En 15 días inicia el nuevo ciclo escolar y el 10 de septiembre, el proceso electoral 2027. Y seguramente se preguntará, querido lector, ¿cuál es la relación? Los chapulines electorales.
El servicio público se ha convertido en una pasarela electoral. Los chapulines no sólo saltan de una Cámara a otra —del Senado a Diputados y viceversa—, de un Congreso local a uno federal o de un cargo público a una candidatura; ya instalaron un trampolín desde las secretarías de Educación estatales, claro, con la venia de sus partidos y el apoyo gubernamental, si no ¿cómo?
María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de la organización Mexicanos Primero, expuso que en un solo ciclo escolar se registraron nueve cambios de titulares en las secretarías de Educación estatales. La rotación no es un hecho aislado, pues, al cruzar los nombres con el calendario político, encontró que en seis de esas nueve entidades habrá elecciones para renovar gubernatura en 2027: Zacatecas, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí, Campeche y Sonora.
No se trata únicamente de sustituir un nombre en el directorio oficial o mover la silla en el despacho principal. Cada relevo en una dependencia de este tamaño implica detener la marcha institucional. Se requiere armar nuevamente los equipos de trabajo, modificar de golpe las prioridades, gestionar presupuestos y sentarse a negociar desde cero los acuerdos con las dirigencias sindicales del magisterio. El caso de Zacatecas ilustra el uso del servicio público con un fin electoral. Armando Delgadillo Ruvalcaba despacha hoy como el cuarto secretario de Educación en la actual administración estatal. Cuatro titulares para un mismo periodo de gobierno. ¿Qué tipo de seguimiento pueden tener los programas de infraestructura, los académicos, la entrega de materiales o la capacitación docente bajo ese ritmo de rotación? La lista de los estados que han registrado relevos —de acuerdo con el monitoreo de Mexicanos Primero— son Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Campeche, Sonora, Oaxaca, Ciudad de México, Zacatecas y Michoacán.
En San Luis Potosí, Campeche y Sonora ya van por el tercer secretario en el cargo. En Michoacán, Gabriela Molina renunció en junio para buscar la candidatura a la gubernatura. La dependencia quedó acéfala y la postura oficial ante la ausencia de titular fue que no había urgencia por nombrar un sustituto porque las escuelas estaban de vacaciones. Como si la planeación pedagógica y administrativa del siguiente ciclo se hiciera de la noche a la mañana. Delfina Gómez Álvarez dejó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal en agosto de 2022 para buscar la candidatura a la gubernatura del Edomex. La conducción del sistema educativo nacional cedió su lugar a la coyuntura electoral del principal padrón votante del país.
La gestión educativa tiene tiempos y dinámicas que no se ajustan a las prisas de las campañas ni a los calendarios electorales. Diagnosticar las carencias de un sistema escolar, construir consensos con los maestros, aplicar evaluaciones y revertir la pérdida de aprendizajes en las aulas exige años de trabajo continuo. La coyuntura política puede dar giros en semanas; el rezago escolar no se corrige con esa velocidad. Cuando un funcionario utiliza la Secretaría de Educación como trampolín político, el engranaje del sistema se detiene y el nuevo titular se enfoca en deslindarse de la gestión anterior para imprimir su propio sello. Es un “reseteo” del sistema. ¿Por qué la silla educativa es tan atractiva para las aspiraciones electorales? Porque es una de las dependencias con mayor presencia en el territorio, maneja uno de los presupuestos más voluminosos del Estado y mantiene contacto directo con miles de familias y trabajadores. Es una plataforma con alta visibilidad pública.
La contradicción es que la permanencia de sus titulares no se mide en función del calendario escolar de 185 o 200 días de clase o del desempeño académico de los estudiantes, sino de las fechas fijadas para los registros de precandidaturas. La responsabilidad de esa dependencia es garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes, un mandato constitucional que requiere continuidad, estabilidad y rendición de cuentas sobre resultados concretos.
La Secretaría de Educación Pública de cualquier nivel no puede funcionar como sala de espera de las candidaturas o tablero político. La continuidad es una condición indispensable para el desarrollo de la infancia. Rumbo a 2027, el tablero electoral continuará moviéndose y la educación se quedará ahí esperando ser la prioridad de una administración. Mientras tanto, el 31 de agosto regresamos a clases.