La visita del alto comisionado Türk “va por buen camino”, tras encuentro con ONG: Mariclaire Acosta
La presidenta del Consejo Directivo de Justicia Transicional en México consideró que la postura de las organizaciones y la sociedad han matizado la postura del gobierno federal
La postura de los colectivos de víctimas y de la misma sociedad mexicana han ayudado a matizar la respuesta del gobierno federal ante el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y que se pretende llevar ante la Asamblea General de la ONU.
De acuerdo con Mariclaire Acosta, presidenta del Consejo Directivo de Justicia Transicional en México, la primera respuesta que emitió el gobierno fue “lamentable”; sin embargo, y con la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, esta postura ha ido cambiando.
“Inicialmente, la respuesta me pareció lamentable, para decirlo bien y pronto. Muy a la defensiva, […] provocó furor. Afortunadamente eso ha ido matizándose, entre otras razones, por el apoyo de los colectivos de víctimas y de la sociedad mexicana en su conjunto; porque sí he visto que hay una respuesta social importante y espero que vaya creciendo. Por la postura misma del comité que fue muy firme y que, además, tenemos desde el año 2012 diciéndoles que hay un problema grave, que es una práctica generalizada y el gobierno poco hizo al respecto”.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, la activista consideró oportuna la visita del alto comisionado Türk a nuestro país para encontrarse con las autoridades mexicanas y escuchar a organizaciones civiles, “me parece que va por muy buen camino”. Y es que, a su llegada, se reunió con diversos grupos que le entregaron una carta suscrita por 104 colectivos de búsqueda de desaparecidos, 315 víctimas 78 ONG y 149 personas solidarias.
En esta carta, se afirma que el llevar el tema ante la Asamblea General de Naciones Unidas representa “una esperanza y una oportunidad para las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas” en el país, ya que podrían alcanzar la justicia y herramientas de búsqueda que necesitan para llegar a la verdad de sus desaparecidos.
“Todo este esfuerzo básicamente lo han llevado a cabo las familias de los desaparecidos. Celebramos la decisión del comité de llevar este caso a la Asamblea General como máximo órgano parlamentario de la Organización porque sabemos que este paso puede ayudarnos a tener un diagnóstico compartido sobre la naturaleza de las desapariciones y, por lo tanto, las alternativas más adecuadas para fortalecer la cooperación y la asistencia técnica”.
Sin embargo, la experta en derechos humanos consideró que las condiciones que sufre la ONU en este momento no son muy favorables para llevar el tema adelante, “está por salir un secretario general, se va a nombrar otro; la organización está pasando por una situación difícil”.
“Tengo mucha fe en toda la maquinaria que se ha construido de derechos humanos de las Naciones Unidas. Porque este tema de los desaparecidos en México es una verdadera crisis humanitaria de gran envergadura. No solamente ha sido tocado por el Comité de Desaparición Forzada, sino que hay muchísimos otros mecanismos de las Naciones Unidas que han abordado el tema y han hecho recomendaciones a México”.
Esto sumado, de acuerdo con Mariclaire Acosta, al cambio de actitud del gobierno federal frente al tema, “porque desgraciadamente esto será un tema muy de fondo, no se va a resolver con cursos de capacitación o con algún tipo de apoyo. Es algo que requerirá cooperación muy profunda, asistencia especializada; y Naciones Unidas tiene los recursos para ello”.
“Ha desarrollado metodologías para descubrir la colusión entre gobierno y criminalidad en otras partes del mundo; es decir, hay recursos para ello. Lo que necesitamos es que haya voluntad política y, quiero creer que, por lo menos va a haber un diálogo importante entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante del Alto Comisionado porque hay puntos de convergencia entre ellos”.
Finalmente, la presidenta del Consejo Directivo de Justicia Transicional consideró “absurdo” pensar que este fue un informe injerencista toda vez que fue emitido en el marco de los tratados internacionales suscritos y renovados por México, por lo que se consideraría como “un acto soberano”.
