La PGR pisa los talones a 'El Gil'
El círculo familiar y de amistades de Gildardo López Astudillo es investigado para dar con el paradero de quien habría ordenado desaparecer a los 43 normalistas

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre.- Gildardo López Astudillo, alias El Gil, narcotraficante de poca monta, es la pieza clave para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que desaparecieron hace dos meses en Iguala, después de que policías de ese municipio asesinaron a seis personas y lesionaron a otras 25.
La Procuraduría General de la República (PGR) sigue atando cabos sobre dónde está escondido El Gil, quien, según el procurador Jesús Murillo Karam, le dijo hace dos meses a Sidronio Casarrubias Salgado, su jefe, “los hicimos polvo (refiriéndose a los normalistas) y los echamos al agua, nunca los van a encontrar”.
Dentro de las pesquisas que ha desplegado la PGR para dar con el paradero de López Astudillo, se ha investigado a las personas que tienen nexos familiares o de amistad con este hombre, principalmente en Tixtla de Guerrero, donde oficialmente tenía su domicilio en la calle de Ignacio Campos 49, según dijeron a Excélsior funcionarios de la PGR.
De acuerdo con los testimonios ministeriales obtenidos en el caso, López Astudillo era el encargado dentro de Guerreros Unidos de cooptar a los elementos de la policía de Iguala y de Cocula que participaron en los hechos de hace dos meses.
El Gil es identificado como el lugarteniente de Casarrubias Salgado, jefe del grupo delictivo Guerreros Unidos, a quien las autoridades señalan como uno de los responsables de los hechos que han desembocado en numerosas marchas de protestas para demandar la aparición con vida de los normalistas. Estas protestas también han servido como válvula de escape de grupo radicales para saquear comercios, destrozar oficinas de gobierno y de los partidos políticos e incluso intentar incendiar la puerta central de Palacio Nacional.
Casarrubias Salgado, quien está preso desde el 16 de octubre pasado, tiene 44 años y es originario de Teloloapan, Guerrero; es parte de una familia de narcotraficantes que estuvieron unidos al cártel de los Beltrán Leyva.
En la más importante conferencia de prensa que sobre el caso ha dado Murillo Karam, ocurrida el 7 de octubre, fue cuando informó que según tres testigos, recibieron la madrugada del 27 de septiembre a un número importante de personas que fueron asesinadas y calcinadas en el basurero municipal de Cocula, municipio vecino a Iguala.
Ese mismo día el procurador Murillo dijo que Casarrubias recibió un mensaje vía teléfono celular de parte de El Gil, dándole una versión de lo que sucedía en Iguala y acusando a los normalistas de ser sus rivales por lo que los Guerreros Unidos defendieron “su territorio”.
Dos meses de luto
El 26 de septiembre pasado un grupo de aproximadamente 80 normalistas se apoderaron de unos autobuses para ir a botear (pedir dinero) a Iguala, aunque hay versiones de que esos estudiantes intentaban entrometerse en el informe que iba a ofrecer la presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca, por lo que el expresidente municipal ordenó detener a los jóvenes.
Actualmente la exprimera dama de la cuna de la Independencia está arraigada por 40 días y Abarca está en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El matrimonio fue detenido el 4 de noviembre en una casa de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal.
En las actuaciones ministeriales, Casarrubias consta que éste acepto que El Gil le envió un mensaje en el cual señalaba que los normalistas eran parte de su grupo antagonista en la distribución de droga, conocidos como Los Rojos.
Cuando López Astudillo recibió la orden de Casarrubias de hacerse cargo, los normalistas fueron llevados a una casa en Pueblo Viejo y que según testigos es de El Gil. La casa está sobre un terreno de unos 400 metros cuadrados, tiene varios cuartos. En ese lugar fue donde la PGR encontró una de las camionetas en las que fueron llevados los estudiantes desaparecidos, además de otros vehículos como motocicletas.
En el transcurso de las investigaciones en Iguala han sido localizadas por la PGR 11 fosas, de las cuales seis contenían restos de 38 personas, que están siendo analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Por este caso han sido detenidas 60 personas, entre policías, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y César Nava, subjefe de la policía municipal de Cocula, y varios integrantes de Guerreros Unidos, quienes han hecho una recreación de cómo bajaron de los camiones a un grupo de personas en la madrugada del 27 de septiembre y cómo los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula en una pira que habría durado 14 horas, que habría pulverizado a decenas de personas y que todavía hechas polvo fueron recogidos, puestos en bolsas por los mismos sicarios que alimentaron el fuego con diesel, llantas y madera para luego arrojar las cenizas al río San Juan.