SAT desmantela red de evasión en importación de textiles

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal detectó y desmanteló una red delincuencial de evasión en la importación de textiles mediante la subvaluación de mercancías, la cual involucra a 219 actores y significó un daño al fisco por mil 500 millones de pesos en 12 meses, informó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Precisó que resultado de una investigación del gobierno de la República junto con la industria textil, se puso al descubierto una red de operación delincuencial que afecta los empleos y la planta productiva nacional.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, afirmó que estas acciones son una muestra de las medidas que aplica el gobierno federal para combatir la ilegalidad y la impunidad en la actividad económica.

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, detalló a su vez que esta red está conformada por 22 agentes aduanales, 31 importadores, 113 empresas fachadas y 53 proveedores en el exterior.

Explicó que mediante la venta de mercancía por debajo de su valor, estos actores simulan una gestión de negocio empresarial con el ánimo de transferir recursos al extranjero, evadir el pago de impuestos por las ganancias obtenidas por la venta de productos en México y pretenden sustraerse de la supervisión de los sistemas financiero y fiscal.

Videgaray Caso aseguró que las medidas tomadas por el gobierno federal contra el contrabando técnico de productos textiles y del vestido, reafirman el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de combatir la actividad delictiva que daña a la economía, la creación de empleos y el crecimiento.

Además, sostuvo, es una afirmación clara contra la impunidad, como práctica que promueve la economía informal e ilegal, en particular en la industria textil, que representa -dijo- 10 por ciento del valor de la industria de la transformación y emplea a más de 420 mil personas.

Expuso que el problema de la subvaluación, establecido por la legislación como contrabando técnico, es considerado un delito cuando alcanza un valor superior a 70 por ciento del costo de los insumos.

Recordó que en octubre de 2013, cuando una instancia del Poder Judicial otorgó amparos a un conjunto de importadores y agentes aduanales, éstos han evitado las revisiones aduanales, y a partir de ese momento se observó un incremento en la práctica de la subvaluación.

Ante ello, anotó, dijo, el gobierno federal ha hecho equipo con la industria de vestido que le permitió detectar a esta red delincuencial.

En estas acciones, resaltó la colaboración de la Secretaría de Economía (SE) y de la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales esta última aseguró cuentas de 85 personas físicas y morales.

“El objetivo de estas acciones es en primer lugar promover el Estado de derecho, combatir la impunidad y la ilegalidad, y sobre todo generar condiciones para la inversión productiva, para la creación de empleos, particularmente en una industria que siempre ha sido y seguirá siendo uno de los pilares de la economía nacional”, apuntó.

Aseveró que si bien el Poder Judicial de la Federación ha sido un gran aliado en estas acciones, también le compete tomar medidas de revisión y corrección en caso de que algunas de sus instancias tengan acciones indebidas, como en el caso de los jueces que ampararon a importadores y agentes aduanales.

Por su parte, el jefe del SAT mencionó que de junio de 2013 a julio de 2014 fueron detectados 31 importadores que realizan operaciones con precios por debajo del valor de mercado, ya sea de la materia prima o de la producción, en las industrias textil o del vestido.

Las instituciones del gobierno detectaron que estos 31 importadores realizaban, a juicio y presunción de la autoridad, contrabando equiparado, es decir, subvaluación, que es una práctica sancionada por el Código Fiscal de la Federación.

Estos importadores, anotó, posee un grupo de 53 proveedores en el extranjero, los cuales están domiciliados en China, Hong Kong, Singapur, Panamá, Islas Vírgenes, Corea del Sur y, en menor medida, en Estados Unidos.

Precisó que dichos proveedores entregan la mercancía que adquieren los importadores mexicanos, de la cual, 55 por ciento del volumen importado de textil es subvaluado y 42 por ciento del volumen importado de vestido se encuentra por debajo de su valor.

Además, el valor declarado en aduanas de esta mercancía, vendida por exportador que se encuentra como proveedor en el extranjero a los 31 importadores en México, alcanzó 216 millones de pesos, con el uso de facturas falsas.

Indicó que 70 por ciento del producto subvaluado importado a México se realiza principalmente por 18 actores que tienen suspensión definitiva o amparos otorgados por un Juez en Mexicali y otro en Baja California.

También da a conocer que fue detectada la participación de 22 agentes aduanales que prestaban servicios de despacho aduanero a los 31 importadores, y de estos agentes aduanales, uno sólo explica 22 por ciento de las operaciones subvaluadas.

Una vez que la mercancía ingresa al país, se confecciona y distribuye, los importadores a través de subsidiarias, intermediarias o empresas afines, generan utilidades y las trasladan a 113 ordenantes o empresas “fachadas” constituidas en México.

Núñez Sánchez señaló que los representantes legales y accionistas de estas 113 empresas fachada coinciden con los representantes legales y accionistas de los mismos importadores.

Recuerda que como resultado de estas acciones, se han presentado 154 denuncias contra empresas y personas físicas por la presunción de actos constitutivos de delito, que tienen relación con recursos de procedencia ilícita.

Además, se han asegurado cuentas bancarias a 85 empresas, principalmente a agencias aduanales, importadores y ordenantes, a fin de limitar e impedir el flujo de los recursos, asegurar el pago de impuestos y agotar las investigaciones, abunda.

Aseveró que a los 219 actores involucrados en esta red delincuencial se les ha cancelado sus certificados de sello digital, lo que significa que no podrán realizar operaciones para deducir el ISR o acreditar el IVA.

Asimismo, añadió, se dio de baja del padrón de importadores a los involucrados, lo que quiere decir que ya no pueden importar más a México, pese al amparo otorgado por los jueces.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canitex), Moises Kalach, aplaudió la cooperación entre el sector privado y las autoridades federales que llevaron a estas acciones conjuntas a favor de la legalidad.

Si bien la mayor cantidad de empresas siguen el camino de la legalidad, “algunos grupos no lo están haciendo”, pues estos amparos encubren entre 50 y 70 por ciento de las importaciones totales del país, expresó.

Mencionó que los precios declarados de las importaciones, sobre todo asiáticas, no cubren ni los precios de las materias primas, y la industria calcula que la evasión fiscal puede llegar a niveles de entre ocho mil y 10 mil millones de pesos, equivalentes a que mil 200 millones de prendas han entrada subvaluadas al país en los últimos 10 meses.

“Esto es niveles de aproximadamente 10 prendas por habitante, lo cual creemos que es totalmente exorbitante”, agregó.

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