Prisiones privadas catapultan a Trump

HOUSTON.

Ejecutivos de dos de las empresas de prisiones privadas más grandes de Estados Unidos han donado grandes sumas al presidente Donald Trump y a los candidatos republicanos para las elecciones de noviembre.

Trump envía a esas prisiones a miles de inmigrantes y personas que piden asilo. Entre CoreCivic y el GEO Group consiguieron contratos por mil 300 millones de dólares el año pasado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que representa 30% de sus ingresos.

El precandidato presidencial demócrata Joe Biden se ha comprometido a poner fin al uso de prisiones privadas, pues, dice, los arrestos en instalaciones con fines de lucro alientan injusticias raciales y políticas.

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GEO y CoreCivic firmaron recientemente contratos a largo plazo con el gobierno de Trump que involucran a varios centros de detención de inmigrantes en Texas y California. Esos contratos serán difíciles de anular si Biden llega a la presidencia.

George Zoley, fundador y CEO del GEO Group, donó 514 mil 800 dólares a los republicanos y diez mil dólares a los demócratas en el actual ciclo electoral, revelaron archivos financieros de las campañas. De acuerdo con el Center for Responsive Politics, una organización sin fines de lucro, personas y grupos vinculados con GEO donaron más de 1.7 millones de dólares, mayormente a los republicanos.

El CEO de CoreCivic Damon Hininger donó 26 mil 300 dólares a los republicanos en estas elecciones. Allegados a su empresa aportaron otros 228 mil dólares a las campañas, la mayor parte a los republicanos.

Todo interrogante o inferencia acerca de si CoreCivic prefiere al Partido Republicano porque es mejor para nuestro negocio está errado y pinta una imagen falsa de nuestra empresa’’, sostuvo el portavoz de la firma, Ryan Gustin.

El vocero del GEO Group Pablo Páez dijo que las contribuciones políticas “no deben ser presentadas como un apoyo a todas las políticas y posiciones adoptadas por cada candidato”.

La mayoría de los 200 centros de detención de inmigrantes del gobierno federal son manejados por contratistas privados que alojan a personas que piden asilo y a otros inmigrantes.

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