El acoso sexual y laboral del gobierno de Nayarit

Gobierno de Nayarit enfrenta denuncias por hostigamiento laboral y sindical

Una de las reglas dentro del gobierno de Nayarit encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, es que los directivos de alto nivel tienen permitido acosar sexual y laboralmente a sus trabajadoras de manera discreta, sin importar la dependencia, siempre y cuándo consigan que renuncien.

La administración estatal de Nayarit ha dejado de ser una administración de diálogo para convertirse en un régimen de persecución, intimidación y hostigamiento hacia la clase trabajadora.

A lo largo de las principales dependencias estatales, la constante no es la eficiencia ni el servicio público, sino el acoso laboral, el bullying y hasta el acoso sexual ejercido por mandos medios y superiores, lo que ha generado ambientes hostiles donde los trabajadores se sienten vulnerados, perseguidos y, en muchos casos, empujados a estados de ansiedad y estrés que afectan no solo su desempeño, sino también su salud.

El líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (SUTSEM), Óscar Cedano, denunció en entrevista con Grupo Imagen que el gobernador mantiene una actitud de desprecio hacia los trabajadores:

“Navarro Quintero ignora a la clase trabajadora, nos hace a un lado con una actitud infantil. Pareciera olvidar que somos los empleados quienes sacamos adelante los ayuntamientos y los poderes del estado. El gobernador incumple con el estado de derecho”, sentenció.

Pero la queja va más allá de un maltrato verbal o institucional, el mandatario nayarita ha utilizado a la Fiscalía estatal para mantener una persecución policiaca contra líderes sindicales, mientras que la Auditoría Superior del Estado funge como brazo político para amedrentar a cualquier actor que intente entablar una negociación con el SUTSEM. En lugar de diálogo, se imponen las amenazas para doblegar a los trabajadores sindicalizados.

Un ejemplo claro es la sentencia de amparo 340/2025, en la que un juez federal ordenó reconocer la dirigencia sindical elegida democráticamente por miles de trabajadores.

A pesar de la instrucción judicial, las autoridades locales —particularmente José Luis Olivares, presidente de la Sala de Conflictos Colectivos— han retrasado deliberadamente el cumplimiento, incurriendo en desacato y negando el derecho de los trabajadores a una representación legítima.

Esta maniobra, advierte Cedano, no solo entorpece la negociación colectiva y la revisión salarial, sino que también constituye una violación directa a la autonomía sindical.

La situación ha llegado al límite. El SUTSEM ya tiene en puerta huelgas en municipios como Santiago Ixcuintla, así como emplazamientos contra el propio Poder Ejecutivo por violaciones sistemáticas al contrato colectivo. “Nos obligan a recurrir una y otra vez a la justicia federal, porque en Nayarit se nos cierran todas las puertas”, denunció Cedano.

El descontento se agrava con el desfalco millonario al fondo de pensiones, un robo que dejó en la indefensión a jubilados y futuros pensionados. Aunque el propio Navarro Quintero prometió una auditoría forense, nunca cumplió. Peor aún: intentó trasladar el costo del saqueo a los trabajadores retirados, eliminándoles prestaciones como el fondo de ahorro.

A esto se suman las más de dos mil plazas congeladas, la ausencia de vivienda para empleados estatales, y la precarización laboral derivada de la falta de recategorizaciones: trabajadores que realizan funciones de nivel profesional reciben sueldos mínimos, en clara violación al principio constitucional de “a trabajo igual, salario igual”.

La situación en el sector salud es todavía más crítica. No hay medicamentos, no hay personal suficiente ni equipos médicos adecuados. Los trabajadores terminan absorbiendo con su propio salario los costos que debería cubrir el estado. Un golpe más al bolsillo de quienes ya enfrentan salarios deprimidos.

El caso de Nayarit es un espejo del deterioro institucional que vive el país: un gobierno que persigue en lugar de escuchar, que ignora en lugar de dialogar, y que convierte los derechos laborales en letra muerta.