Jaime Bonilla salió del juzgado sonriendo. Llevaba encima 24 horas y media de audiencia, una vinculación a proceso por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, y el aplomo de quien considera que la justicia es, antes que nada, un instrumento político. “Nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”, dijo entre risas. La frase es un monumento a la desvergüenza, pero también una confesión involuntaria sobre cómo entiende el poder quien lo ejerció en Baja California entre 2019 y 2021.
El caso no es menor. El convenio entre su administración y la empresa Next Energy comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, para un total de 35 mil millones, garantizados con participaciones federales.
La planta fotovoltaica nunca se construyó. El cobro fue muy real. Cuando el fuero como senador se lo permitió, Bonilla evitó la acción de la justicia; al regresar al estado en 2024, no se presentó a 12 audiencias.
Sus abogados ensayaron todo el catálogo: tobillo roto, carga laboral, un viaje a Sudáfrica. El juez determinó que las pruebas eran suficientes para vincularlo como coautor con dolo. El fuero se acaba. Los pretextos también.
El problema para Morena —aunque ya lo expulsó en 2023— es que Bonilla no es un accidente en su historia, sino un producto de ella. Su triunfo en 2019 marcó la llegada del partido al gobierno estatal y consolidó su influencia en la entidad.
Lo que hizo con el erario lo hizo desde esa posición, con esa cobertura, en ese tiempo. Los senadores morenistas se apresuraron a decir que la vinculación no tiene nada que ver con la disputa por el Plan B electoral, que el caso es estrictamente jurídico. Puede ser. Pero que la acción judicial llegue en medio de una pelea abierta entre facciones del mismo bloque no es un dato menor. En México, la justicia tiene ritmos que rara vez son casuales.
La inhabilitación administrativa de tres años ya anuló sus aspiraciones de contender por la alcaldía de Tijuana.
Seguirá el proceso en libertad, con una garantía de 100 mil pesos —menos de 0.001% del daño que se le atribuye.
Tiempo para que la política acomode las piezas. Lo que no se acomoda tan fácil es la pregunta de fondo: si un gobernador morenista pudo comprometer las participaciones federales de su estado por décadas en un contrato que no produjo nada, ¿cuántos contratos parecidos siguen sin llegar a un juzgado? Esa es la pregunta que Morena prefiere no hacerse. Y Bonilla, con su sonrisa de salida, parece saberlo.