Abogados evalúan retos y modificaciones en el sistema electoral judicial

A menos de un año de la entrada en vigor de la reforma judicial, especialistas en derecho analizan la “reforma sobre la reforma”, un conjunto de ajustes técnicos orientados a mejorar la operación institucional y brindar certidumbre jurídica

La denominada “reforma sobre la reforma judicial”, aprobada en el Congreso la semana pasada, ha comenzado a evaluarse en el ámbito legal de México.
La denominada “reforma sobre la reforma judicial”, aprobada en el Congreso la semana pasada, ha comenzado a evaluarse en el ámbito legal de México.Especial

Especialistas del sector legal analizaron los impactos de la denominada “reforma sobre la reforma judicial”, aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

A menos de un año de que cobraran vigencia los cambios constitucionales al aparato de justicia promovidos desde el gobierno federal, analistas consideran necesario implementar ajustes puntuales para optimizar su aplicación práctica.

En un análisis realizado por los abogados Juan Carlos Machorro y Jair Vaca, socio y counsel de la firma Santamarina y Steta, durante su participación en el podcast Evolución Legal, señalaron que, si bien las modificaciones originales formaron parte de un proceso de transformación institucional para renovar mecanismos del Estado, su puesta en marcha ha planteado retos operativos y jurídicos que hoy requieren revisión.

Uno de los temas centrales del debate es la reforma judicial, la cual introdujo el esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros, un modelo cuya aplicación escalonada se desarrollará entre los años 2025 y 2027.

Este procedimiento ha generado diversas opiniones entre académicos, empresarios y especialistas del derecho respecto a sus efectos en la impartición de justicia y la certeza legal.

Ante este escenario, los especialistas explicaron que se analizan modificaciones específicas para fortalecer el sistema, entre las que destacan la reorganización del proceso para modificar y ordenar algunas de las etapas del proceso electoral judicial. También, sobre los requisitos de elegibilidad se deben establecer condicionantes y requisitos adicionales para las personas que aspiren a ocupar cargos jurisdiccionales.

Abogados coinciden en que el desafío es consolidar reglas claras que fortalezcan la estabilidad regulatoria.
Abogados coinciden en que el desafío es consolidar reglas claras que fortalezcan la estabilidad regulatoria.Especial

En tanto, sobre la especialización interna consideran que se deben recuperar los esquemas de especialización técnica dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Flexibilidad fiscal

En lo relativo al ámbito hacendario, Jair Vaca detalló que las modificaciones iniciales realizadas al Código Fiscal de la Federación alteraron los mecanismos diseñados para garantizar los créditos fiscales.

Posteriormente, el Congreso de la Unión intervino para realizar ajustes normativos que permitieron nuevamente el uso de pólizas de fianza como una alternativa válida para garantizar dichas obligaciones. Los litigantes explicaron que esta última medida fue considerada como positiva por diversos sectores económicos.

Para los integrantes de Santamarina y Steta, estas adecuaciones demuestran que las reformas complejas con impacto directo en la economía requieren un proceso constante de evaluación y perfeccionamiento.

Certeza jurídica

Los profesionales del derecho coincidieron en que el desafío prioritario para el país consiste en la consolidación de reglas claras que fortalezcan la estabilidad regulatoria.

En un contexto global caracterizado por una intensa competencia internacional para la atracción de capitales, la fortaleza de las instituciones y la estabilidad normativa se perfilan como los factores determinantes para impulsar el crecimiento económico y asegurar el desarrollo nacional de largo plazo.

La deliberación sobre la “reforma sobre la reforma” se encuentra en sus etapas iniciales; sin embargo, los analistas concluyeron que el proceso refleja la relevancia de evaluar de forma permanente los cambios legales para garantizar resultados efectivos en beneficio de los ciudadanos, las empresas y las instituciones.