Cárcel a quien privatice playas y bienes nacionales; alistan reforma al Código Penal
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados prevé aprobar penas de hasta dos años de prisión para quienes utilicen violencia o intimidación para restringir el acceso a playas, ríos y zonas federales
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobará un castigo de hasta dos años de cárcel a quien utilice la violencia para privatizar playas, ríos, lagunas, caminos federales y todo tipo de bienes nacionales.
Los diputados federales tienen planeado aprobar este martes en comisiones la adición del artículo 254 Quáter en el Código Penal Federal para establecer el nuevo criterio, a fin de castigar la violencia que se usa para imponer el uso personal de un bien nacional.
Las sanciones previstas en el Código Penal
Se impondrá de seis meses a dos años de prisión a quien, por sí o por interpósita persona, inhiba, restrinja, obstaculice o condicione el libre acceso a los bienes nacionales de uso común, tales como playas marítimas, ríos, lagos, cauces, caminos, zonas federales y demás bienes destinados al uso público en términos de la legislación aplicable, cuando la conducta se realice con violencia o intimidación.
Se impondrá la misma pena a quien, después de haber sido requerido formalmente por la autoridad competente para permitir o restituir el libre acceso, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, persista en esa conducta”, dice el dictamen que se aprobará en la Comisión de Justicia de San Lázaro.
Insuficiencia de las leyes actuales
Los diputados admiten que si bien se han desarrollado diversos mecanismos legislativos para impedir la privatización de las playas, la realidad demuestra que no han servido para evitarlo.
En octubre del 2020 entró en vigor un decreto firmado por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que reformaba la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso a las playas del país y terminar con los intereses de particulares.
“Pese a la existencia de estas disposiciones normativas, se ha observado que el problema persiste e incluso ha aumentado el número de denuncias, lo que indica que la situación se ha agravado, registrándose cada vez más casos de esta naturaleza en distintas entidades del país.
Vulneración al libre tránsito
Se han presentado diversas denuncias colectivas, tanto de ciudadanos como de comunidades costeras y organizaciones sociales que se enfrentan a este problema que restringe su acceso a las playas, señalando la vulneración de derechos garantizados por nuestra Constitución, como el libre tránsito y el acceso a los bienes nacionales”, dice el dictamen en la exposición de motivos.
Resalta que “las medidas administrativas han resultado insuficientes para disuadir estas conductas que afectan los derechos colectivos y, en este sentido, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de protección jurídica para garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los mexicanos.
