Un gran sobresalto produjo la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el desgobernador de Sinaloa, personaje sobre el que, no de ahora sino desde hace años, ha habido señalamientos sobre sus nexos con el narcotráfico.
Por supuesto, la acusación constituye una respuesta ciertamente dura a la actitud del gobierno mexicano ante lo ocurrido en Chihuahua, donde todo indica que los agentes de la CIA no estaban ahí de vacaciones, sino encabezando la operación contra el laboratorio de los narcos, como si fueran actores de una serie de televisión.
Pero eso poco importa a las agencias y autoridades del país vecino, que dejan crecer las enfermedades para luego aparecer como los médicos que curan los males de los países donde operan. Y en México actúan, y lo hacen a ciencia y paciencia de los gobiernos de casa.
Sobre esa libertad de acción habla elocuentemente el hecho de que arman grandes irigotes cuando es ejecutado alguno de sus agentes, como ocurrió al ser asesinado Kiki Camarena y ahora que murieron dos pistoleros de la CIA. Los estropicios de esos policías del imperio son bien conocidos en las naciones que les permiten una actuación tan libre, como México.
Si alguien duda de esa libertad de acción o lo niegan nuestra autoridades, tendrían que explicar por qué razón las agencias como la CIA y el FBI disponen de todo un piso en el edificio más alto de Ciudad Juárez, o bien, que digan lo que hacían las camionetas de agentes gringos durante la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez a fines de 2005.
Es obvio que la gobernadora de Chihuahua y su fiscal, ya destituido, debieron notificar al gobierno federal que irían tras de un laboratorio narco en plena sierra, pero es igualmente cierto que el laboratorio tenía meses o quizá años funcionando y que a las autoridades federales no les preocupaba.
De acuerdo con las muchas informaciones de los últimos años, Rocha Moya es indefendible y quizá sea entregado a las autoridades estadunidenses, pues se trata de una ficha no sólo sacrificable, sino de un completo estorbo cuando se aproximan las elecciones federales de 2027.
Los cargos contra el todavía gobernador de Sinaloa son muchos y muy graves, pero habrá que esperar, porque las complicidades y favoritismos son moneda de cuño corriente en la religión cuatroteísta, y las máximas autoridades del país, en el sexenio pasado y el actual, han viajado a Culiacán para tomarse la foto y alzarle la mano al ahora imputado y defenderlo de sus críticos.
Sinaloa es territorio narco y sus habitantes, una y otra vez, han salido a manifestarse contra esa inocultable realidad. Sin embargo, el apoyo federal para Rocha ha sido firme, pese a la situación en que vive la entidad por los enfrentamientos entre bandas, el cobro de piso, el tráfico de drogas, los asesinatos y todo lo que integra el actual paisaje.
En este clima de acusaciones y sospechas, circula en internet una buena cantidad de mensajes, según la cual la lista que llegó a Palacio no señala únicamente a Rocha Moya, sino que pide información al gobierno mexicano sobre otros políticos bajo sospecha, como el titular de la SEP, Mario Delgado; el líder neocharro Pedro Haces; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el poder tras el trono del Senado Adán Augusto López e incluso el hijito de Ya Saben Quién: Andy López Beltrán.
Si lo anterior es cierto y cae el mandatario sinaloense, los citados y varios más pondrán sus barbas a remojar y el gobierno actual —¡por fin!— estará en posibilidad de liberarse de la tutela de Palenque, porque la caída de Rocha y su entrega a Estados Unidos será un contundente estatequieto, una demostración de quién y dónde está el Poder que puede, diría don Jesús Reyes Heroles.
Y, en medio del escándalo, Estados Unidos es el país con más drogadictos en el mundo, pero su gobierno no toca ni menciona a sus capos del narcotráfico, que los hay y son muy poderosos. Pero quizá son los que financian elecciones en las que resulta triunfador un próspero negociante que mata gente en todos lados, mientras sus ciudadanos también caen, pero por efecto de los estupefacientes. Sin embargo, el gobierno mexicano se guarda esa información cuando debería usarla. Raro, ¿no?