Hace ya muchos meses que el gobierno de Estados Unidos había presentado al de México su lista de narcopolíticos que eran parte de la red de protección y complicidad del crimen organizado. Como hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones, todos los avances que se pueden realizar en el ámbito de la seguridad (detenciones, decomisos), por más importantes que sean, al final, terminan vulnerados por lo que es una decisión política: romper o no esas redes de corrupción.
Hace ya muchos meses cuando se comenzó a plantear con claridad esa demanda por las autoridades estadunidenses (evidentes desde la propia extracción de Ismael El Mayo Zambada en una operación encubierta, algo que nunca se ha querido reconocer), un alto funcionario del gobierno, partidario de avanzar contra esas redes, me dijo que el temor que existía era que, si se quitaba un tabique de la pared, ésta se podía caer por completo. Le contesté que, si no lo hacían, sucedería lo que ahora ha comenzado a ocurrir: que Estados Unidos iba a derribar la pared con un bulldozer.
La denuncia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, contra su exsecretario de Gobierno y actual senador, Enrique Inzunza, y contra otros altos funcionarios del gobierno de Sinaloa, acusados por el gobierno de Estados Unidos de colaborar y ser parte del Cártel de Sinaloa, dejan al gobierno estatal como un narcoestado y es tan contundente como lo fueron las denuncias que se fueron acumulando durante meses y que hoy se han convertido en realidad, sin que el gobierno federal haya atendido, a lo largo de prácticamente dos años, las mismas.
Esa indecisión, ese temor de avanzar en contra de estos y muchos otros personajes, lo deja ahora en una situación insostenible, porque las acusaciones son tan firmes como el testimonio de muchos de los narcotraficantes que el propio gobierno mexicano envió en ese mismo periodo de tiempo a Estados Unidos y todos, casi sin excepción, han buscado acuerdos de colaboración, convirtiéndose en testigos de las fiscalías estadunidenses.
En octubre de 2024 aquí escribimos que “un eslabón clave en todo esto (la relación del gobierno de Sinaloa con el cártel) es el exsecretario general de Gobierno y actual senador Enrique Inzunza Cázarez, a cuyo equipo pertenecía la exfiscal estatal, Sara Quiñones, a la que se atribuye el falso entramado del asesinato de Melesio Cuén. Inzunsza tiene relaciones familiares con uno de los principales grupos del cártel de los Chapitos, al que llaman Fuerzas Especiales Avendaño, encabezado por Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Según estas investigaciones federales, Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa de Inzunza Cázarez, y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado, es familiar en primer grado de Avendaño Ojeada. Ese grupo criminal tuvo una participación central en el llamado culiacanazo para evitar que Ovidio Guzmán López fuera detenido en octubre de 2019.
“Y en todo ese entramado, decíamos, otro personaje que aparece constantemente en sus relaciones con grupos de poder local es Griselda Guadalupe López, segunda esposa de El Chapo Guzmán y madre de Ovidio y Joaquín, que, además de sus relaciones políticas, opera una importante empresa distribuidora de cemento, JM Concretos, que aprovisiona buena parte de ése y otros materiales de construcción para las obras públicas en el estado. Y esos son sólo tres eslabones de la cadena”. Hemos escrito mucho más sobre el tema, sólo cabe recordar que, desde hace un año, Griselda también es testigo protegido en la Unión Americana, como sus hijos Ovidio y Joaquín, como el propio Mayo Zambada, y era ella, Griselada, quien manejaba las relaciones políticas con Rocha, Inzunza y muchos otros.
La primera respuesta del gobierno mexicano —que fue informado de los pedidos de las órdenes de aprehensión con solicitud de extradición desde las seis de la tarde del martes, y que ya sabía, por las palabras del embajador Ronald Johnson el jueves pasado en Los Mochis, de la magnitud de la tormenta que se le venía encima— ha sido lamentable: la cancillería dice que no existen pruebas suficientes, apoya a los acusados y, encima, enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por haber dado a conocer las acusaciones. Otra vez la política del avestruz: esconder la cabeza para pensar que no pasa nada. No entienden que la pared, con esta acusación, ya se cayó, lo que viene ahora es asumir los costos de no haber actuado en su momento.
Hace muchos meses también aquí dijimos que el gobierno federal sólo tenía una opción seria en Sinaloa: desaparecer poderes en el estado, porque todo indicaba que la trama de corrupción cruzaba al gobierno de norte a sur y de este a oeste. Hoy, esa opción se convierte en casi única: Sinaloa no es gobernable y no puede ir a unas elecciones en 2027 con todas sus autoridades de gobierno, seguridad y justicia desprestigiadas, sin respaldo moral y enjuiciadas en Estados Unidos. Se debe desaparecer poderes y poner a disposición de las autoridades estadunidenses a todos los acusados, para que sean juzgados con base en las innumerables pruebas que existen contra ellos. Y se debe asumir que son los primeros, pero que, sin duda, no serán los últimos.