“Adolecen fiscalías de autonomía”; foro en el Senado

En sentido general, “se puede afirmar que actualmente las fiscalías estatales no cuentan con la autonomía plena”, aseguró Leticia Soto Acosta, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), quien precisó que las 32 fiscalías dependen del Ejecutivo para recibir los recursos del FASP y planteó que otro grave problema es que los fiscales ganan cuatro veces menos que un juez.

La funcionaria federal propuso al Senado tres cambios constitucionales y cuatro legales para fortalecer las fiscalías estatales, a fin de que no se reduzca su presupuesto, tengan mayor autonomía y formen parte del equipo de búsqueda de personas.

Durante el foro sobre Autonomía e Independencia de las fiscalías generales del país, organizado por la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, expresó que su Fiscalía sí es autónoma, pero aclaró que autonomía no significa aislamientos y es necesaria la coordinación con diferentes instancias de gobierno.

Leticia Soto precisó que la mayoría de los titulares de las fiscalías estatales son nombrados y removidos a propuesta del Ejecutivo federal; Campeche, Chihuahua, Durango y Yucatán dependen directamente de su Ejecutivo estatal; Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala se mantienen como procuradurías; Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Jalisco no tienen autonomía presupuestal.

Además, 13 fiscalías no tienen unidad de extinción de dominio, mientras que en el plano organizaciones, la Fiscalía de Yucatán no cuenta con policía de investigación, por lo que depende de la Secretaría de Seguridad estatal para el ejercicio de las investigaciones y de los mandamientos ministeriales y judiciales.

“Hay tres fiscalías que no cuentan con servicios forenses propios: Guerrero, Jalisco y Ciudad de México y este modelo en su evaluación no siempre ha sido favorable. La Ciudad de México creo que es un ejemplo importate de éxito, pero habría que revisar cuál es la mejor forma de atender los servicios forenses”, dijo.

Resaltó que “otro dato fundamental es que “existe una brecha salarial significativa si comparamos a los salarios del Poder Judicial con los de las fiscalías, es decir, jueces y magistrados con fiscales que pueden ganar a veces hasta 4 veces más que un fiscal; brecha salarial de la que es fundamental hacernos cargo”.

Sobre la disminución de recursos, detalló que “todas las fiscalías dependen del Poder Ejecutivo de su entidad para la negociación y entrega de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP. Los recursos de este fondo se reparten de forma inequitativa y el porcentaje asignado a las fiscalías disminuye año con año.

“Quiero señalar que en el año 2020, la bolsa del FASP ascendió a nueve mil 606 millones de pesos, de los cuales el 24.2% se asignó a las fiscalías estatales; sólo un poco más de dos pesos de cada 10; este año la bolsa es de 10 mil 384 millones de pesos y sólo dos mil 250 son para las fiscalías, es decir, el 21.7%; este porcentaje ha ido decreciendo de manera anual”, precisó.

Explicó que son necesarias reformas a los artículos 21, 116 y 122 constitucionales para incluir a las fiscalías en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y fijar una estructura mínima para todas las fiscalías.

De igual manera, cambiar los artículos 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 25 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como diversos artículos de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.