El 29 de abril de 2026 marcará el día en que la relación entre México y Estados Unidos cruzó un umbral sin retorno sencillo. La presentación de cargos criminales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, entre otros, por parte del Departamento de Justicia estadunidense, no es una anécdota judicial más; es un emplazamiento directo al corazón del sistema político mexicano.
El gobierno federal enfrenta la oportunidad histórica de demostrar, con hechos y no sólo con retórica, que no existe protección para quienes son señalados por vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el repliegue defensivo visto hasta ahora pone en riesgo la credibilidad de todo un proyecto de nación por la figura de un mandatario cuya trayectoria genera más dudas que certezas.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no debe jugarse su capital político por un gobernador cercado por evidencias acumuladas con paciencia quirúrgica. La acusación formal desmantela una red de supuesta complicidad al más alto nivel, vinculando a figuras del partido oficialista con la estructura del Cártel de Sinaloa. Si el oficialismo opta por atrincherarse y mantener a Rocha Moya a toda costa en la gubernatura, el mensaje será devastador: que el poder es un blindaje y la lealtad partidista está por encima de la ley. El resultado inevitable será que los funcionarios concluyan que pueden actuar con total impunidad, pues no habrá consecuencias reales bajo el manto protector del movimiento.
Para comprender la gravedad del asunto, basta mirar el rastro de sangre en el territorio. Desde que Ismael El Mayo Zambada fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024, tras el secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, Sinaloa se ha desangrado en una guerra fratricida entre los Chapitos y la Mayiza. Hasta principios de este año, el saldo era aterrador: más de dos mil homicidios dolosos e igual número de desapariciones forzadas. Mientras Culiacán se convertía en un escenario de combate urbano que paralizó la vida social, el gobernador intentaba sostener coartadas frágiles, como aquel viaje a Los Ángeles del que nunca presentó registros migratorios u otras pruebas sólidas que lo ubicaran fuera de la escena donde cayó Zambada y fue asesinado su rival Héctor Melesio Cuén.
Ante esta crisis, la insistencia de la Cancillería y la FGR en que Estados Unidos debe presentar evidencias exhaustivas para tramitar la extradición es una falacia técnica con tintes de protección política. No es verdad que un gobierno que solicita una detención con fines de extradición deba presentar un expediente probatorio como si el juicio fuera a desahogar en suelo mexicano. La extradición es un proceso administrativo, de cooperación judicial; exigir requisitos no contemplados en el tratado es una táctica dilatoria para proteger a un aliado. Resulta paradójico que el mismo gobierno que ha entregado a cerca de un centenar de capos con eficiencia notable, hoy recurra al letargo procedimental cuando el dedo acusador señala a uno de los suyos.
Esta soberanía selectiva se vuelve estrambótica al contrastarla con el caso de Chihuahua, donde el oficialismo persiguió a la gobernadora Maru Campos por colaborar con la CIA en el desmantelamiento de un gran laboratorio de drogas sintéticas. En aquel caso, se acusó de traición a la patria a quienes combatían al narco; con Rocha Moya, se invoca la soberanía para proteger a quien presuntamente lo facilitaba. Si el gobernador está tan seguro de su inocencia, lo menos que debe hacer es dejar de usar la gubernatura de Sinaloa como un parapeto. La dignidad del cargo no es un escudo contra la justicia, especialmente cuando la revocación de su visa indica que el cerco se ha cerrado.
México puede y debe romper con esa condición en la que la frontera entre gobierno y crimen resulta invisible. Mantener el apoyo a un gobernador bajo sospecha no es defender la soberanía, es administrar una crisis de legitimidad que arrastrará a quienes intenten justificar lo injustificable. La pregunta ya no es si Rocha Moya caerá, sino cuánto del prestigio del Estado se hundirá con él.