Despensas CLAP, una red de corrupción de Maduro; una larga historia

Todo comenzó con una caja. Una despensa sellada, rotulada como ayuda humanitaria, destinada a los más pobres de Venezuela. Prometía comida. Prometía alivio. Pero al abrirla no había solidaridad: había sobreprecio, baja calidad y una ruta de dinero que cruzaba fronteras, empresas fantasma y tres continentes. 

La historia arrancó en 2017, cuando empresarios mexicanos comenzaron a exportar millones de despensas al régimen de Nicolás Maduro a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa con el que el madurismo intercambió alimentos por control político y votos.

Lo que parecía asistencia humanitaria encendió pronto las alertas en México y Estados Unidos: contratos inflados hasta en 112%, productos con escaso valor nutricional y operaciones financieras inusuales. Durante cuatro años, Excélsior y Armando.Info —medio venezolano de periodismo de investigación— documentaron esta trama conocida como La red de corrupción de las despensas CLAP.

La primera investigación publicada por este diario, el 1 de agosto de 2017, llevó un título directo: Maduro saca raja a víveres de México; vende despensas 112% más caras a pobres. Un año después, el 18 de octubre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través de Israel Lira, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), confirmó lo que el periodismo ya había probado: se trataba de un “esquema fraudulento”, con productos de “baja calidad”, “operaciones inusuales” y “sobreprecios”.

Las siete empresas mexicanas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la PGR a siete personas físicas y morales vinculadas al negocio de los CLAP: Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero Es Servicio; Aristóteles Vaca Pérez, representante legal de Almacenes Vaca y Rice&Beans; José Ramón Aquique, directivo del corporativo Kosmos (La Cosmopolitana y Productos Serel); Jaime García García, ligado a Bonobox y Jaifar Comercial; El Khoury Karam Raphael Jihad; y la empresa Almacenes Vaca S.A. de C.V.

Entre ellas destacaron Productos Serel y Grupo Brandon, una empresa fantasma constituida en Monterrey, Nuevo León, que no apareció en la primera denuncia oficial. Ambas enviaron toneladas de supuesta leche en polvo destinada a la infancia venezolana.

Lo que contenían esas bolsas era un fraude. Un análisis fisico-químico del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Venezuela, solicitado por Armando.Info, examinó cinco marcas envasadas por Grupo Brandon —Lacto Más, Chimax, Santa Paula, Vilac y Vitalac— y llegó a una conclusión alarmante: para que un niño de entre dos y cuatro años alcanzara el mínimo diario de calcio, tendría que beber entre 13 y 41 vasos de esa “leche” cada 24 horas.

No tenía calcio suficiente. No tenía proteínas. Tenía sodio en exceso. La investigación fue publicada bajo el título: La mala leche de los CLAP.

Se señaló un encubrimiento institucional

A pesar de que la UIF detectó irregularidades por 156 millones de dólares, las empresas y personas señaladas no enfrentaron procesos penales. Ocurrió exactamente lo contrario: se firmaron acuerdos reparatorios ilegales, se desestimó la denuncia y el caso fue cerrado.

En total se celebraron cuatro acuerdos reparatorios. El giro más desconcertante de esta historia no ocurrió en Caracas, sino en México. Como reveló Excélsior el 7 de julio de 2020, el dinero de esos acuerdos no fue depositado en la Tesorería de la Federación (TESOFE) —como obliga la ley—, sino canalizado a la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La sanción fue de tres millones de dólares. La consecuencia jurídica: la extinción de la acción penal.

El primer acuerdo —y el más relevante por el monto de la sanción económica— se firmó el 12 de octubre de 2018. Cuatro personas físicas se comprometieron a entregar mil 300 contenedores marítimos —con alrededor de dos millones de despensas–, a cancelar los negocios con el gobierno venezolano y a transferir 750 mil dólares cada uno a la ACNUR.

Entre los firmantes de este primer acuerdo estuvieron Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero Es Servicio —uno de los principales proveedores de Group Grand Limited—, y Aristóteles Vaca Pérez, representante legal de Almacenes Vaca y Rice&Beans, empresas clave en la exportación de granos hacia Venezuela.

Empresarios de El Sardinero aseguraron entonces a Excélsior que cumplieron con lo acordado con la PGR: realizaron la donación, frenaron sus operaciones con Venezuela y entregaron las despensas bajo la garantía de la “no acción penal”.

Sin embargo, el decomiso de los contenedores marítimos no fue realizado por la PGR — con la que se pactaron los acuerdos—, sino por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un detalle que consideraron extraño, aunque nunca fue impugnado formalmente.

Las reuniones entre empresarios mexicanos y operadores de Venezuela para orquestar el envío de despensas, de acuerdo con fuentes de la investigación, se realizaron en el Hotel Villa Magna de Madrid, uno de los más lujosos de España.

El caso se reabre por presión de Estados Unidos

La historia dio un vuelco tras la presión directa de Estados Unidos para desmantelar esta red mexicana que beneficiaba al gobierno de Maduro. En marzo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro enlistó a 19 personajes cercanos al régimen venezolano.

A partir de ahí, el caso contra las empresas mexicanas vinculadas a las despensas CLAP fue reabierto. Así lo confirmó en junio de 2020 el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, en entrevista exclusiva con Excélsior.

Nieto subrayó que México y Estados Unidos trabajaban de manera coordinada desde 2019 para desmantelar la red financiera ligada a Maduro. El objetivo de la entrevista era dejar constancia de que la UIF cooperaba activamente con los requerimientos del gobierno estadunidense.

“Se trabajó de manera coordinada con la OFAC. La dependencia estadunidense enlistó a 19 personajes y nosotros los bloqueamos del sistema financiero mexicano. El Departamento del Tesoro reconoce la actuación del gobierno mexicano en este caso”, afirmó Nieto.

Entre los nombres señalados por la OFAC figuraba Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina de Venezuela.

En ese momento, la presidencia de México estaba en manos de Andrés Manuel López Obrador, y la de Estados Unidos, de Donald Trump, durante su primer mandato.

La presión estadunidense aumentó con la detención —en junio de 2020— de Alex Saab en Cabo Verde: operador financiero de Maduro y pieza central de Group Grand Limited.

Una de las empresas más beneficiadas por esa firma fue El Sardinero, que emitió facturas por 238 millones de dólares a la compañía constituida en Hong Kong.

“El dinero venía de Hong Kong a México para pagar a las empresas y luego se iba a Turquía. Son delitos de lavado de dinero y delitos fiscales. Algunas empresas tenían características de fachada”, explicó Nieto.

Saab fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros con Estados Unidos. Hoy no sólo está libre: es ministro de Industria de Venezuela y responsable de obras emblemáticas del régimen, como el hotel de lujo Gran Cacique Maiquetía, que Maduro describió recientemente en cadena nacional como “el más bello de todo el Caribe”, como documentó el periodista Roberto Deniz en Armando.Info.

·         238 mdd en facturas por las CLAP emitió El Sardinero

Continúa una investigación por “ayuda” en Estados Unidos

Actualmente, en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, continúa abierta una acusación federal (indictment) de 25 páginas relacionada con el negocio de las despensas CLAP, que incluye operaciones realizadas en México.

Entre los elementos de la investigación presentada por las autoridades estadunidenses en octubre de 2021 figuran cuatro contratos adjudicados por el gobierno venezolano a Group Grand Limited para el suministro de alimentos y medicinas, por un monto superior a 855 millones de dólares, otorgados entre octubre de 2016 y mayo de 2017.

El expediente también documenta que uno de los implicados, identificado como Coconspirador 2, “estando en los Estados Unidos, realizó una transferencia electrónica de aproximadamente 1,600,000 dólares desde una cuenta bancaria bajo su control en Panamá hacia una cuenta en el Distrito Sur de Florida, con el fin de promover el esquema ilegal de sobornos y facilitar pagos a José Gregorio Vielma-Mora —entonces gobernador del estado venezolano de Táchira—”.

La trama de los CLAP demostró que la corrupción también puede servirse en cajas de alimentos selladas. Y que incluso la leche en polvo destinada a la infancia puede convertirse en un negocio para el poder.

El dato

Mecanismo

·         Las despensas de Maduro se carecterizaban por la mala calidad de los productos y el alto costo que se cotizaban.