CIUDAD DE MÉXICO
En 2017, la Secretaría de Educación Pública tuvo deficiencias en su gestión como autoridad reguladora y supervisora de la calidad de los servicios educativos en la modalidad universitaria, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.
Al realizar la Auditoría de Desempeño 150-DS, el organismo fiscalizador detectó que la dependencia responsable de la política educativa no tenía actualizados los documentos normativos de los servicios de tipo superior.
Según el reporte de la ASF, la SEP no acreditó los procesos de planeación y programación, no supervisó su cumplimiento, ni sustentó su contribución para fortalecer la mejora regulatoria en el nivel superior en la modalidad universitaria.
Para la Auditoría, la actualización de ocho documentos normativos para este tipo de servicios educativos se realizó de manera inercial, ya que no contó con un diagnóstico para la identificación de necesidades y tampoco acreditó los procesos de planeación.
En materia presupuestal, la SEP reportó en la cuenta pública 2017 que gastó 96 millones 285 mil 800 pesos, en el Programa Presupuestario "Normar los Servicios Educativos" para la modalidad universitaria.
Otros 2 millones 566 mil 400 pesos, el 2.7 por ciento, se destinó a gastos de operación y el 0.2 por ciento, 209 mil 400 pesos se erogaron en gasto corriente.
Sin embargo, la dependencia no mostró los registros que permitan identificar el presupuesto ejercido en cada uno de los procesos realizados para la actualización de la normativa, contrario a lo que debía realizar con la operación del Programa Presupuestario.
chg
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