Donald Trump revocó ayer el “dictamen de peligro”, la conclusión científica que desde 2009 establecía que seis gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. Con un plumazo, eliminó la base legal de casi todas las regulaciones climáticas en EU. Lo llamó “la mayor acción de desregulación en la historia estadunidense”. Lo que realmente hizo fue convertir el negacionismo climático en política oficial del segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta.
La decisión completa su estrategia de desmantelamiento. Ya había retirado a EU del Acuerdo de París y de organismos internacionales sobre cambio climático. Ahora elimina la única base legal que permitía a la Agencia de Protección Ambiental regular emisiones bajo la Ley de Aire Limpio.
El secretario del Interior, Doug Burgum, declaró en Fox Business que “el CO2 nunca fue un contaminante” porque “es un gas que los humanos exhalan” y “las plantas necesitan para crecer”. Como si la dosis no hiciera al veneno. Como si respirar fuera equivalente a quemar combustibles fósiles a escala industrial. El punto es construir una narrativa donde la ciencia climática sea conspiración ideológica, donde regular emisiones se equipare con “estrangular la economía”.
De acuerdo con el Fondo de Defensa Ambiental, la medida podría añadir hasta 18 mil millones de toneladas métricas de emisiones a la atmósfera para 2055. Casi el triple de lo que EU emitió el año pasado. Esto se traduciría en hasta 58 mil muertes prematuras y 37 millones de ataques de asma adicionales. Pero en el cálculo de Trump, esas proyecciones son menos importantes que los ahorros inmediatos para la industria automotriz.
La revocación elimina límites a emisiones de vehículos y allana el camino para eliminar restricciones a plantas de energía y operaciones de petróleo y gas. Todo esto mientras 2025 se confirma como el tercer año más caliente jamás registrado. La Corte Suprema dictaminó en 2007 que los gases de efecto invernadero son contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio. Ese fallo permitió establecer en 2009 que representan un peligro para la salud pública. Ahora Trump argumenta que esa determinación “no tenía ninguna base fáctica”. Está contradiciendo directamente a la Corte Suprema y a décadas de evidencia científica.
Mientras la batalla legal se extienda por años, las emisiones seguirán aumentando. El cambio climático no negocia con calendarios judiciales. La física atmosférica no se detiene porque un político decida que la ciencia es inconveniente para sus intereses industriales.
EU es el segundo mayor emisor mundial. Su decisión tiene consecuencias globales: envía la señal de que la mayor economía del planeta prioriza ganancias a corto plazo sobre supervivencia a largo plazo. Ésta no es ignorancia. Es estrategia. Trump y su administración saben qué dice la ciencia. Han elegido priorizar la industria de combustibles fósiles sobre la evidencia. Están apostando a que las consecuencias llegarán después de que ellos dejen el poder.
El problema es que las consecuencias ya están aquí. Los incendios que arrasaron Los Ángeles. Las olas de calor que baten récords. Las inundaciones. Las sequías. Los huracanes cada vez más intensos. Todo esto es consecuencia del calentamiento que Trump niega.
Revocar el dictamen de peligro no cambia la realidad física de que quemar combustibles fósiles calienta el planeta. Sólo elimina la capacidad del gobierno para regular ese daño. Es como anunciar que el cáncer ya no será considerado enfermedad porque tratarlo es caro. La enfermedad no desaparece; sólo deja de combatirla.
Lo que Trump hizo ayer fue entregar deliberadamente la salud pública y el futuro del planeta a los intereses de la industria petrolera. Y lo hizo sabiendo exactamente qué está en juego, porque miles de científicos se lo han explicado con evidencia abrumadora durante décadas.
Esto no es política conservadora. Es política facinerosa.