La desaparición de personas en México dejó hace mucho de ser sólo una crisis de seguridad o una tragedia humanitaria. Hay premeditación gubernamental en el desmantelamiento del sistema de protección de los derechos humanos y la disolución del Poder Judicial. Es, ante todo, la prueba más brutal del vaciamiento del Estado y es una responsabilidad, hay que decirlo, de la tolerancia ciudadana vía el voto popular.
Desaparecen personas, desaparecen expedientes, desaparecen evidencias, desaparecen registros confiables y, al final, desaparece también la responsabilidad pública. El nuevo informe de Causa en Común lo expone sin rodeos: no estamos frente a una falla aislada del aparato institucional, sino ante una maquinaria de omisión que administra el horror, lo maquilla y lo normaliza.
Los datos son demoledores. Hasta diciembre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 130 mil 512 personas desaparecidas y no localizadas. El pico histórico se alcanzó en 2024, con 12 mil 759 casos. Es decir, la crisis no pertenece al pasado ni puede seguir tratándose como una herencia inercial. Está viva, crece y se expande. Pero, en vez de responder con búsqueda efectiva, investigación seria e identificación forense, el poder ha preferido refugiarse en la manipulación administrativa, en la disputa del dato y en la fabricación de coartadas.
La cifra que mejor define esta infamia debe provocar una sacudida nacional y electoral: entre 2006 y 2026, frente a más de 130 mil registros, el propio gobierno reconoce apenas 3 mil 869 carpetas de investigación. No es un rezago: es una confesión de fracaso. Es la admisión de que, para una parte abrumadora del Estado mexicano, la desaparición no amerita investigación penal real. Traducido sin eufemismos: en México se puede desaparecer a una persona y lo más probable es que ni siquiera exista una investigación digna de ese nombre. Ése no es un detalle técnico; es el centro de la impunidad.
Por eso resulta tramposo insistir en que el problema central es la calidad del registro. No. El problema es que no buscan, no investigan y no identifican. El problema es que las fiscalías están rebasadas, cuando no capturadas por la rutina de la negligencia; que los servicios periciales viven en un colapso permanente; que los cuerpos se apilan sin nombre, y que las fosas clandestinas siguen siendo descubiertas por madres y familiares que han tenido que sustituir al Estado a costa de su propia seguridad y vida.
A ese cuadro hay que añadir un deterioro todavía más grave: el del sistema público de derechos humanos. Las comisiones, que tendrían que ser contrapeso, refugio y voz de las víctimas, hoy parecen operar como amortiguadores del poder. Más atentas a no incomodar al gobierno que a acompañar a quienes buscan a sus desaparecidos, forman parte del desmantelamiento del sistema de protección de los derechos humanos. Hay cálculo político donde debería haber autonomía.
No sorprende que la mirada internacional se haya endurecido. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya resolvió llevar la situación mexicana ante la Asamblea General, al advertir indicios fundados de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Y en breve llegará Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Su visita pondrá a prueba algo más que el discurso oficial: exhibirá si el gobierno está dispuesto a escuchar a las víctimas o si sólo quiere usar la diplomacia para encubrir el desastre.
México necesita un Estado que investigue cada desaparición, que fortalezca fiscalías y servicios forenses, que proteja a las familias buscadoras y que deje de ideologizar la tragedia. Porque cuando un país tolera más de 130 mil desapariciones con apenas 3 mil 869 carpetas, lo que está desapareciendo no es sólo la gente: es la legalidad, es la verdad y es la decencia del poder.
Y si esto no duele en el alma a los mexicanos y no los mueve a la acción, entonces estamos perdidos como país. Podemos aceptar cualquier cosa.