52 años buscando: La lucha de Tita Radilla que transformó la justicia
A más de medio siglo de la desaparición forzada de su padre durante la Guerra Sucia, la activista Tita Radilla mantiene una búsqueda incansable que no solo desafía al olvido, sino que forzó una reforma histórica al fuero militar y al sistema jurídico mexicano
Hubo un tiempo en el que Tita Radilla, buscadora y activista, se sintió cansada de tanto luchar y quiso dejarlo todo.
Tras décadas de buscar a su padre —el líder campesino y luchador social Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974, durante la Guerra Sucia—, de guiar y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero, se planteó tirar la toalla. Pero, en sueños, su padre lo evitó.
En un momento yo dije: ‘Ya voy a dejar esto. Estoy rendida’. Y soñé que me dijo: ‘¿Por qué lo quieres hacer? No, no puedes hacerlo’. Entonces yo le respondí: ‘Sí, ya me cansé, estoy agotada’. Y él me dijo: ‘A rajarse en su tierra’”, cuenta Tita Radilla en entrevista con Excélsior.
Como líder campesino de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, Rosendo Radilla siempre se interesó por su gente.
“Antes de ser presidente municipal fue activista. Él era presidente del Comité Regional Campesino y formó, con Genaro Vázquez, la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata… realizaban muchas gestiones, de escuelas, sobre todo casas de salud.
“Para él era importante que todos los niños pudieran estudiar… Iba a México, conseguía lápices, cuadernos, útiles… le preocupaba muchísimo que los niños tomaran agua de la llave porque había mucha parasitosis en ese tiempo y los niños morían por esa enfermedad”, cuenta Tita.
En la década de los 70 del siglo pasado, Rosendo Radilla, junto con otros luchadores sociales como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, se convirtió en una figura incómoda para el gobierno en un periodo en el que éste se dedicó a desarticular movimientos sociales a partir de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, lo que hoy conocemos como Guerra Sucia.
Acusado de conspiración y otros delitos, Vázquez terminó en la cárcel, escapó y se fue a la clandestinidad. A partir de ese hecho se conformó la Asociación Cívica Guerrerense.
“Y empezaron la persecución y los problemas fuertes. Él (Rosendo Radilla) estuvo apoyando a las familias en el movimiento cuando empezaron las desapariciones. Y después le tocó a él”, narra su hija.
La desaparición forzada de su padre, hace 52 años, transformó la vida de Tita. Para ella no era solamente el incansable líder social. “Era muy buen padre. Solidario no sólo con la población. Era un padre muy amoroso y muy comprometido”.
El dolor de perderlo, a sus 22 años, cuando esperaba a su segunda hija, hizo que Tita borrara años enteros de su memoria.
“Fue muy duro. Me pasé siete años de Atoyac a Chilpancingo y de Chilpancingo a Atoyac, pensando que él iba a llegar allá… hasta que mi esposo me dijo: ‘Oye, tienes que parar… las niñas necesitan de ti’”.
Fue tras la muerte de su madre, Victoria Martínez, que Tita asumió de lleno la búsqueda de su padre, labor que la llevó a acompañar a más familias de desaparecidos en Guerrero. En numerosos casos, como el de Rosendo Radilla, han pasado décadas sin que existan avances. Los familiares incluso han fallecido sin volver a saber de aquéllos que un día se fueron.
“Muchos de ellos me llamaron en su lecho de muerte y me dijeron: ‘No vayas a sacar a mi hijo de la lista’. Es tremendo, muy doloroso, muy triste”, afirma Tita, que no se raja y sigue, porque considera que su padre diría que aún no es suficiente.
parteaguas legal
El caso Rosendo Radilla transformó el sistema jurídico mexicano. El litigio iniciado por la familia derivó en una sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual obligó al Estado mexicano a restringir el fuero militar en casos de violaciones graves a los derechos humanos, lo que motivó una reforma al Código de Justicia Militar.
“La Corte Interamericana también se refirió a mejorar la definición del delito de desaparición forzada. Eso también permitió detonar lo que más adelante sería toda una ley”, señala en entrevista la defensora Natalia Pérez, de Fundar.
Además, subraya que el caso sentó las bases para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que el Estado debe cumplir obligatoriamente con las sentencias internacionales.