Capos y políticos; reflectores sobre El Chapo
El especialista lamenta que en algún momento un narco fuera referencia de México, en vez de un científico o intelectual

(Primera de cuatro partes)
I. El tema de nuestro tiempo
Es de saludar la acción del gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto y que llevó a la captura de Joaquín Guzmán Loera. Desde su fuga, el asunto se había convertido en una preocupación gubernamental, sobre todo por las reacciones anímicas que ello había provocado. Este asunto, ya muy largo en décadas y lo que gira alrededor de él, no es el tema de esta semana, y ni siquiera el de este sexenio. Es el tema de nuestro tiempo.
El fin de semana platiqué, telefónicamente, con Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excélsior. Inevitablemente comentamos el asunto y coincidimos en que su importancia iba más allá de los sucesos policiales y jurídicos. Que se insertaba como uno de las mayores enfermedades de nuestro sistema de poder en 200 años mexicanos. Que todo estaba en riesgo y que corríamos el peligro de una narcosis que nos impidiera verlo y dimensionarlo, ya no se diga acometerlo y resolverlo.
Me compartió su interés de que se analizara con amplitud en una entrega especial y la idea me entusiasmó. Sobre todo porque había decidido permanecer en casa y reponer descanso y vigor para el inicio de la jornada anual. Puse “manos a la obra”, o más bien, a la máquina, y aquí estamos para compartirlo con el amable lector, con algunas meditaciones que he compartido en otras ocasiones y otras que lo hago por vez primera.
El episodio de la tercera captura de Guzmán Loera me llevó, como suele sucederme, a diversas reflexiones que me asaltaron desde el momento en que los mexicanos recibimos la noticia, por mensaje directo del propio Presidente de la República. Ello lo valoro como toda un deferencia. Gracias a la tecnología actual recibimos el aviso enviado por Enrique Peña y recibido, de manera inmediata, en nuestros receptores telefónicos.
La primera reflexión que se me produjo fue que Guzmán Loera ha sido un asunto de Estado durante ya 23 años. Ha sido la noticia más importante desde el asesinato del cardenal Posadas, en mayo de 1993, pasando por su primera fuga y casi inmediata captura, en junio del propio año. Más tarde, su segunda fuga, en enero de 2001, y su segunda captura, en febrero de 2014. Por último, su tercera fuga en julio de 2015 y su reciente y tercera captura.
En todos esos eventos se “pararon” las rotativas, se alteró la programación de los electrónicos y se ocuparon los titulares durante días y semanas. Ser asunto de Estado durante dos y media décadas no lo ha logrado ningún Presidente mexicano, incluyendo a los más influyentes. Calles, Cárdenas, Alemán, López Mateos y Salinas no lograron 23 años de reflectores, de titulares y de editoriales.
Yo no sé si esto lo compartan muchos mexicanos pero a mí me incomoda aceptar que a mi país se le reconocerá en el mundo futuro más por un narcotraficante que por un político, un empresario, un científico, un intelectual o un filántropo. Y creo que eso es parte del tema político de nuestro tiempo. Que esos hombres enemigos de la ley tengan el enorme poder de seducción sobre muchos jóvenes, muchos viejos y hasta muchos actores famosos, debido a que son muy ricos, muy poderosos, muy afamados, muy temidos, muy reverenciados, muy obedecidos y muy imitados. Es decir, porque tienen los atributos que más fascinan a los espíritus enclenques.
Esto es parte del problema político de la alteración sociocultural del país. Hace 60 años ningún joven mexicano quería ser Gregorio Goyo Cárdenas ni Higinio Pelón Sobera de la Flor. Pero estoy seguro de que hay miles de jóvenes mexicanos y de otras nacionalidades que arriesgarían la vida por ser Joaquín El Chapo Guzmán. Esa realineación de valores y de ideales debemos tenerla muy en cuenta, porque con ella van a convivir nuestros hijos y nietos. No sólo van a ser sus paisanos, sino un factor en el devenir de su vida nacional.
Ese es tan sólo uno de los más insignificantes de los múltiples efectos políticos que tiene la criminalidad organizada mexicana. Por eso, creo que la fuga de julio y la captura de enero son muy relativas para nuestro porvenir. La captura de un importante capo le devolverá al gobierno los puntos de aceptación que, de manera injusta y superlativa, le arrebató la fuga. Pero el resto de los mexicanos no serán más felices ni más infelices porque Guzmán esté en su celda o fuera de ella.
Como decíamos, Guzmán perdió su libertad hace casi 23 años. De esos, tan sólo ha pasado nueve años en reclusión y los otros 14 ha estado prófugo. Eso ha llevado a muchos compatriotas a pensar que ahora se debiera conceder la extradición solicitada por Estados Unidos. Tengo la impresión de que esto se va a dar y no veo ninguna razón esencial para oponerse a ello. Alguna época prevalecieron los criterios de subditanía del delincuente y soberanía del Estado para negarla tajantemente. Pero el tema de la soberanía ya no gusta en mis discursos y he preferido evitarlo. El pensamiento ha cambiado con el tiempo y yo tan sólo soy un pasajero a bordo del tiempo.
Además, la ley no lo impide, sino que da la última y discrecional decisión al Presidente para decidir la extradición de un mexicano, aunque no está obligado a concederla. La posible pena de muerte quedaría impedida de acuerdo con el Tratado de Extradición existente entre los dos países.
El tema del amparo sólo procedería si hubiere una violación constitucional. Sin embargo, suele suceder que, con razón o sin razón, los afectados recurren a su solicitud sobre todo para dilatar los procedimientos.
Tan sólo me quedarían dos consideraciones que he escuchado en las sobremesas. La primera es que si el gobierno mexicano la concediera se libraría de las suspicacias de que no han permitido su traslado para que el reo “no hable de más ante los extranjeros”. La segunda, en sentido contrario, es que no debiera concederla para evitar el riesgo de que, a cambio de un perdón convenido, el reo inculpara en falso al más alto nivel de gobernantes, de empresarios y de policías. Las dos me parecen más imaginarias que reales.
Un tema ocupó los titulares. La entrevista con los famosos actores. La primera impresión que tengo, como abogado, es que éstos no cometen delitos por entrevistarse. Ello no tiene la calidad de garante que los obliga a reportar el paradero de un prófugo, como sí están obligados los agentes del gobierno. Si iban a hacer negocio cinematográfico con el fugitivo, eso no es delito porque hacer cine no es delito. Pero que las altas autoridades digan que los van a investigar me hace suponer que ya existe una averiguación previa y que ellos están indiciados en ella, por algún delito que no nos han informado ni tienen por qué hacerlo. Es tan sólo mi interpretación de un lenguaje en el que he hablado durante 35 años.
Pasemos al tema de fondo del que esto es tan sólo una escena.
II. El diagnóstico inexistente
Tanto en el ámbito del gobierno como en el de la sociedad civil se hacen a diario planteamientos y demandas sobre el tema de la inseguridad pública y de la delincuencia. Desde luego que es muy legítimo que existan y se manifiesten las preocupaciones derivadas de un problema que se ha constituido en el más grave de los que aquejan a la sociedad mexicana. Sin embargo, es oportuno repetir, una vez más, la preocupación de que frente a un problema tan grave podamos actuar orillados por el temor, que es mal consejero; por la irreflexión, que es mala promotora; por el protagonismo, que es mal socio; por la imitación, que es mala amiga; o por el interés, que es mal amo.
Ha dicho Ramiro de Maeztú que “el hombre ha luchado primordialmente por el poder, por la riqueza y por la seguridad”. En La Crisis del Humanismo resume sus reflexiones desarrolladas magistralmente. Para Maeztú, los humanos, tanto en lo individual como en lo colectivo, nos hemos movido históricamente impulsados por el temor, manifestado en múltiples concreciones.
El miedo a ser víctima de abusos deviene en ansia de poder, la forma más antigua de ser inmune contra la arbitrariedad, antes del advenimiento del escudo de la legalidad. El miedo al hambre y a la carencia motiva el apetito de riqueza. Y el miedo a ser lastimado y a la muerte incita a la búsqueda de la seguridad.
Estas búsquedas son prioritarias a la del amor, frecuentemente menospreciada, a la de la salud, usualmente relegada, y a la del prestigio, muchas veces tergiversada.
El asunto tiene muchas facetas de indiscutible actualidad, en lo concerniente a la seguridad. México ha vivido y vive tiempos difíciles en torno a esta cuestión. Somos los mexicanos de hoy, una sociedad atemorizada y amedrentada ante una ola delincuencial que ha crecido en su presencia, en su conspicuidad, en su violencia, en su sofisticación, en su organización, en su perversidad, en su versatilidad, en su innovación, en su cinismo, en su suficiencia, en su prepotencia y en su arraigo. Hasta allí, en lo que se ve. Reservemos cualquier comentario o suposición sobre lo que no está a la vista.
Hemos vivido y vivimos tiempos de penumbra que nos han hecho ver con temor el futuro de nuestra calidad de vida frente a la inseguridad y frente al delito. Nuestra era ha puesto a prueba nuestra capacidad de resistencia ante la agresión, ante la violencia y, finalmente, ante el peor acompañante de los humanos: el miedo. Para nuestro mal, nuestra fortaleza se ha visto flaquear y ya no estamos seguros de nuestros límites para soportar. Hay instantes en que sentimos que nos están venciendo y, lo que es peor, que nos estamos venciendo. El cansancio nos lleva al fastidio y, éste, al abandono con el cual se inicia la decadencia formidable e irreversible.
Requerimos de medidas que oxigenen nuestra confianza o, por lo menos, nuestra esperanza. Que nos digan que no estamos vencidos y que nos alienten en un momento en el que todavía hay oportunidad.
Es una cuestión y un problema que obliga a hablar con sinceridad, con madurez y con valentía. Planteando un diagnóstico certero, que no es la cura, pero sin él no hay solución. Un buen diagnóstico no es todo, pero de ninguna manera es poco.
Debemos reconocer que, en algunos aspectos, hemos fallado, aunque no de manera irremediable. Debe reinvindicarse una responsabilidad del Estado que, de ninguna manera se rehuye, pero que es muy necesario e ineludible reconocer que no es exclusiva. Que este compromiso desborda los espacios de actuación de la autoridad y compromete profundamente a la sociedad civil.
En fin, estamos obligados a colocarnos a la ofensiva frente al problema más generalizado de nuestro tiempo. No existe, virtualmente, ningún mexicano que no esté expuesto o que no haya sido víctima de actos delictivos. Al igual que la contaminación es un problema que no excluye a ninguna clase social. Al igual que la contaminación no excluye a ninguna zona.
La seguridad en México se deterioró en cincuenta años, en un proceso constante y acumulativo, no en un incidente instantáneo y único. Las características básicas de la violencia delincuencial actual son cinco: la incorporación de nuevas tecnologías, una fuerte dosis de violencia, un alto grado de desafío, una amplia organización y una alta virulencia.
En cuanto a causas generatrices de la violencia en México, los especialistas han señalado más del medio centenar. De esas causas se han mencionado como las más sobresalientes algunas como son las históricas, tales como frustraciones ancestrales, composición étnica de la población, predisposición congénita, condiciones geográficas, alteraciones climatológicas.
Otras más de naturaleza económica, tales como el desarrollo económico desigual, desempleo o subempleo, falta de expectativas profesionales, insuficiencia retributiva del salario, nuevos patrones de consumo. Algunas de índole social, tales como deficiente planeación urbana, sobrepoblación, mala canalización del ocio, disgregación familiar.
Otras más, de orden político-administrativo, tales como corrupción, incompetencia policial, abandono presupuestal, abandono administrativo, falta de voluntad política para combatir la delincuencia, insuficiencia de centros de readaptación social, benevolencia de las penas, deficiente legislación, procedimientos en materia penal tortuosos e incomprensibles.
También se han señalado algunas de naturaleza cultural, tales como bajo nivel educativo, cultura de impunidad, crisis de valores, promoción de la violencia a través de los medios y hasta algunas tesis casi místicas que lo atribuyen a una era apocalíptica, preludio a la destrucción final.
Lo trascendente y preocupante de lo anterior es que no existe un diagnóstico global ni preciso del origen del problema, a partir del cual pudiera establecerse un plan de acción sobre bases ciertas y sólidas. Esto induce a actuar sobre hipótesis empíricas que, frecuentemente, son erráticas, mutantes y subjetivas, con el consecuente desperdicio de recursos y, más grave aún, de tiempo irreparable. Lo cierto y seguro es que no se trata tan sólo de un problema policial o ministerial, sino de algo de una complejidad mucho más trascendente, donde lo policial es una respuesta momentánea que no va a ser la solución fundamental.
Vivimos en una era de violencia con la cual convivimos de cerca en más de una manera. Se ha dicho que cualquier joven de 14 años de edad ha presenciado once mil homicidios televisados. Tan sólo esta mínima porción del problema indica que no se trata nada más de un problema de policía sino de educación, de difusión, de temperamento, de orientación, de administración, de civilización y de voluntad política.
Por ello, para tratar el fenómeno delictivo, se debe tener muy claro que se trata de un problema estructural, como lo muestran las estadísticas y los aspectos cualitativos de los delitos que muestran mayor incidencia. Es decir, invirtiendo la proposición, no es un problema coyuntural y, por ende, no se puede ni se debe combatir con soluciones que atiendan a la seducción de las medidas draconianas como tampoco a las que ofrezcan resultados observables a largo plazo, que puede ser demasiado tarde.
Es necesario reconocer con objetividad la magnitud del problema de la delincuencia, así como las medidas y acciones a realizar para su combate eficaz. Requiere de la participación social, además de quien tiene la responsabilidad de procurar la justicia y de quien debe realizar las labores de prevención.
Hasta ahora, ver el combate a la delincuencia como algo externo, ajeno a cada uno de nosotros, ha propiciado la falta de coherencia en muchos de los programas que se han puesto en marcha, pues se ha llegado al extremo de considerar que son tan peligrosos para la sociedad quienes combaten a los delincuentes, como estos mismos.
Por ello debe insistirse en la toma de conciencia de que la delincuencia es un problema que aqueja a la sociedad, que es parte de su propia dinámica y, que ella debe participar en la curación de los males que le afectan.
Para hacer un pronóstico sobre el combate a la delincuencia, es necesario considerar cuatro preguntas: ¿Se puede ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo se va a ganar? ¿Cuándo se va a ganar?.
En todo el esquema propositivo sobre la materia se han contemplado, en muy diversos foros, algunas medidas que van desde las aceptables hasta las repugnantes. Todas ellas hay que verlas con mucho cuidado y con una gran prudencia, que no pasividad ni apatía.
Ellos son el pago de informantes, la utilización de señuelos, la infiltración de personas, las operaciones encubiertas, la reversión de la carga de la prueba, la intercepción de comunicaciones, la fama pública, la responsabilidad solidaria, la responsabilidad subsidiaria, la supresión de la libertad preparatoria, la supresión de la remisión parcial de la pena, los testigos convenidos, las compensaciones procesales, los beneficios confesionales, los fueros policiales, los cazadores de cabezas, los delitos provocados, la acusación abierta, los testigos de oídas, la acusación plena hasta conclusiones, la trascendencia de las penas, el decomiso global, los tipos abiertos, las pruebas no contradecibles, la inaccesabilidad al amparo, la prisión a disposición de la fiscalía, los jueces anónimos, la militarización de la investigación, la pistolización general, la fiscalía inmune, la moratoria de derechos humanos, la suspensión de garantías y la aplicación de pena capital.
Hay que tener cuidado con todo ello. Bien dijo Martin Luther King que “lo peor no es el activo ímpetu de los malos, sino el temor y la impaciencia de los buenos.”
*Presidente de la Academia Nacional, AC.
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