Cese de funcionarios en Pemex es insuficiente ante ecocidio, acusan ONG
Decenas de organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace y CEMDA, advirtieron que la separación de tres directivos de Pemex no resuelve el fondo del desastre ambiental que impactó 900 kilómetros de litorales
Tras dos meses de falta de transparencia, opacidad y descalificaciones, la separación de su cargo de tres funcionarios de Pemex, no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental, que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México, advirtieron varias ONG.
El colectivo conformado por 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), CartoCrítica A.C., Conexiones Climáticas y GeoComunes, destacó que con esta acción se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.
El gobierno federal finalmente reconoció que el derrame masivo en el Golfo de México tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C de Pemex, como las organizaciones documentamos y denunciamos semanas atrás.
Se admitió que hubo una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto; que la fuga fue negada sistemáticamente por áreas operativas y que tres funcionarios fueron separados del cargo mientras avanzan las investigaciones”, recordaron.
Destacaron que a pesar de la gravedad del caso, el propio gobierno no tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto del derrame, lo que representa una omisión muy grave, porque "sin un dato oficial no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar si la respuesta será suficiente, calcular el costo total de la remediación ni establecer una reparación proporcional".
"El principio de 'el que contamina paga' sigue sin traducirse en hechos. El Plan Nacional de Contingencias contempla costos de atención, seguimiento, compensaciones y procesos financieros dentro de la respuesta y el seguimiento del incidente.
Hasta ahora el gobierno no ha transparentado cuánto costó el despliegue de tres mil 365 elementos, 25 buques y embarcaciones, nueve aeronaves, drones, barreras, monitoreo, limpieza, transporte y disposición final de residuos.
El país, los pescadores y las comunidades, siguen sin saber cuál fue la magnitud de las afectaciones, ni cuánto costó la respuesta completa, ni cuánto deberá pagar Pemex por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura", manifestó.
Las organizaciones de la sociedad civil agregaron que los 30 millones de pesos para cooperativas pesqueras no sustituyen la compensación por pérdida de ingresos, no reparan las afectaciones a pescadores, prestadores de servicios turísticos y comunidades costeras, y mucho menos reemplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como es el caso de manglares y arrecifes.
Zona de sacrificio
Por su parte, Oceana México subrayó que el ocultamiento de información representa un fallo institucional inaceptable, y la aceptación de la responsabilidad por parte de Pemex, no es rendición de cuentas, ya que se requiere que el Estado informe las acciones y mecanismos que implementará para que haya una garantía de no repetición.
El derrame en el Golfo de México demuestra, una vez más, los riesgos inherentes a un modelo de desarrollo basado en la extracción de hidrocarburos. ¿Si esto sucede en aguas someras, qué podemos esperar si la actividad extractiva se expande a aguas profundas, donde los derrames son exponencialmente más difíciles de contener?", cuestionó.
Oceana indicó que el Golfo de México no puede seguir siendo una zona de sacrificio. "Cada derrame que se oculta, cada comunidad que no es informada, cada ecosistema que se destruye es una evidencia más de que este modelo basado en hidrocarburos está agotado".
Es momento de construir una nueva visión para esta región, donde las comunidades se encuentren en el centro y se garantice un futuro para todas y todos”, señaló.
Por ello, exigió investigaciones exhaustivas e independientes de los daños ecológicos y sociales; reparación integral del daño a los ecosistemas afectados y compensación justa para las comunidades pesqueras; veto definitivo a la extracción de hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de México, y diseño colectivo de un nuevo modelo de desarrollo para la región.
