Sancionan por acoso a médico residente y titular de subdirección de cirugía del INER
La denunciante hizo público el acoso y hostigamiento en junio de 2025; el procedimiento concluyó el pasado 10 de abril.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que, tras una investigación administrativa, se acreditaron los hechos de acoso y hostigamiento laboral denunciados por una médica residente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), identificada como Paola, lo que derivó en sanciones contra los implicados y en la restitución de sus derechos académicos.
El caso, que se hizo público en junio de 2025, generó una fuerte reacción dentro de la comunidad médica residente, al evidenciar presuntas fallas institucionales en la protección de víctimas dentro del sistema de salud pública.
De acuerdo con la dependencia federal, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud inició de inmediato las investigaciones tras la denuncia formal presentada por la residente, quien acusó a un compañero —identificado como Gustavo L.— de acoso, y a una superior jerárquica, Francina B., de hostigamiento laboral.
Esta última se desempeñaba como titular de la Subdirección de Cirugía y profesora del Programa de Especialización en Cirugía Cardiotorácica del INER.
El procedimiento concluyó el pasado 10 de abril, fecha en la que la autoridad determinó que los hechos denunciados quedaron plenamente acreditados, con base en evidencia recabada durante el proceso.
Destitución, inhabilitación y baja del programa
Como resultado de la resolución, la Secretaría informó que se aplicaron medidas contundentes contra los responsables. La funcionaria señalada fue destituida de su cargo e inhabilitada, mientras que el médico residente acusado fue dado de baja del programa de especialización.
En paralelo, se ordenó la restitución de la víctima en su formación profesional, mediante su reinscripción en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, donde podrá continuar su especialidad médica.
La dependencia subrayó que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones, aunque advirtió que defenderá las decisiones “con firmeza, apegadas a derecho y respaldadas en evidencia”.
Caso provoca indignación
El caso de Paola provocó indignación entre médicos en formación, especialmente porque, en un inicio, la residente fue separada del programa en lugar de recibir protección, lo que encendió el debate sobre la revictimización dentro de instituciones públicas.
Diversos sectores señalaron que este tipo de situaciones reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos internos para prevenir y sancionar el acoso laboral y sexual, particularmente en entornos jerárquicos como el médico.
La intervención del Órgano Interno de Control incluyó la implementación de medidas de protección inmediatas, entre ellas la separación temporal de la funcionaria señalada mientras se desarrollaba la investigación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso con la erradicación del acoso y el hostigamiento en las instituciones públicas del país.
La dependencia subrayó que “las mujeres que enfrenten situaciones de este tipo no están solas”, y llamó a denunciar cualquier conducta indebida a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
La decisión de reinstalar a la residente en otro hospital público refuerza el principio de continuidad académica sin represalias, un elemento clave para evitar la deserción y proteger trayectorias profesionales.
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