor del despojo devora patrimonio en al menos 6 estados
Mientras seis estados concentran la mitad de los despojos en el país, el sistema de justicia desecha casi 40% de las denuncias al catalogarlas como conflictos civiles, pese a las pruebas de los dueños
Las denuncias por despojo en la Ciudad de México que se han dado las últimas semanas son sólo la punta visible de una maquinaria delictiva operada por grupos criminales que se extienden por Guanajuato, Puebla, Veracruz, Jalisco y el Estado de México.
Este corredor del despojo, que concentra la mitad de las víctimas del país en lo que va de 2026, no sólo destaca por su volumen, sino por una red de corrupción que involucra alcaldes, policías y notarios, permitiendo que capturen el patrimonio de los ciudadanos mediante documentos y violencia sistemática.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las 15 mil 311 víctimas registradas a nivel nacional hasta junio pasado, 50.4%, 7 mil 717 casos, se concentran en estas seis entidades.
El Estado de México se consolida como el epicentro del despojo con 2 mil 449 casos, seguido por la Ciudad de México (2 mil 39), Guanajuato (940), Puebla (830), Veracruz (774) y Jalisco (685).
Detrás de estas cifras opera una maquinaria integrada, sólo en el Estado de Mexico, por al menos 10 grupos delictivos identificados, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Gopez y el Sindicato 22 de Octubre, que actúan bajo la fachada de organizaciones sociales para apoderarse de viviendas mediante violencia y documentos apócrifos.
La Fiscalía del Estado de México los relaciona también con investigaciones en municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuatitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.
Gopez, por ejemplo, opera en Ecatepec y presuntamente era protegida por policías municipales entre 2018 y 2024, para desocupar viviendas y después invadirlas.
Otro de los grupos identificados es Los 300 o también conocido como Unión 300, que golpea principalmente en Ecatepec, Tecámac y Zumpango.
Las indagatorias establecieron que el autodenominado Sindicato 22 de Octubre, con presencia principalmente en Chalco, se ha dedicado a apropiarse de forma violenta viviendas desocupadas y de personas en situación vulnerable.
A estos grupos se suman Los Amos, Los Souverbille, Los Gulliver, Los Mayas y la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME).
Las llamadas “Mafias Inmobiliarias” han evolucionado más allá de los grupos de choque. Según investigaciones recientes, ahora operan mediante la suplantación de inquilinos y la falsificación de actas de defunción para declarar, supuestamente de forma legal, muertos a los propietarios.
Además, utilizan falsas órdenes de desalojo para expulsar a personas vulnerables, principalmente adultos mayores, de sus hogares.
Esta actividad criminal, identificada como un delito que ocurre cuando una persona le quita a otra la posesión o el uso de un bien inmueble, es particularmente rentable en este corredor debido a que coincide con las zonas de mayor plusvalía del país, donde el valor de las propiedades en la capital promedia los 4.39 millones de pesos; en el Estado de México los 2.23 millones, y Jalisco, 2.21 millones.
Esta elevada valorización económica convierte a los inmuebles de estas entidades en objetivos altamente rentables para grupos criminales que buscan capitalizar la plusvalía de terrenos y construcciones en zonas consolidadas.
Por otro lado, entidades como Veracruz, Guanajuato y Puebla presentan un fenómeno de apreciación acelerada que supera o iguala la media nacional de 8.7%.
En Veracruz, aunque el precio medio es de 1.43 millones, la vivienda registró la apreciación más alta del grupo con un 11.2% anual, mientras que en Guanajuato el incremento fue de 10.7% sobre un precio medio de 1.76 millones de pesos.
Estos datos sugieren que el despojo no sólo busca propiedades de lujo, sino también predios en áreas con rápido crecimiento de valor, incentivando la ocupación ilegal en mercados inmobiliarios emergentes.
Respuesta institucional ante el despojo
A pesar del alto volumen de víctimas documentado tanto por medios de comunicación como por el propio SESNSP, México Evalúa considera que el delito de despojo enfrenta una impunidad de 96.36%, según su estudio Hallazgos 2023.
En el Estado de México, por ejemplo, la efectividad de las autoridades alcanza niveles de impunidad de hasta 99.68%, lo que revela que casi ninguna denuncia termina en una resolución efectiva para la víctima de despojo.
Incluso, la misma Fiscalía mexiquense da cuenta que de las 7 mil 18 carpetas de investigación abiertas por delitos relacionados con el despojo y contra la seguridad, 38.72% no son viables de investigación, ya que se encuentran relacionadas a disputas sobre la propiedad o posesión, controversia civil o familiar por motivo de herencia o sucesión o porque el denunciante no ha acreditado su derecho de posesión y/o propiedad.
En tanto que 5.56% se resolvió por un acuerdo reparatorio y en 1.28% se determinó el no ejercicio de la acción penal.
Esta afectación se explica, en parte, por lo que el informe de México Evalúa identifica como debilidades estructurales en la investigación del despojo, ya que las fiscalías estatales suelen actuar de manera reactiva, dependiendo excesivamente de detenciones en flagrancia, lo cual es ineficaz para desarticular redes de despojo que operan con planeación previa.
A esto se suma el caso de la Ciudad de México, donde desde 2019 se registran entre nueve y 11 denuncias diarias por despojo, afectando principalmente a las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztacalco.
Si bien el gobierno capitalino ha informado sobre recientes detenciones de sujetos que invadieron propiedades, unas de las acciones que más se ha intensificado es el Operativo Restitución, que se puso en marcha en el Edomex, tras el caso de la llamada Abuelita Sicaria, quien mató a dos personas defendiendo la propiedad de su hija.
Bajo este esquema, entre julio de 2025 y julio de 2026, la Fiscalía mexiquense logró asegurar 2,307 inmuebles (de los cuales mil 852 son casas habitación) y devolver mil 452 propiedades a sus legítimos dueños.
En abril pasado, Excélsior informó que autoridades del Estado de México tienen detectada una red de servidores públicos, entre ellos algunos trabajadores delInstituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), que vende información a integrantes de bandas criminales para el despojo de casas, departamentos o terrenos.
Y es que la necesidad de vivienda en esas zonas del Estado de México ha desarrollado un mercado inmobiliario ilegal en colusión con funcionarios de algunos órganos de la administración pública, como el Infrem, para obtener información de propiedades en supuesto estado de abandono, principalmente con rezagos en pagos prediales.
El reporte de México Evalúa destaca que la “cifra negra” (delitos no denunciados o sin investigación iniciada) a nivel nacional se mantiene en un alarmante 92.4%. Las víctimas suelen abstenerse de acudir al Ministerio Público debido a que 31.5% considera que es una “pérdida de tiempo” y 14.7% desconfía de la autoridad por temor a tratos hostiles o corrupción.
Aunque el sistema penal permite mecanismos alternativos como la mediación para resolver conflictos patrimoniales, estos se encuentran subutilizados, representando apenas 6% de las salidas procesales a nivel nacional.
Esto deja a las víctimas en un limbo en el que, a pesar de denunciar, el proceso se vuelve largo, costoso y rara vez concluye con la recuperación del inmueble o la reparación integral del daño.
El detonante que exhibió la impunidad en Edomex
El caso de Carlota, una mujer de 82 años, conocida como La Abuelita Sicaria, quien causó la muerte de dos personas al defender la propiedad de su hija, se convirtió en el punto de quiebre para el combate al despojo en el Estado de México.
Este evento de autodefensa extrema, reportado el 1 de abril de 2025, evidenció la crisis de un estado que se consolida como el epicentro nacional de este delito con 2 mil 449 casos en el primer semestre de 2026.
Ante la presión social generada, las autoridades pusieron en marcha el Operativo Restitución, que comenzó a desarticular la operación de al menos 10 grupos delictivos que se apoderaban sistemáticamente del patrimonio ciudadano.
Entre julio de 2025 y julio de 2026, se logró el aseguramiento de 2 mil 307 inmuebles y, lo más importante, la devolución de mil 452 propiedades a sus legítimos dueños.
Al ver resultados, los propietarios han comenzado a romper la cifra, provocando un incremento de 8.75% en las denuncias formales durante el último año.
Lo que inició como una tragedia de desesperación por la negligencia oficial, terminó forzando una ruta legal para rescatar el corredor inmobiliario.
“Cambiaron mi chapa y mi vida”
El despojo en el Estado de Mexico dejó desde hace años de ser una cifra para convertirse en historias de violencia y desolación.
Tal es el caso de Verónica de la Rosa de la Cruz, quien el pasado 31 de marzo fue a visitar a su mamá María Guadalupe de la Cruz a su domicilio en Sur 1, número 909 en la colonia Santa Cruz en Valle de Chalco y, luego de insistir y al no tener respuesta, intentó abrir la puerta con su llave y detectó que la chapa ya había sido cambiada.
Mencionó que en la misma propiedad de su mamá esta un purificadora de agua, por lo que al preguntarle a la dueña del comercio, Ivonne “N”, le dijo que su mamá ya no vivía ahí y pagaban para que la cuidaran en otro lugar.
Al haber sacado a María sin la autorización de algún familiar, acudió a la agencia del Ministerio Público, pero le indicaron que al no tener documentación de que su mamá vive en el domicilio y es la dueña, la mandaron a la célula de personas desaparecidas.
Al acudir con la policía nuevamente al comercio, Ivonne “N” le informa que su mamá falleció presuntamente por un paro cardiaco y fue cremada.
No sabemos quién pagó; aparecen ahí personas que no son familiares, ni se avisó a ningún familiar, pese a que mi tía vive en las inmediaciones”, dijo en entrevista a Excélsior.
Estableció que la dueña del comercio, se quedó con todos los documentos, muebles y el inmueble de su madre.
Por lo que ahora espera que las autoridades la apoyen en el estado que encabeza las víctimas por despojo en el país.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad mexiquense y la Ciudad de México, encabezan los casos de despojo, pues tan sólo en el primer semestre del 2026 tienen más de dos mil carpetas de investigación cada uno.
No existe un solo modus operandi, pues algunos entran como inquilinos y después intentan apoderarse del lugar, otros llegan y amenazan a adultos mayores o personas vulnerables que sacan de sus hogares, por medio de falsos operativos de despojo avalados con falsos papeles.
Argumentan la muerte de personas o venta falsa de los inmuebles y un último caso, en donde entran a rentar con el propietario y después este se reporta como desaparecido y posteriormente aparece muerto.