Desde Washington se repite una acusación cómoda: México protege a sus políticos vinculados al crimen y se hace de la vista gorda. Es una narrativa poderosa porque justifica la presión, los aranceles y hasta la amenaza de intervención. Tiene un solo problema: la evidencia la desmiente. El Estado mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sí está actuando contra su propia clase política, sin importar el partido. Y el mejor ejemplo se llama Operativo Enjambre.
Lanzado en noviembre de 2024, el operativo acumula 147 funcionarios detenidos en al menos cinco entidades —Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco y más— por presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión y delincuencia organizada. No es una purga contra la oposición. Entre los detenidos hay alcaldes y exalcaldes emanados del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y también de Morena, el partido en el poder. En el Estado de México cayó la exalcaldesa de Amanalco, de Morena, junto a la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, de la alianza PRI-PAN. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada ha ejecutado órdenes giradas por jueces contra políticos de todas esas siglas. No es un golpe mediático ni una venganza partidista: es un proceso judicial en marcha. El operativo no distingue colores.
Y no se detuvo. En las últimas dos semanas, en Morelos, fueron capturados funcionarios de Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla. El alcalde de Cuautla, prófugo 10 días, fue detenido por orden de un juez y acusado de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Un presidente municipal en funciones, tras las rejas. Eso no es simular: es el Estado entrando a donde antes no entraba.
El telón de fondo son las cifras que el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, presentó el 27 de mayo en la conferencia matutina. De septiembre de 2024 a mayo de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos cayó 49%, de 86.9 a 44.3 asesinatos por día, el nivel más bajo del periodo. Las reducciones por estado son notables: Nuevo León, 77%; Guanajuato, 68%; Estado de México y Guerrero, 60%; Jalisco, 50%. En Guanajuato, el estado más golpeado por la violencia, los homicidios diarios bajaron de casi 13 a 4. En ese lapso fueron detenidas más de 54 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 400 toneladas de droga y casi 30 mil armas, y se destruyeron 2 mil 400 laboratorios clandestinos.
La honestidad obliga a un matiz. Detención no es sentencia, y la presunción de inocencia debe respetarse en cada caso. Falta que las carpetas se conviertan en condenas firmes, y ahí México todavía arrastra una deuda histórica con la impunidad. Pero una cosa es la deuda judicial y otra, muy distinta, la afirmación de que el país no hace nada. Detener a 147 funcionarios, incluidos los del propio partido gobernante, y reducir a la mitad los homicidios no es la conducta de un Estado capturado. Es la conducta de un Estado que coopera porque le conviene y que limpia su casa porque puede.
Aquí está el punto que importa para la relación con Donald Trump y Estados Unidos. La soberanía no se demuestra con discursos, sino con operaciones y expedientes. Cada alcalde detenido, cada laboratorio destruido, cada punto porcentual menos de homicidios es un argumento que vale más que cien declaraciones. Es la prueba material de que México combate al crimen con método propio, no por instrucción ajena. Y le quita el piso a quienes, dentro y fuera del país, necesitan retratar a México como cómplice para justificar la presión.