A lo largo de décadas, en México se ha construido un marco jurídico amplio que reconoce la protección del medio ambiente como un asunto de interés público. Existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Responsabilidad Ambiental y la regulación específica para el sector de hidrocarburos, sólo por mencionar algunas. En tal sentido, el bache ecológico en nuestro país no radica en la ausencia de normas, sino en la distancia que aún persiste entre lo que éstas establecen y lo que ocurre cuando se presentan situaciones reales. Lo que pasa hoy en día en el golfo de México es muestra de lo anterior.
La Ley General de Responsabilidad Ambiental establece con claridad un principio fundamental: quien cause un daño al ambiente está obligado a repararlo. Y no se trata únicamente de restaurar ecosistemas, sino de proteger a las personas frente a los efectos de la contaminación. Esta visión es, en sí misma, un avance importante dentro del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, su eficacia depende de la capacidad de investigar, esclarecer y, en su momento, aplicar la ley sin dilación.
Un derrame de la naturaleza de éste, que hoy afecta a diversas comunidades, playas y lagunas en Veracruz y Tabasco, así como a sus respectivos ecosistemas y vida silvestre, no se queda en el agua ni en las cifras, se refleja en el pescador que no puede salir al mar, en la familia que deja de percibir ingresos y en la comunidad que ve amenazada su forma de vida.
Lo que ocurre no es sólo un daño ambiental, que en sí mismo ya es inaudito, sino que va más allá, pues el daño es también humano, económico y social. A ello se suma un riesgo real para la salud y la seguridad de quienes habitan y trabajan en las zonas afectadas. Y si bien es cierto que la legislación mexicana reconoce estas dimensiones, en la práctica, aún hay retos para atenderlas de forma integral.
¿Quién absorbe entonces las pérdidas económicas de quienes ya no pueden trabajar? ¿Cómo se garantizará que la reparación del daño sea realmente completa y no se limite a acciones superficiales? Estas preguntas no buscan responsabilizar, sino subrayar la necesidad de que el marco legal opere como fue concebido.
Para ello, el papel de las instituciones resulta central. Existe, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que entre sus funciones tiene prevenir, supervisar y responder ante este tipo de situaciones.
Otro aspecto que no puede ignorarse es la participación de las comunidades en labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados. Este hecho refleja solidaridad, pero también evidencia la necesidad de apoyo y protección hacia las personas involucradas a fin de evitar que quienes buscan ayudar terminen expuestos a riesgos adicionales.
Casos como éste, que no es el primero y muy probablemente no será el último, nos obligan a mirar el marco jurídico ambiental y recordar la necesidad de hacerlo valer. En el Partido Verde, durante años, hemos trabajado para la existencia de muchas de las normas ambientales hoy vigentes en nuestro país. Hemos logrado grandes pasos, como la expedición de la propia Ley General de Responsabilidad Ambiental, y esa legislación ambiental no fue creada para permanecer en el papel, sino para activarse con rigor cuando más se necesita. Pero que los mecanismos jurídicos funcionen como debe ser depende de las instituciones facultadas para hacerlos valer.
Las leyes existen porque anticipan escenarios como éste, pero no basta con que estén escritas. Es necesario que se apliquen, que se investigue con seriedad y que, llegado el momento, se determinen responsabilidades conforme a derecho. Es momento de hacer valer la justicia ambiental.