Hace unos días, el Departamento del Tesoro de EU asestó un golpe a estructuras financieras presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, entre ellas CIBanco y una red de casinos señalados por lavado de dinero y operaciones relacionadas con el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.
Pero la acción no se limitó al ámbito financiero. También alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Ismael El Mayo Zambada y Miguel Ángel Treviño Morales. Su caso encendió focos rojos en los círculos más cercanos del obradorismo, donde comenzaron a desaparecer fotografías y videos que documentaban su cercanía con actores políticos. Pero cómo evitar los reconocimientos que recibió en espacios institucionales del Congreso mexicano, con la presencia de legisladores y funcionarios públicos.
Si bien es cierto que un abogado de narcotraficantes no es, por definición, un delincuente, la línea entre defensa legal y complicidad operativa es delgada y difícil de probar. Pero en el caso de Penilla, los indicios no eran marginales ni aislados. Existían reportes, seguimientos y análisis que lo colocaban en una zona de riesgo. Particularmente desde la inteligencia militar.
El Ejército mexicano, que ha construido durante años una radiografía detallada de las redes criminales en regiones como Tamaulipas, no opera a ciegas. Identifica actores, documenta vínculos y genera reportes que, en teoría, deberían alimentar la toma de decisiones del Estado.
Bajo esa lógica, resulta difícil sostener que un perfil como el de Penilla —con cercanía a liderazgos criminales, exposición pública y conexiones políticas— haya pasado inadvertido.
Más aún cuando, de acuerdo con autoridades estadunidenses, su papel no se limitaba a la defensa legal, sino que habría evolucionado hacia funciones de enlace entre el Cártel del Noreste y estructuras políticas. Una bisagra entre lo legal y lo criminal. Entonces, si alguien lo sabía, ¿por qué decidió ignorarlo? Porque el problema no parece estar en la generación de inteligencia, sino en lo que ocurre después: cuando esa información llega a los escritorios donde se toman decisiones.
En México, los sistemas de inteligencia pueden estar fragmentados, pero la inteligencia militar suele ser clara en sus advertencias. El punto de quiebre aparece cuando esas alertas se diluyen —o se desestiman— en el ámbito político.
Ahí es donde el riesgo deja de ser técnico y se vuelve deliberado. El caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lo ilustra con contundencia: Penilla fue incorporado como asesor jurídico mediante un acto formal. No fue un error administrativo. Fue una decisión.
Y no fue la única señal. Su presencia en espacios institucionales del Congreso mexicano, con reconocimientos públicos y acompañamiento de figuras políticas, refuerza que el problema no fue la falta de información, sino la normalización del perfil.
Por eso no sorprende que haya sido Estados Unidos el que actuara primero. No necesariamente porque supiera más, sino porque no está sujeto a las mismas consideraciones políticas. Puede sancionar sin judicializar y sin asumir los costos internos de exhibir redes incómodas.
El resultado es el de siempre: Washington exhibe y México reacciona. Pero en este caso, el fondo es más grave. Inteligencia militar sí vio. Sí documentó. Sí advirtió.
* La Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, anunciada por Claudia Sheinbaum, envía varias señales. Por un lado, apunta a resolver un problema estructural en la formación de cuadros policiales en estados y municipios; fortalece la inteligencia y la profesionalización de los cuerpos locales, en línea con la nueva estrategia de construir mandos mejor preparados para enfrentar fenómenos delictivos cada vez más complejos.
También hay otra lectura. En los hechos, se trata de un intento por construir una base operativa más sólida para la SSPC, que no cuenta con una corporación propia que le permita ejecutar plenamente su estrategia. Actualmente existe una buena coordinación con la Defensa y la Guardia Nacional, y de concretarse esta nueva estructura, sin duda se ampliará el margen de maniobra del mando civil. Lo que se busca es reforzar las acciones en contra del crimen organizado entre mandos civiles y militares, lo cual siempre será bienvenido.
DE IMAGINARIA
255 marinos y soldados saldrán a EU y Barbuda para participar en ejercicios de adiestramiento y capacitación. El combate a la inseguridad exige mayor preparación de nuestras Fuerzas Armadas.