Hungría ignoró su obligación al no arrestar a Netanyahu durante visita: CPI

La Corte Penal Internacional (CPI) denunció oficialmente a Hungría por no cumplir con su obligación legal de arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su visita a Budapest en abril pasado, a pesar de existir una orden de detención vigente en su contra por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el conflicto en Gaza.

En un documento publicado este jueves por el tribunal con sede en La Haya, un panel de tres jueces acusó al gobierno húngaro de violar sus compromisos como Estado parte del Estatuto de Roma, al permitir que Netanyahu ingresara y saliera del país sin consecuencias legales.

La obligación de cooperar era suficientemente clara para Hungría”, señalaron los jueces. “No haber arrestado a Netanyahu socava gravemente la capacidad de la Corte para cumplir con su mandato”.

El caso fue remitido por la CPI a la Asamblea de los Estados Partes, el órgano supervisor del tribunal, como parte del procedimiento ante un incumplimiento grave.

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Aunque este organismo no posee facultades directas para sancionar a los Estados, sí puede emitir resoluciones que influyan en el posicionamiento internacional del país infractor. Se espera que el tema se discuta formalmente en la reunión anual de diciembre.

Netanyahu enfrenta acusaciones por genocidio en Gaza

En mayo de 2024, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes cometidos durante la actual ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Las imputaciones incluyen el uso del hambre como arma de guerra, ataques deliberados contra la población civil palestina y la imposición de un asedio total al enclave, donde más de dos millones de personas enfrentan una grave crisis humanitaria.

Aunque ambos funcionarios han rechazado los cargos y consideran ilegítima la jurisdicción de la CPI sobre Israel, el tribunal argumenta que tiene competencia debido a que Palestina —reconocida como Estado miembro— presentó formalmente denuncias por los hechos ocurridos en su territorio.

Israel no es miembro del tribunal internacional, pero Hungría sí lo es desde 2001, cuando firmó el Estatuto de Roma.

Por lo tanto, tenía la obligación de ejecutar la orden de arresto cuando Netanyahu puso pie en su territorio. Sin embargo, lejos de ello, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán recibió al líder israelí con honores de Estado y una alfombra roja.

Orbán: “Compromiso con la CPI es solo a medias”

La decisión de no proceder con la detención fue defendida abiertamente por el propio Orbán, quien sostuvo que Hungría no había incorporado plenamente el Estatuto de Roma a su legislación interna.

Incluso aprovechó la visita de Netanyahu para iniciar el proceso formal de retiro de la CPI, en una medida que supondría un cambio drástico en la política exterior húngara.

El hecho de que el parlamento húngaro no haya adoptado las leyes necesarias no exime al país de su responsabilidad”, afirmó el panel de jueces en su resolución. “Era responsabilidad de Hungría asegurar que dicha legislación estuviera en vigor”.

La Corte Penal Internacional no cuenta con una fuerza policial que le permita ejecutar directamente sus órdenes de arresto. Por eso, depende en gran medida de la cooperación de los Estados miembros para detener y entregar a los sospechosos. Cuando esa cooperación falla, como en este caso, el prestigio y la capacidad operativa de la Corte se ven debilitados.

Este no es el primer desacato que enfrenta la CPI. En febrero de este año, Italia fue cuestionada por repatriar a un ciudadano libio buscado por cargos de tortura y asesinato. Y en octubre de 2024, Mongolia fue señalada por no detener al presidente ruso Vladímir Putin durante una visita a su país, a pesar de existir una orden de arresto similar.

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Analistas internacionales advierten que casos como el de Hungría pueden sentar precedentes peligrosos para la credibilidad de la justicia internacional.

Si los países ignoran las órdenes de arresto sin consecuencias, el sistema corre el riesgo de convertirse en simbólico”, advirtió Kevin Jon Heller, experto en derecho penal internacional del Instituto de Estudios Avanzados de Viena.

El desenlace del caso húngaro será clave para evaluar si la CPI logra reafirmar su autoridad o si, por el contrario, abre la puerta a nuevos desafíos por parte de gobiernos que optan por priorizar relaciones políticas o estratégicas por encima de sus compromisos legales.

Con información AFP.