A salvar la justicia en México; los desafíos

Con motivo de la reforma judicial, mañana entrará en funciones un nuevo Poder Judicial, encabezado por una nueva Suprema Corte de Justicia. Ya mucho se ha escrito sobre dicha reforma, la cual está consumada y está en aplicación. Ya no importa si fue buena, regular o mala, sino que ya es. Es muy sabido que una casa hipotecada no se salva quemándola.

Por eso convine con Pascal Beltrán del Río ya no mirar para atrás sino para adelante, porque es mucho lo que está al frente y que los mexicanos tendremos que resolver en los siguientes años.

En lo personal, he escrito y publicado 30 artículos para publicaciones de prensa y especializadas; he participado en 25 foros oficiales, privados y profesionales; me he expresado en 60 entrevistas televisivas y radiofónicas; y he intervenido en 120 juntas de alto nivel gubernamental, académico, empresarial, universitario y ciudadano.

No soy el autor único de todas estas ideas. Ojalá lo hubiera sido. Pero, en realidad, es un tema que hemos comentado con muchos amigos conocedores. Muchos son simpatizantes del gobierno y muchos no lo son. Lo importante es que ni unos ni otros están convencidos ni de la bondad, ni de la utilidad de estos cambios. Antes bien, los ven desde con recelo hasta con desprecio.

Algo o mucho de esto se lo he leído o escuchado, recién o remoto, a Richard Morris, a Laurence Tribe, a Ricardo Sodi, a Raúl Contreras, a Diego Valadés, a Froylán Muñoz, a Víctor Olea, a Pascal Beltrán del Río, a José Ramón Cossío, a Rodrigo Brito, a Cecilia Romero Apis, a ministros y exministros de la Suprema Corte, a catedráticos de nuestras prestigiadas universidades, a investigadores y autores, a abogados independientes y dirigentes de la abogacía, a analistas y comunicadores. A todos ellos debiera escucharse con serenidad y con respeto. Así que salgamos del pasado y vayamos al futuro.

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Hay el consenso más amplio de que la sociedad mexicana vive en una situación que va desde el temor hasta la indignación porque convive con una fractura de su Estado de derecho. Amenazada en algunas ocasiones; agredida, en otras. Al final de cuentas agraviada y ofendida, nuestra comunidad está acosada por varias causas principales de atrofia de la capacidad reactiva de su sistema de derecho y de justicia de nuestros tiempos que, de no actuar en consecuencia, lo será también de los tiempos futuros.

La primera a mencionar es la delincuencia, uno de los fenómenos más notorios del momento actual. A ello, se agrega un sistema procesal que contiene una fuerte dosis de desequilibrio entre las partes, complicado con lentitud, dificultades excesivas, rigideces innecesarias y otros vicios que lo hacen muchas veces inaccesible, lento, caro y desesperante.

El proceso es la piedra fundamental de la capacidad reactiva del sistema jurídico. No hay sistema jurídico eficiente si el proceso se encuentra atrofiado. En otras palabras, si el proceso no puede corregir el incumplimiento, quien habrá triunfado es la ilegalidad.

En tercer lugar, está la ilicitud, entendida ésta como la transgresión no penal de las normas jurídicas. Es decir, aquellas violaciones al sistema de derecho que, sin ser delincuenciales, generan el espacio para que no paguemos lo que debemos, para que no cumplamos lo que prometemos o para que no respetemos los derechos de los demás ni como ciudadanos, ni como gobernantes, ni como contribuyentes, ni como patrones, ni como trabajadores, ni como proveedores, ni como adquirientes, ni como inquilinos, ni como caseros, ni como nada. Es decir, la barbarie entronizada.

Existen también avisos de abuso de autoridad. Esa indebida consideración de que la ley es un espacio demasiado estrecho para cumplir con los propósitos del Estado. El sofisma de que los fines justifican los medios. La confusión entre política y derecho. El pseudo apotegma de que el propósito o el interés político deben triunfar con la ley, sin la ley o contra la ley.

La corrupción se ha convertido en un mal endémico de los sistemas de justicia, particularmente en los tiempos recientes. Las razones de esta infiltración progresiva están directamente asociadas a un signo ineludible de nuestros tiempos: la delincuencia organizada. No existe, desde hace 40 años, ninguna especialidad del crimen organizado en el mundo que no requiera contar con ramificaciones dentro de la autoridad no sólo para su funcionamiento eficiente, sino hasta para su simple viabilidad.

Un sexto adversario es la lenidad, esa blandura que muchas veces aspira a confundirse con la benevolencia y que, a la postre, se convierte en una dictadora injusta, que considera que la ley carece de razón por el hecho de que su incumplimiento ha ganado terreno de tradición y que su transgresión debe aceptarse como norma de costumbre y hasta de cultura.

Una séptima causa sería la ineficiencia, la cual se presenta en casi todas las especialidades jurídicas, como la penal, la civil, la mercantil, la laboral, la familiar y otras más, la cual proviene de factores que van desde el tamaño de las instituciones y sistemas correspondientes, la penuria presupuestal a la que han sido condenadas, los sistemas de profesionalización del servicio de justicia, la deficiencia en los sistemas de equipamiento, la carencia de sistemas de organización y control y la ausencia de políticas de funcionamiento y de métodos de trabajo modernos y prácticos.

Por último, existe una muy profusa y, lamentablemente, muy profunda cultura de la ilegalidad que podría decirse que es la primera causa y, acaso, este breve listado por ahí debió comenzar.

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Muchos mexicanos no creen, hoy en día, en la justicia como un valor esencial de la vida. Algunos, por decepción. Otros más, por resignación. Acaso otros, por cinismo. Hay quienes, por simple comodidad intelectual o por acomodo temperamental.

Así las cosas, no pueden considerarse como reducidos los escenarios de nuestra civilización y de nuestra vida cotidiana en donde se considera que someterse al imperio de la ley es un signo de debilidad; o que respetar la Constitución es conceder ventajas innecesarias a los delincuentes; o que desempeñar honestamente un cargo público es una forma de estupidez; o que inculcar en los hijos principios de legalidad es inutilizarlos para el futuro; o que batallar por una superación de las profesiones jurídicas es arar en el mar.

O que propugnar por un mejor Estado de derecho es malbaratar el tiempo; o que el prestigio obtenido por el respeto a la ley es una condena al fracaso político; o que buscar soluciones en el cauce legal es complicar los problemas; o considerar que la abogacía es una profesión anticuada y sin futuro; o en fin, como decía Quevedo, que en el mundo de la injusticia tener la razón es un gran peligro.

Pero se ha dicho que es mejor encender una vela que quejarse de la oscuridad. Por eso, no es un proyecto menor la preservación y el perfeccionamiento del Estado de derecho.

En primer término, la Nación requiere contar con políticas integrales en materia de Estado de derecho con las que, hasta hoy en día, no se ha contado.

En segundo lugar, se requiere actuar decididamente en el sistema de justicia para que la mejoría coincida con la modernización.

En tercer lugar, es importante una profunda simplificación jurídica.

En cuarto lugar, para la vigorización del Estado de justicia, sería conveniente desplegar acciones que propicien la solución de controversias por la vía de la legalidad y ampliar las facultades públicas, para extender las posibilidades de protección y de equilibrio dentro de la contienda.

En quinto término, para el logro de una mayor seguridad jurídica, se requiere fortalecer todo el sistema de previsión de daños jurídicos.

En sexto término, en el asunto de mejoría en las profesiones jurídicas es muy importante tener en cuenta que el problema jurídico de México no empieza en el juzgado ni en la agencia, sino en la escuela de derecho, a efecto de actuar en cuanto a programas, a prácticas, a vocaciones, a propósitos, a desarrollo, a calificación y a colegiación.

Por último, se requiere revertir una cultura de ilegalidad que haga que muchos mexicanos asuman preservar y perfeccionar el Estado de derecho dentro de sus sociedades.

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Desde luego, que en todo esto no se debe actuar en los cauces de la primera ocurrencia, que sólo conduciría al despotismo o a la anarquía, dependiendo de quien fuera el ocurrente. De ahí se desprende dudar de todo un sistema de derecho. Se llega, incluso, al extremo de negar éste y, con ello, la viabilidad nacional. Un desafío de crisis que no se compadecerá de nuestro abuso de improvisación y de nuestra ausencia de majestad.

Hemos estado en contra de muchas de las ocurrencias que hoy suelen verterse como irresponsable excreción. Una de ellas promete una justicia futura a cambio del precio barato de una injusticia presente. A título de inversión abonera nos invita a apartarnos, por un tiempo, del derecho y de la seguridad jurídica para lograr un estado ideal futuro. Es una oferta seductora, pero engañosa. A ese postulado se ha reducido la filosofía política de todas las dictaduras.

La otra ofrece, como si fuera promoción de mercado, un resultado sin espera. Su fórmula es culpar a la ley o al tribunal. Lograr, en una condena sumaria, destruirlos y suplantarlos por otra al gusto de todos. Este ha sido el argumento de todas las malas democracias.

No puede ser el asunto de la justicia el último de la agenda nacional. México está obligado a avanzar en esta cuestión que es presupuesto indispensable de desarrollo, de bienestar, de seguridad, de democracia, de soberanía, de libertad y de concordia.

Estos factores fundamentales de convivencia no pueden existir para unos cuantos. No existe el desarrollo, ni la seguridad, ni la soberanía de excepción como no existe la justicia de excepción. Si no existe para todos, es que no existe para nadie. Ya Platón anunciaba que, peor que la injusticia, es la justicia simulada.

Sabemos que la justicia ha sido campo de batalla. Hoy, más que nunca, la justicia requiere acompañarse de fortaleza, de prudencia y de templanza, porque nunca triunfa cuando se asocia con los falsos símiles de aquéllas. Ni con la fuerza, que a veces aparenta ser fortaleza. Ni con el temor que, en ocasiones, pretende disfrazarse de prudencia. Ni con la mera abstención, que tiene ansias de engalanarse como templanza verdadera.

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Las cuestiones que más han afectado al sistema procesal mexicano son:

— Un fuerte y esencial desequilibrio entre la posición de cada una de las partes involucradas en el procedimiento penal.

— Una degradación valorativa y un creciente menosprecio a la función de la prueba y al propósito probatorio del proceso.

— Una serie de procedimientos, criterios y omisiones irregulares y confusas que han permitido la entronización de prácticas y personajes que no corresponden a los propósitos constitucionales.

En ello debe trabajarse, por lo menos en las siguientes líneas de estrategia:

El asunto de la justicia es una cuestión total y global.  Todos los días se resuelve su suerte en todos los frentes. No sólo por lo que consagra la Constitución o la ley, triunfa la justicia, sino que se alcanza o se pierde en todo acto de aplicación en la agencia del Ministerio Público, en la comandancia de policía, en el juzgado o tribunal, en la oficina administrativa, en el centro de readaptación.

El derecho no es solamente un sistema de normas; es, también, un sistema de hombres y mujeres. No es un monumento inmóvil, sino maquinaria en funcionamiento, donde la degradación de la pieza menos notable puede vulnerar toda la función o hasta volverla adversa.

El desafío de la justicia futura obliga a hacer uso de voluntad, de serenidad y de firmeza para conjurar toda vulneración al Estado de derecho, cualquiera que sea la forma que adopte, llámese arbitrariedad, abuso, desvío, ilicitud, delincuencia, impunidad, corrupción o lenidad.

Es muy duro decirlo, pero está muy perdido el gobernante que ni siquiera puede aplicar sus propias leyes.

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Hay dos voces que hoy resuenan muy fuerte al hablar de la Constitución. Una de ellas es nueva, aunque no original. Tendrá un par de años o acaso un poco más. Dice, dogmáticamente, que la Constitución hay que reformarla. La otra, por el contrario, es original, aunque no nueva. Tendrá un par de siglos, acaso un poco menos. Dice, enérgicamente, que la Constitución hay que respetarla.

La primera arguye que los mexicanos seríamos más felices con una Constitución reformada. La segunda, sostiene que los mexicanos seríamos más felices con una Constitución respetada. Desde luego, no creo que sean voces necesariamente contradictorias. Las constituciones deben respetarse, además de renovarse. Lo peligroso es creer que la sola expedición constitucional nos puede llevar por sí sola a la felicidad.

Es falso el dilema entre los medios y los fines. Prometer un buen futuro con el precio de un mal presente. Ese ha sido el argumento de todas las dictaduras. Si la justicia traiciona a los medios por su lealtad a los fines o si deserta en los fines por su fidelidad a los medios, habrá triunfado en mitades y cuando la justicia triunfa a medias, en realidad quien ha vencido es la injusticia.

El poder a medias es el triunfo de la impotencia. La moral a medias es el éxito de la indecencia. La justicia a medias es la victoria de la obsecuencia. Lo único peor que la injusticia es la justicia simulada y ésta se llama justicia a medias.

En fin, en materia de justicia todos obedecemos a uno de tres imperativos.  Al de nuestras leyes, al de nuestros criterios o al de nuestros dueños. Por eso, en muchos capítulos de la historia, los políticos se han empeñado en desprestigiar a los tribunales y, con ello, hacerse de un rebaño asustado que busca un protector a modo. Desde siempre, las ovejas le han temido al lobo, pero quien se las come es el pastor.

Hoy más que nunca y para el futuro se debe tener presente, todos los días, que la justicia requiere ser conocedora, para que no la engañen. Leal, para que no la seduzcan. Honesta, para que no la compren. Valiente, para que no la asusten. Respetada, para que no la ataquen. Inteligente, para que no la confundan. Y fuerte, para que no la sometan.

Presidente de la Academia Nacional de México

X: @jeromeroapis

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