Advierten de la colonización del INE

La moratoria constitucional decretada por la oposición no es suficiente para frenar los riesgos que la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) afronta ante la decisión gubernamental y de su partido de desaparecerlo.

El abogado Bernardo León Olea alerta que independientemente de que la reforma electoral no se concrete en el Congreso, la Cámara de Diputados podría ser en el siguiente periodo ordinario de sesiones el escenario en el que Morena y sus aliados realicen una renovación del Consejo General del INE que les permita controlarlo.

De acuerdo con el consultor en seguridad, sistema de justicia y democracia constitucional, el relevo que se avecina de los cuatro consejeros salientes —Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña— permitiría al partido en el poder y a sus aliados PT y PVEM romper el equilibrio que ha caracterizado la conformación del árbitro electoral. 

Para el exfuncionario de la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República, “Morena y sus aliados podrán controlar la designación de consejeros del INE, incluyendo al consejero presidente”.

En su análisis sobre la puesta en marcha de lo que al respecto dicta el artículo 41 de la Constitución, León Olea plantea que el balance de poder en el INE podría favorecer a Morena al integrar una mayoría absoluta de consejeros afines. Recuerda que una vez que Córdova, Murayama, Favela y Ruiz Saldaña salgan del INE en abril próximo se quedarán 7 consejeros.

De éstos, considera que cuatro son afines a Morena. De los 7 consejeros 4 parecen más cercanos a Morena y 3 a la alianza. Matiza, sin embargo, que a los consejeros Uuckib Espadas y Carla Humphrey, “aunque son más cercano a Morena, han mostrado cierta independencia, lo que podría modificar la mayoría en las votaciones”, en caso de que se quedaran sólo 7 integrantes en el Consejo. Pero si se concreta el relevo en la Cámara de Diputados, el consultor prevé que los 4 nuevos consejeros podrían ser allegados al partido gobernante.

Explica que, según el artículo 41 Constitucional, Fracción V Apartado A, los consejeros deben ser electos por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión. Previamente, la Cámara de Diputados emite la convocatoria pública para que los aspirantes se inscriban.

Al respecto, enfatiza León Olea que, según el artículo 34 inciso i de la Ley Orgánica del Congreso, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) propone la Convocatoria y la somete al pleno. Sin embargo, acota que esa convocatoria, como todo en la Jucopo, “deben de ser aprobados por mayoría absoluta de sus miembros en voto ponderado” y favorece a la coalición de Morena con PT y PVEM.

“El artículo 35 numeral 1 establece que adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario”, detalla.

La otra fase clave del proceso es la designación de 7 personas que deben constituirse como Comité Técnico de Evaluación: 3 propuestos por la Jucopo, donde vuelve a aplicarse el voto ponderado; 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 2 por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).

Detalla que en la Jucopo el voto ponderado otorga a las bancadas el peso siguiente, en función a su número de diputados: Morena 40%, con 200 diputados; PVEM 8%, con 40; PT 7.2%, con 36. De lado de la oposición, PAN cuenta con 114 diputados, un peso del 22.8%; PRI con 14%, por sus 70 legisladores; PRD 3%, con sus 15 representantes y Movimiento Ciudadano 5%, con 25 parlamentarios.

MAYORÍA

Morena y sus aliados tienen 55.2 % de los votos, con lo que hacen mayoría absoluta para designar a los 3 miembros del Comité Técnico de Evaluación que a la Jucopo corresponde, advierte.

“En lo que se refiere a la CNDH, está cooptada por Morena y, en cuanto al Inai, sería posible el nombramiento de 2 independientes, pero claramente estaría en minoría”. Recuerda que el Comité Técnico de Evaluación es el encargado de recibir la lista de los aspirantes; evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo.

“Pero, sobre todo, ese comité tiene la tarea de seleccionar a los mejor evaluados, en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitir la relación correspondiente a la Jucopo”, explica. Para el penalista y constitucionalista, si se considera que Morena tiene por lo menos 5 de los 7 evaluadores podría controlar la formulación de las cuatro quintetas con perfiles afines a Morena.

Recuerda que después la Jucopo recibirá las quintetas y votará quiénes de cada una tendría mayor consenso, selección en la que podría, de nueva cuenta, aplicar su voto ponderado con PT y PVEM.

Si bien en la votación entre los diputados del pleno se requiere del aval de las dos terceras partes de los presentes, en caso de que esto no se logre, se abre una la posibilidad más preocupante a juicio de León Olea: puede convocarse a una sesión en la que se defina a los ganadores por sorteo, a partir de las quintetas presentadas por el Comité.

“Y si no se puede hacer esto, entonces se mandan las propuestas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros haría el sorteo, una insaculación, con base en las quintetas del Comité Técnico”, recuerda.

“Como se ve, Morena tiene todo el poder para nombrar a sus aliados futuros en el INE y colonizarlo”, afirma. Frente a estos riesgos, considera que la oposición debe tejer muy fino para garantizar que uno de los futuros consejeros tenga autonomía con respecto a la autoproclamada Cuarta Transformación.

“La única herramienta de negociación que puede tener no es en el tema electoral, sino que tiene que ver las otras iniciativas de Morena, sea la futura reforma a la Guardia Nacional u otro asunto, a cambio de que se conforme un Comité más equilibrado”, indica.

Cuestionado sobre si los requisitos de los aspirantes no son suficientes para garantizar perfiles autónomos y profesionales, aclara que éstos resultan muy generales, por lo que los márgenes de discrecionalidad para el proceso de relevo son amplios.

Comentó que la inscripción de aspirantes ciudadanos calificados y ajenos a los partidos podrían ampliar el carácter autónomo de los futuros consejeros, siempre y cuando el Comité se integre de manera balanceada y exista una vigilancia y presión suficientemente fuerte de la opinión pública.

Sin embargo, expuso, ya en los hechos hemos observado cómo en muchos órganos autónomos o en organismos reguladores, al gobierno no le ha importado impulsar perfiles cuya única característica destaca es la lealdad a la llamada Cuarta Transformación.

Este texto se publicó originalmente en Excélsior impreso p.6) 

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